El 10 de julio de 1997, hacia las tres de la tarde, el hasta ese momento desconocido concejal del PP de Ermua Miguel Ángel Blanco fue secuestrado por tres integrantes de la banda terrorista ETA. La terrorista Irantzu Gallastegi Sodupe, alias Amaya, abordó al joven justo tras bajarse del tren en el que se desplazaba para ir a trabajar, y fue conducido hasta un coche en el que aguardaban sus dos compañeros del comando Guipúzcoa: Francisco Javier García Gaztelu, Txapote; y José Luis Geresta Mujika, Oker.
Apenas unos minutos después y tras conocerse el rapto, el Ministerio del Interior, entonces encabezado por Jaime Mayor Oreja, y los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, iniciaron una búsqueda a contrarreloj del edil, un joven licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco que trabajaba en la empresa Eman Consulting, situada en la localidad vecina de Éibar.
Tal y como consta en la sentencia de 2007 del asesinato de Miguel Ángel Blanco, de forma inmediata, el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular era Manuel García-Castellón, que recientemente se ha reincorporado al puesto en sustitución de Eloy Velasco, abrió unas diligencias tras recibir un fax de la Ertzaintza en el que se confirmaba el secuestro de un concejal del PP de Ermua, tal y como se había informado de forma telefónica a la radio Egin Irratia.
En esa llamada, siempre según la sentencia de la Audiencia Nacional, un portavoz de la banda terrorista ETA dio un plazo de 48 horas, que expiraba a las 16:00 horas del 12 de julio, para que el Gobierno, entonces encabezado por José María Aznar, acercara al País Vasco a los más de 400 presos de la organización criminal que estaban recluidos por las diferentes cárceles españolas.
"Un plazo imposible de cumplir"
"Un plazo que era imposible de cumplir", reconocen los investigadores, que explican a Vozpópuli cómo vivieron las 48 horas que desembocaron en la ejecución de un edil, que no pudo cumplir los 30 años.
Si no se cedía al chantaje terrorista, que los jueces consideraban imposible de cumplir, los secuestradores, que recibían órdenes de la cúpula de ETA entonces encabezada por José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri, amenazaban con ejecutar a Miguel Ángel Blanco.
El propio Eloy Velasco procesó en 2016 a Kantauri por ordenar a los terroristas bajo sus órdenes "poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP, dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi". En el auto de procesamiento, de 31 de marzo de 2016, el magistrado concluye que "quien ordenó tal muerte fue José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri", que está a la espera de juicio.
Contrarreloj de 48 horas
Sin embargo, en esas primeras horas del secuestro, el juez García-Castellón, el fiscal y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado iniciaron una contrarreloj de 48 horas, que iniciaban de forma muy escéptica, ya que desde un principio el Gobierno se negó a ceder al chantaje terrorista, decisión que contó con el apoyo de toda la oposición.
El magistrado, que 20 años después ha vuelto a su plaza en la Audiencia Nacional, se trasladó de inmediato en un avión militar a la comisaría de la Ertzaintza en Deusto (Bilbao), lugar que utilizó como centro de operaciones durante las siguientes horas, hasta que se encontró moribundo a Miguel Ángel Blanco.
García-Castellón, según explican fuentes conocedoras de la investigación judicial, apenas abandonó la comisaría en una ocasión, que aprovechó para visitar a la familia del concejal, muy especialmente al padre Miguel Blanco, que trabajaba de albañil, y que había denunciado ante la Ertzaintza la desaparición de su hijo.
Las mismas fuentes destacan en esa visita la fortaleza de este hombre, que mostraba una gran calma, pese a que era consciente de que en unas horas su hijo podría fallecer víctima de un disparo a quemarropa.
Atutxa, "muy humano"
El juez también recuerda, explican otras fuentes conocedoras de la investigación judicial del secuestro de Miguel Ángel Blanco, la ayuda que recibió por parte del consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan Maria Atutxa, que "se volcó con todo tipo de ayuda", al mismo tiempo que mostró un trato "muy humano".
Todavía hoy se desconoce el lugar exacto en el que permaneció Blanco hasta su ejecución, aunque la sentencia de la Audiencia Nacional de 2007 especifica que los secuestradores introdujeron al concejal del PP en el portamaletas de un vehículo, para después trasladarle hacía una zona despoblada de la localidad de Lasarte (Guipúzcoa), donde fue ejecutado.
