Harriet Iragi Gurrutxaga, condenado a 128 años de prisión por su participación en los asesinatos de Luis Portero, fiscal jefe de Andalucía; Antonio Muñoz Cariñanos, médico y coronel del Ejército; y José María Martín Carpena, concejal del Partido Popular en Málaga, ha sido beneficiado por la concesión del tercer grado. Al mismo tiempo, Luis Mariñelarena, condenado por el atentado con coche bomba que acabó con la vida del vicelehendakari Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza, también ha recibido este beneficio.
Ambos casos han sido calificados por los colectivos de víctimas como un grave retroceso en la lucha contra el terrorismo de ETA, que durante más de cinco décadas sembró el terror en España, cobrando la vida de más de 850 personas. La medida, concedida por el Gobierno vasco, ha sido criticada por asociaciones como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco (Covite) y Dignidad y Justicia, que la ven como una injusticia y un golpe moral para los familiares de las víctimas.
En particular, Daniel Portero, hijo de Luis Portero y presidente de Dignidad y Justicia, ha mostrado su decepción con el Estado de Derecho español, calificando la medida de “traición” y “cesión ante los herederos del terror”. Una situación que se asemeja a la de Manuel Giménez Abad, presidente del Partido Popular en Aragón y senador, asesinado el 6 de mayo de 2001 mientras paseaba con su hijo por las calles de Zaragoza. Este último se convirtió en un testigo fundamental del crimen, aunque hasta hoy sigue sin haber una condena firme contra los autores materiales del atentado.
La situación actual de los excarcelados de ETA
Harriet Iragi Gurrutxaga fue condenado a 128 años de prisión por su implicación en tres asesinatos que sacudieron profundamente España en el año 2000. El 9 de octubre de ese año, Iragi, junto con Jon Igor Solana, asesinó al fiscal jefe de Andalucía, Luis Portero, a las puertas de su casa en Granada. Solo una semana después, el mismo comando etarra, liderado por Iragi y Solana, acabó con la vida del coronel del Ejército Antonio Muñoz Cariñanos en Sevilla, disparándole a quemarropa en su consulta médica. Y tres meses antes, el 15 de julio, ambos terroristas ya habían asesinado al concejal del Partido Popular José María Martín Carpena en Málaga, disparándole seis veces delante de su esposa y su hija.
Tras 24 años en prisión, y gracias a la concesión del tercer grado, Harriet Iragi podrá disfrutar de un régimen de semilibertad que le permite salir de la cárcel durante el día y regresar solo para dormir. Esta medida ha provocado la indignación de las víctimas, quienes consideran que no ha mostrado ningún arrepentimiento ni ha colaborado con la Justicia para esclarecer otros crímenes. Además, desde Covite aseguran que sigue vinculado al entorno de la izquierda abertzale.
Luis Mariñelarena: el asesino del vicelehendakari Buesa, en semilibertad
Por su parte, Luis Mariñelarena fue condenado por el atentado con coche bomba que acabó con la vida de Fernando Buesa, histórico dirigente del Partido Socialista de Euskadi y vicelehendakari del Gobierno vasco, y su escolta Jorge Díez Elorza. Este atentado, que tuvo lugar el 22 de febrero de 2000 en Vitoria, dejó una profunda huella en la sociedad vasca, especialmente en el ámbito político, donde Fernando Buesa era una figura emblemática por su lucha contra el terrorismo y su firmeza en la defensa de la democracia.
A pesar de la gravedad de sus crímenes, como otros exjefes de ETA, Mariñelarena también ha recibido el tercer grado, lo que le permite salir de prisión durante el día. Al igual que en el caso de Iragi, Covite ha denunciado que el terrorista no ha mostrado arrepentimiento alguno y sigue vinculado a grupos afines a la izquierda abertzale. Además, familiares de Buesa han criticado duramente la falta de información sobre la concesión del tercer grado y consideran "que se ha tratado de una decisión política más que judicial".
Daniel Portero: “Ni olvido ni perdono”
Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia e hijo de Luis Portero, ha sido una de las voces más críticas con la concesión del tercer grado a Harriet Iragi. Portero se siente "decepcionado con el Estado de Derecho", asegurando que “el PSOE ha puesto en libertad a los asesinos materiales de mi padre después de 23 años de cárcel y 3 asesinatos”. Además, señaló que su indignación no solo se dirige hacia los terroristas, sino también hacia "el Gobierno vasco y el partido socialista, que ha permitido esta medida de gracia".
