La Sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares ha acogido este lunes la primera vista del macrojuicio contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco y otras 47 personas por su presunta relación con la ‘operación Mito’. En el banquillo de los acusados una cara conocida, la del abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, para quien la Fiscalía pide nueve años y nueve meses de cárcel por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de falsedad documental.
Precisamente, el letrado chileno se ha convertido en uno de los protagonistas de la jornada. Desde Barcelona se ha desplazado gran parte de la cúpula de Junts para mostrar su apoyo al abogado del expresidente catalán, al considerar que la acusación contra Boye responde a “un juicio político” por su relación con Puigdemont.
Así lo ha comentado a la entrada de la sede judicial el portavoz de la formación independentista Josep Ruis, escoltado por figuras como Miriam Nogueras, Laura Borrás, Quim Torra, Jordi Turull o Josep María Cruset, entre otros. Por su parte, Gonzalo Boye ha llegado escoltado por un grupo de letrados que mostraban su apoyo a su compañero de profesión con una pancarta con el lema “Never surrender”.
En la Sala de vistas, la expectación era máxima; en el aire, la continuidad del juicio. La defensa de varios de los acusados ha solicitado la suspensión de la vista oral tras tener constancia de la imposibilidad de comparecencia de uno de los imputados, José Manuel Costa. El investigado se encuentra cumpliendo una pena de prisión en Senegal, lo que a juicio de las defensas su no comparecencia en Sala atenta contra la igualdad de armas del resto de acusados.
Finalmente, el tribunal ha rechazado la petición y ha decidido continuar con el juicio tal y como estaba previsto. El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, ha detallado que el hecho de solicitar la apertura de un expediente de extradición, sobre el cual no hay garantías de que fuese a llegar a buen término, sería un proceso “interminable”.
Presunta vinculación de Boye
Tras la decisión del tribunal de continuar con la celebración de la vista, ha llegado el turno de las primeras testificales. En primer lugar, ha declarado, como testigo protegido, el inspector jefe de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Policía Nacional quien ha centrado su declaración en detallar cuál era la estructura de la presunta organización criminal dirigida por Sito Miñanco, al que ha descrito como "un gran líder", "muy tenaz" en su trabajo y que quería estar pendiente de todo aquello que ocurría dentro de la red.
El agente de la UDYCO ha declarado que "sin ninguna duda" el dinero incautado en el Aeropuerto de Barajas "es de José Ramón", es decir, de Sito Miñanco. A esta conclusión llega, después de dirigir una investigación en la que la comunicaciones intervenidas a varios de los investigados mostraron como varios de los acusados y sus abogados trataron de justificar fondos de origen ilícito con la elaboración "documentación falsa" que permitiese justificar dichos fondos.
Según la declaración del inspector jefe, la persona encargada de justificar dichos fondos era el abogado de Cales Puigdemont. "La persona que ellos contactaron y con quien hablaban, el encargado de dirigir cómo justificar el tema del dinero era el señor Boye", ha declarado el instructor. El agente se ha referido a la presunta implicación de Boye en un intento de blanquear 889.620 euros incautados a la red en el Aeropuerto de Barajas en una maleta con destino Colombia.
El Ministerio Fiscal sostiene que Boye elaboró documentación falsa y varios contratos de compraventa para ocultar el origen ilegal del dinero. En consecuencia, la Fiscalía pide nueve años y nueve meses de cárcel para el letrado chileno por un presunto delito de blanqueo de capitales y otro de falsedad documental.
Boye arremete contra la Fiscalía
Por su parte, el abogado Gonzalo Boye ha defendido su inocencia ante los medios a su salida de los juzgados. El letrado chileno ha arremetido contra la acusación del Ministerio Fiscal al considerar que los documentos requisados en los registros de sus dechacho, así como las comunicaciones intervenidas por la Policía y que obran en la causa responden a comunicaciones "abogado-cliente", y que, por tanto, deberían estar fuera del procedimiento.
"Estamos, insisto, ante una acusación totalmente especulativa. Frente a eso, nosotros hemos aportado, y hoy se han admitido más pruebas objetivas, científicas, técnicas, que demuestran que los hechos no son como ha planteado el Ministerio Fiscal, que sostiene su acusación en el fondo con base en una única prueba, un presunto asesino que cambió su declaración a cambio de salir en libertad", ha añadido.
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