"Levantamos todas las tejas que pudimos", han asegurado los investigadores que rememoran el secuestro: "Fue horrible. Jamás lo olvidaré"
Sin embargo, en ese momento, ni el juez García-Castellón ni la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza disponían de esa información. "Levantamos todas las tejas que pudimos", han asegurado los investigadores a Vozpópuli, que de esta forma tan gráfica explican que trataron de encontrar a Blanco en diferentes viviendas. Además, al recordar los hechos de hace 20 años, rememoran: "Fue horrible, me acuerdo como si fuera ayer. Jamás lo olvidaré".
Ante la premura de tiempo para conseguir salvar la vida de Blanco, el juez se empeñó en lograr que todas las fuerzas policiales, que entonces hacían gala de su rivalidad, se coordinaran en la búsqueda. Y en esas escasas horas, los agentes lograron apenas unas pistas de los confidentes policiales, que abrieron líneas de investigación que no consiguieron dar con el objetivo.
Durante esas 48 horas en las que ni el juez García-Castellón ni el resto de investigadores pudieron conciliar el sueño durante cuatro horas seguidas, tampoco tuvieron éxito las informaciones obtenidas de forma anónima: "No dieron ningún resultado, y apenas teníamos tiempo, ya que el Gobierno dijo desde un principio que no iba a negociar nada", resaltan los investigadores, que vieron con impotencia cómo el reloj del ultimátum de los asesinos corría de forma inexorable.
Las manos atadas
Sobre las 16,40 horas del sábado, transcurridas las 48 horas, fue localizado por dos hombres que paseaban con unos perros, en una pista forestal del barrio de Azobaka de la población de Lasarte (Guipúzcoa), el cuerpo, aún con vida, de Miguel Ángel Blanco Garrido, que según la sentencia de 2007 "se encontraba boca abajo, con las manos atadas en la parte delantera del cuerpo con un cable eléctrico".
El joven edil del PP tenía dos heridas en la cabeza, "producidas por dos disparos de arma de fuego a corta distancia, que habían efectuado los procesados con la intención de causarle la muerte, con una pistola Beretta del calibre 22 Long Rifle, encontrándose la víctima en posición de absoluta indefensión".
El periodista de El País José Luis Barbería, en un artículo publicado con motivo del décimo aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco, reconstruye así la ejecución: "El calvario imaginado se confirmó enseguida, a la vista de las uñas ensangrentadas y de la acusada deshidratación de la víctima. Porque Miguel Ángel Blanco exudó enormemente durante su secuestro, sudó lágrimas, pero, sobre todo, sudó el miedo y la angustia del que se sabe condenado a muerte".
A corta distancia
Los hechos probados de la sentencia de 2007 ponen nombre a los ejecutores del crimen: "Una vez allí, mientras el último de los reseñados [José Luis Geresta Mujika] sujeta a Miguel Ángel Blanco, el cual se encontraba con las manos atadas, Francisco Javier García Gaztelu le dispara dos tiros a corta distancia en la cabeza, el segundo de los cuales le produjo heridas mortales. Mientras, la procesada Irantzu Gallastegui Sodupe se encontraba en el interior del vehículo en el que habían trasladado a la víctima".
Miguel Ángel Blanco fue trasladado a la Residencia Sanitaria Nuestra Señora de Aránzazu, en San Sebastián, lugar en el que falleció hacia las tres de la mañana del día siguiente, domingo, aunque su defunción no fue certificada hasta las cinco de la mañana.
El arma, a escasos centímetros
La autopsia reveló que aunque la boca del arma "no se encontraba en contacto con la piel en el momento del disparo, sí estuvo a muy escasos centímetros".
El periodista José Luis Barbería concluye su reportaje de 2007 con un pasaje del juicio, en el que el fiscal preguntó a unos de los médicos: "¿Estaba consciente la víctima cuando recibió el segundo tiro?". "Entendiendo la consciencia como un estado de alerta, sí", contestaron.
"Con el primer disparo, Miguel Ángel Blanco perdió el equilibrio e hincó sus rodillas en tierra, pero continuó erguido. Seguramente, también él intentó echarse las manos a la cabeza o levantarlas al cielo implorando clemencia, mientras esperaba el tiro de gracia. Durante el juicio, la madre de Miguel Ángel Blanco no pudo apartar la vista de las manos del asesino", concluye la información del periodista de El País que ha obtenido el premio Miguel Ángel Blanco, y que definió la ejecución del edil como "un asesinato a cámara lenta, que provocó el llanto y la catarsis ciudadana".
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