El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs ha acordado el archivo de la investigación abierta a seis investigados en la causa que investiga posibles irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor.
El juzgado ha estimado la petición de las defensas y de la Fiscalía sobre seis miembros del Consejo de Administración de la mercantil Escal, concesionaria del almacén de gas subterráneo, según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
En su resolución, notificada este lunes a las partes, el juez considera que "de las investigaciones efectuadas no se infiere la existencia de participación alguna por parte de los distintos miembros del Consejo de Administración" de Escal.
Un cometido "puramente financiero"
Considera que éstos "tenían un cometido puramente financiero, desconociendo las vicisitudes y desarrollo de las actividades de inyección y de los hechos acontecidos en septiembre de 2013, no habiendo tomado ningún tipo de decisión en relación con la crisis sísmica".
El instructor mantiene la causa abierta por supuestos delitos de prevaricación administrativa y delito medioambiental contra el presidente del Consejo de Administración de Escal, Recaredo del Potro, el consejero delegado y el coordinador y director general de la compañía, sobre cuya responsabilidad no se pronuncia en este auto.
Respecto a estos tres investigados, el auto señala que "en el caso de existir cualquier tipo de responsabilidad por los hechos investigados, asumieron la misma al manifestar que las decisiones eran tomadas por ellos".
Los hechos investigados se remontan a septiembre de 2013, cuando en la fase final de puesta en funcionamiento de la plataforma Castor se produjo un incremento de la actividad sismológica de la zona en menos de un mes.
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