España

El juez investiga en secreto si Villarejo hizo negocios con la monarquía de Arabia Saudí

La Audiencia Nacional da cuenta de que durante el registro de la vivienda del excomisario se hallaron "documentos oficiales del Reino de Arabia Saudí relacionados con cartas de invitación para varios empresarios españoles"

El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, investiga en secreto si el excomisario hizo negocios con la monarquía de Arabia Saudí, según consta en un auto de 24 de abril, al que ha tenido acceso Vozpópuli.

En la resolución, en la que se da cuenta de parte de la documentación que fue requisada al excomisario José Manuel Villarejo durante el registro de su domicilio habitual, se alude a la existencia de "documentos oficiales del Reino de Arabia Saudí relacionados con varias cartas de invitación para varios empresarios españoles todo lo cual pudiera afectar a otra pieza separada declarada secreta".

En el mismo sentido, el instructor da cuenta en su resolución de que la Policía ha aportado a las actuaciones la transcripción de los documentos oficiales de la República de Arabia Saudí.

Un príncipe saudí

Tal y como adelantó Público, Villarejo hizo negocios en el país árabe junto con el empresario español Joaquín Arespacochaga y con el mencionado Clemente Marcet, que fue investigado en la Audiencia Nacional por el juez Baltasar Garzón. El diario madrileño publicó varias fotografías en las que Villarejo aparece junto a los empresarios mencionados durante una reunión con el príncipe Naef Bin Fawaz Al-Shaalan, yerno del ex viceministro de Defensa saudí, y su hermano gemelo, Saud.

Villarejo

Precisamente, tal y como recoge una grabación de Rafael Redondo, el principal socio del excomisario, el exdirectivo de BBVA Antonio Béjar encargó al clan policial que investigara a Joaquín Arespacochaga, que era propietario de una vivienda de interés para Francisco González.

García-Castellón, que recuerda en el auto que las pesquisas sobre las actividades de Villarejo en el exterior se iniciaron tras la petición del letrado que ejerce la acusación popular en nombre de Podemos, Alejandro Gámez, de que se investigara al empresario José María Clemente Marcet.

Desde Líbano

Este empresario fue extraditado en 2017 desde Líbano a Francia para cumplir una condena. Las autoridades judiciales galas le habían sentenciado en 2007 a 5 años de cárcel por delitos de blanqueo de capitales del narcotráfico. Villarejo y sus policías afines le llamaban con el mote de Bambi o Scorpy, según consta en la investigación del caso Tándem por la que el excomisario lleva en prisión preventiva desde noviembre de 2017.

En España, la Fiscalía antidroga pidió el sobreseimiento de la causa contra Clemente Marcet, porque ya había sido condenado en Francia. Sobre el resto de imputados el ministerio público tampoco detectó pruebas de los delitos. Sin embargo, el juez Baltasar Garzón dictó el procesamiento de este empresario.

La Sala de lo Penal confirmó la decisión de la Fiscalía, que no veía indicios de delitos de Clemente Marcet, ya que este ya ha sido condenado en Francia. Al no haber ninguna acusación, el procesamiento que reclamó Garzón no pudo seguir adelante, por lo que la causa en España se cerró de forma definitiva.

Buscar ayuda

En una de las grabaciones de Villarejo de 2017, el excomisario anuncia su intención de buscar ayuda para que Clemente Marcet saliera de la cárcel francesa, porque ya había permanecido un año en una prisión de España y siete meses en otra de Líbano. La documentación que obra en poder de Vozpópuli pone de manifiesto que en enero de 2019 Clemente Marcet ya estaba libre (aunque la fecha de liberación podría ser anterior).

En relación a los negocios internacionales del excomisario jubilado, los agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía hallaron información sobre los supuestos negocios irregulares de Villarejo en la República Dominicana, en colaboración con Clemente Marcet.

En este sentido, el anterior instructor del caso, el juez Diego de Egea, ya anunció su intención de investigar el contenido de una documentación que Villarejo denominó "Scorpy" que supuestamente contenía pruebas de "la presunta operación de blanqueo de capitales realizada en una compraventa de terrenos en la República Dominicana".

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