“Me duele en el alma que un partido que ha sufrido tanto el terrorismo en el País Vasco se pliegue ahora a los intereses de Bildu para conseguir un puñado de votos. No perdonaré ni olvidaré esta traición”, afirmó Portero. Además, Portero asegura que no duda en cargar duramente contra los responsables de la decisión a través de las redes sociales, denunciando lo que considera "un uso político de las víctimas del terrorismo para conseguir apoyos parlamentarios".
Giménez Abad y la falta de pruebas
En el 2020, la Fiscalía solicitó el archivo del caso al no encontrar pruebas concluyentes contra Mikel Carrera Sarobe, alias "Ata", quien fue procesado como el presunto autor del asesinato, pero posteriormente fue absuelto por falta de pruebas suficientes.
Para la familia de Giménez Abad, esta falta de resolución es especialmente dolorosa. En múltiples declaraciones, su hijo ha reiterado su frustración por la falta de avances significativos en la investigación y ha lamentado la ineficacia de las instituciones en su caso. La impunidad en la que permanece el crimen ha dejado una herida abierta no solo en su familia, sino también en el panorama político español, donde figuras de su partido y otros partidos siguen recordando a Giménez Abad como una víctima más de la barbarie etarra, pero también como un símbolo de la justicia pendiente.
Covite: “No están arrepentidos”
Desde Covite, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el País Vasco, su presidenta Consuelo Ordóñez, ha pedido a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra los terceros grados concedidos a Harriet Iragi y Luis Mariñelarena. “No se puede estar con Sortu o Bildu y estar arrepentido. Estos terroristas siguen vinculados a la izquierda abertzale y no han mostrado ni el más mínimo signo de arrepentimiento”, aseguró Ordóñez en un comunicado.
Covite considera que la decisión del Gobierno vasco de otorgar el tercer grado a estos dos etarras es una continuación de lo que consideran una política “fraudulenta” del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en materia penitenciaria. “Reclamamos a la Fiscalía que actúe en defensa de las víctimas y de la justicia. No podemos permitir que estos asesinos, que no han colaborado con la Justicia ni han pedido perdón, vuelvan a las calles como si nada”, añadió.
La consejera de Justicia del Gobierno vasco, María Jesús San José, ha sido el foco de gran parte de las críticas por la concesión del tercer grado a Harriet Iragi y Luis Mariñelarena. La consejera socialista ha defendido que la medida cumple con los requisitos legales y está avalada por la autoridad judicial, aunque ha insistido en que no se hace distinción entre los presos de ETA y otros reclusos. Sin embargo, las declaraciones de San José no han sido suficientes para calmar el malestar entre las víctimas y sus familias.
Mikel Buesa, hermano de Fernando Buesa, ha criticado la medida, señalando que se trata de un “acto político” destinado a satisfacer a EH Bildu, a quienes calificó como “herederos de ETA”. “Esto no es una cuestión judicial, es una decisión política para lanzar un mensaje de que, a partir de ahora, todos los presos de ETA podrán salir a la calle mientras el Gobierno necesite el apoyo de Bildu en el Congreso”, aseguró Buesa.
Por su parte, la Junta de Andalucía, a través de su consejera de Hacienda, Carolina España, calificó la medida como parte de la política de “presos por presupuesto” del Gobierno de Pedro Sánchez. “Esto ya lo vimos en 2021, cuando Bildu condicionó su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado a la excarcelación de presos etarras. Es la debilidad de un Gobierno que cede permanentemente al chantaje del independentismo y del terrorismo”, afirmó España.
Mikel Buesa: "Esto no es nuevo"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tratado de esquivar la polémica una vez más, asegurando que las decisiones de concesión del tercer grado a estos etarras están avaladas por la autoridad judicial y cumplen con la legalidad vigente.
En este caso, la falta de arrepentimiento de los terroristas y su supuesta vinculación a la izquierda abertzale han reforzado el argumento de aquellos que ven estas medidas como una traición a la memoria de las víctimas.
Para Mikel Buesa, hermano de Fernando Buesa, este proceso de concesión de terceros grados es “un proceso que se ha ido gestando lentamente y forma parte de una estrategia política que comenzó hace muchos años, cuando el Partido Socialista empezó a negociar con el entorno de ETA. Esto no es nuevo. Lo que está ocurriendo ahora es la culminación de una política que comenzó con el Gobierno de Zapatero y que ha seguido su curso con Sánchez”, afirmó Buesa.
