El juez que investiga la financiación de Podemos rechaza investigar el conocimiento que tenía el actual vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias sobre las presuntas irregularidades que han ido aflorando en su partido. El magistrado del llamado caso Neurona, Juan José Escalonilla, denegó que se aportase a la causa un documento que la exabogada del partido mandó a Iglesias informando de sus pesquisas poco antes de que la cesaran.
Este rechazo viene recogido en un auto dictado por el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid al que ha tenido acceso Vozpópuli. Respondía a una serie de peticiones de Vox, que ejerce la acusación popular en la investigación. Una de ellas era pedir a la exabogada Mónica Carmona que aportase la alerta que le trasladó a Iglesias vía Telegram a finales de 2019.
“No procede requerir a dicha testigo la presentación del mensaje del chat de Telegram o del sistema que hubiera utilizado, remitido presuntamente a Pablo Iglesias Turrión al ser ajeno al presente procedimiento”, dice el magistrado. En este auto en cambio sí que accedía a pedir algunos de los documentos que han marcado la actualidad del caso en las últimas semanas, como los expedientes de la exabogada. Esta documentación le ha valido a la Fiscalía para pedir una pieza separada para investigar si el matrimonio Iglesias Montero usó una asesora del partido como niñera, entre otras cosas.
Una serie de irregularidades graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional
Vozpópuli tuvo acceso a aquel mensaje de Telegram enviado al líder de Podemos el 4 de diciembre de 2019. La formación acababa de cesar al letrado Manuel Calvente y ella sentía que iba a ser la siguiente. Informó al futuro vicepresidente de España que todo era fruto de represalias por investigar irregularidades internas. En el mensaje enviado a Iglesias, insistía en que eran objeto de "una represalia por haber detectado una serie de irregularidades graves que podrían comprometer seriamente al partido como entidad jurídica desde un punto de vista penal, administrativo y reputacional".
Pero Iglesias no impidió su salida. No consta siquiera que contestara al aviso o adoptase alguna decisión. Argumentó el cese de Calvente acusándole de haber incurrido en un acoso de género a una compañera, algo que acabó archivando la Justicia y él siendo indemnizado por despido improcedente. Carmona siguió el rumbo de su compañero que poco después acudió a un juzgado a denunciar todo lo que habían detectado. Ese fue el origen del llamado caso Neurona en el que está imputado el partido y varios altos cargos de la formación de estrecha confianza del vicepresidente como su secretario de Comunicación, Juan Manuel del Olmo o el cofundador Juan Carlos Monedero.
Confirmó el aviso ante el juez
Mónica Carmona, cuyo cargo era el de Responsable de Cumplimiento Normativo, declaró como testigo ante el juez Escalonilla en octubre tras recuperarse de una baja médica. En el Juzgado reiteró que avisó de las irregularidades a Iglesias: "Ya la última opción que me quedó fue enviarle un Telegram al secretario general, Pablo Iglesias, informándole de todo esto y, cuando yo vi que en ese Telegram aparecían los dos simbolitos de que había sido leído y habían transcurrido dos horas y nadie del partido había contactado conmigo para pedirme una explicación, es cuando decido enviarlo a todos los consejeros del Consejo Ciudadano Estatal, porque eran los que tenían que aprobar mi cese".
Por esa razón Vox quiere que se aporte el mensaje y sus metadatos. Pero el juez lo rechaza, aunque sí ha pedido a Podemos, investigado en la causa, documentación adicional cuyo contenido todavía no ha trascendido. Tiene que ver con los presupuestos del partido, otro correo que Carmona envío a la Gerencia de Podemos o los expedientes de su exabogada que obren en poder de la formación morada. “Si procede en cuanto a diligencia hábil, requerir al Consejo de Coordinación de Podemos para que aporte el acta en el que se aprueban los presupuestos del año 2019”, dice Escalonilla.
Durante la declaración en el Juzgado de José Manuel Calvente como denunciante, Podemos alegó que el partido decidió en 2019 prorrogar los presupuestos del año anterior. Aprobaron una cuentas para los meses de enero, febrero, marzo y abril. Calvente advirtió que él desconocía esas cuentas y en todo caso eso era una práctica ilegal. Vozpópuli tuvo acceso a ese documento, que se aprobó el 2 de marzo, cinco días después de que se redactara el borrador del primer contrato a Neurona a la que se le pagaron 363.000 euros por unos trabajos que el juez investiga ante las dudas sobre si se prestaron realmente. La consultora todavía no había sido registrada.
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