Un juez de Madrid ha decidido citar como investigado al director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, en relación con el presunto borrado del audio de un menor en el marco de un procedimiento de divorcio que se estaba tramitando en los juzgados de Valladolid. La titular del Juzgado de Instrucción 7 de Madrid, Susana Trujillano, adopta esta decisión en un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que corrige su decisión de inhibirse en favor de los juzgados de Valladolid al estimar el recurso de reforma interpuesto por el denunciante, el padre del menor, y que contó con el apoyo de la Fiscalía. Ambos consideraron que la competencia territorial para conocer estos hechos correspondía a los juzgados de instrucción de Madrid por estar en ese partido judicial la sede de la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia y donde se encuentran físicamente instalados los servidores que contenían dicha grabación.
Los hechos denunciados, según relata el auto, consisten en que al solicitar el padre la grabación de exploración a su hijo menor, realizada en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Valladolid en el marco de un proceso de divorcio, "comprobó que dicha grabación carecía de calidad suficiente, volviendo a solicitar la grabación para que fuera audible". Tras remitir dicha solicitud al Centro de Atención al Usuario de Justicia (CAU), dicho servicio contestó que no era posible recuperar la grabación. Tras esto, prosigue el auto, el denunciante encargó un informe pericial que fue realizado por el Laboratorio de Informática Forense Europeo, que concluyó que se había introducido "un ruido rosa cuya presencia natural en el entorno era nula". Ante esta circunstancia, el padre puso una denuncia contra el responsable de la Dirección General de Transformación Digital de Administración de Justicia, con sede en Madrid, "al entender que es la responsable de custodiar grabaciones de audio y vídeo que se celebran en vistas de los Juzgados y que es donde se pudiera haber realizado la manipulación de la grabación de la exploración del menor".
Al admitir a trámite la denuncia y la competencia para conocer estos hechos, la juez en este mismo auto hace un ofrecimiento de acciones al denunciante, al que tomará declaración, "para lo cual se señalará fecha en posterior resolución". Además acuerda la declaración en calidad de investigado del director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia en marzo de 2022 (fecha de los hechos), a la sazón Aitor Cubo, "para cuya identificación y domicilio a efecto de citaciones líbrese oficio a Ministerio de Justicia para que facilite a este juzgado de instrucción su identidad". Entre estas primeras diligencias acordadas, pide también la ratificación del informe pericial elaborado por Laboratorio de informática forense europeo y aportado con la denuncia, que el padre interpuso ante la Guardia Civil por presuntos delitos de falsedad en documento público y de obstrucción a la Justicia.
Max P. Palla
Es la mafia judicial de Oscar Puente y cía, que parece tener controlado Valladolid. Hace años un medio publicó que vivía en un pisazo de lujo comprado a precio de amigo a uno de los bancos con que se relacionaba su mujer, jueza del hipotecario de Valladolid. El antiguo propietario estaba pleiteando para recuperarlo, pero tropezaba siempre en la misma piedra. Luego están los extraños procesos que siguen las denuncias del propio Oscar y el más extraño aún de las que se presentan contra él o alguno de los miembros, como esta. Afortunadamente para el denunciante, parece que el juicio se queda en Madrid.