El anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual se encuentra paralizado. Antes de la pandemia del coronavirus, esta ley supuso la primera crisis del Gobierno de coalición. El Ejecutivo ha ordenado a los órganos consultivos, encargados de elaborar informes sobre su contenido, retirar la petición de estudio que se formuló hace un mes.
Según una nota firmada por el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero, esta solicitud ha sido confirmada para poder remitir una versión "más acabada del texto", que sea más amplia e incluya "el criterio y las observaciones de otros ministerios" ajenos al de Igualdad. La iniciativa legislativa más destacable del departamento de Irene Montero sufrirá modificaciones, pero sigue adelante.
Según informa 'El Confidencial', fuentes del Ministerio de Igualdad atribuyen este paso dado por el departamento de Juan Carlos Campo a un "error humano" de uno de los cargos de Justicia que, según explican, remitió el texto del anteproyecto que fue aprobado en marzo el pasado 14 de julio al Consejo Fiscal y al Consejo General del Poder Judicial. En aquel momento, la ley aún no estaba completa, pues se encontraba a falta de las aportaciones de las secretarías técnicas de diferentes departamentos, cuyo trámite se realiza antes de la aprobación del texto y no posteriormente.
"Problemas de coordinación"
"No se retira la ley de ningún sitio, simplemente se equivocan al enviarlo", destaca el Ministerio de Igualdad. Justicia se defiende y explica que la decisión de retirar el texto ha sido debido a un "problema de coordinación" con el departamento de Montero, pues entendió que esa tramitación ya estaba hecha por parte de Igualdad.
"Se trata de un malentendido sin transcendencia práctica: cuando se complete por Igualdad la tramitación con los informes de los demás ministerios, se volverá a reiterar la petición de informe a CGPJ y Consejo Fiscal, que es la petición que se ha retirado por una mera cuestión de orden procedimental, y no de fondo", según el digital.
Aprobada antes del 8-M
El anteproyecto fue aprobado el 3 de marzo, días antes de la celebración del Día Internacional de la Mujer, el 8-M. Igualdad insistió aprobarla 'in extremis' y esto generó tensiones en el Ejecutivo.
Por su parte, Justicia elaboró un informe que explicaba las inconsistencias técnicas de la iniciativa legislativa, a lo que los de Montero interpretaron como una declaración para cancelarla. Ante la actuación del departamento de Juan Carlos Campo, Pablo Iglesias declaró que había "mucho machista frustrado".
¿Cómo es el procedimiento de aprobación?
Tras la aprobación de un anteproyecto de ley orgánica debe ser examinada su redacción, por lo que, lo habitual es remitir el texto al Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal, quienes también deben dar su criterio. De esta manera, se pretenden solventar carencias y enriquecer las iniciativas legislativas, para evitar que durante el proceso en las cámaras legislativas -Congreso y Senado- las leyes sufran cambios significantes. En este caso, el proceso no ha llegado a iniciarse y el texto definitivo se espera que esté listo en el mes de septiembre.
El trámite habitual en la elaboración de leyes implica que el Ministerio que impulsa la iniciativa tiene que dar un margen de tiempo óptimo, para que homólogos de otras carteras lo examinen, y si ven defectos, los reporten para su corrección. La insistencia para el anteproyecto fuera aprobado antes del 8-M, hizo casi imposible que los ministerios pudieran analizar la propuesta de norma. Hasta una hora antes el ministerio de Igualdad estuvo presentando borradores de la iniciativa, a lo que adolecía de problemas técnicos.
Penas menores por agresiones sexuales
El texto incluía penas menores a las vigentes para los nuevos delitos de agresión sexual y violación. Esto levantó la inquitud de jueces y fiscales, y por otro lado, afectaría a condenas en casos como el de la Manada. El texto acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual. Las violaciones se castigaban con una pena de cuatro a 10 años. En el caso de una agravante podía llegar a los 12 años y hasta los 15 cuando había dos. Toda violación sin consentimiento será considerada una violación, aunque el uso del término es simbólico, aunque en la práctica se preveían penas menores a las actuales.
Se trataba de "una norma programática" que no contenía "proposiciones imperativas" ni establecía "mecanismos suficientes para asegurar su aplicación".
Otro de los problemas era el carácter "sociológico" o "político" del texto, que no corresponde con el de uno legal. Por otro lado, se trataba de modificar la jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo sobre asuntos como la valoración del acoso. Hasta el momento, suponía una perturbación grave de la vida de la víctima. En cambio, ahora se castigará al que acose "de forma insistente y reiterada" de modo que altere "de cualquier modo" el desarrollo de la vida de la víctima. Supondrá una pena de cárcel de tres meses a dos años.
Las penas sobre la prisión permanente revisable fue otra de las inconsistencias. El borrador propone eliminarla en los casos que se combina la agresión sexual con el asesino y favorece la impisición de esta pena. Si además del atentado a la libertad sexual se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, integridad moral o bienes de la víctima, "se castigarán los hechos separadamente con la pena que les corresponda por los delitos cometidos".
El Ministerio de Justicia criticaba la ley propuesta a lo largo de casi 30 páginas. Se trataba de "una norma programática" que no contenía "proposiciones imperativas" ni establecía "mecanismos suficientes para asegurar su aplicación".
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