La causa contra cuatro jefes de ETA por ordenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco encara su recta final. El magistrado que investiga a la cúpula de la banda terrorista por su autoría intelectual en el secuestro y asesinato del concejal de Ermua se prepara para dar el primer paso para enviar al banquillo a los imputados, si bien todavía permanece a la espera de que Francia entregue por estos hechos a María Soledad Iparraguirre, alias 'Anboto'.
Según confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, el procedimiento encara su recta final y marca la senda a las otras causas abiertas en la Audiencia Nacional también contra dirigentes de ETA por la autoría mediata de los atentados más sangrientos de la banda. En este caso, el magistrado Manuel García Castellón abrió diligencias el año pasado a tenor de una querella de Dignidad y Justicia en la que solicitaba actuar contra los jefes de ETA en julio de 1997, fecha en que se cometió el atentado.
La causa se ha seguido contra José Javier Arizcuren Ruiz 'Kantauri'; Ignacio Gracia Arregui 'Iñaki de Rentería'; María Soledad Iparraguirre 'Anboto' y Miguel Albisu 'Mikel Antza'. El magistrado actuó contra los que fueran miembros del comité ejecutivo de ETA toda vez que incorporó un informe de la Guardia Civil que les señaló como los jefes de ETA que dieron las órdenes precisas de secuestrar y asesinar a Miguel Ángel Blanco. Aunque en un principio se declaró prescrita la responsabilidad para Iñaki de Rentería, se le mantiene imputado a falta de que la Sala se pronuncie sobre este asunto al término de la instrucción.
Pendientes de Francia
Durante estos meses de investigación el magistrado citó a declarar a los imputados para interrogarles por su responsabilidad en el que fuera uno de los atentados más crueles de la banda. Los primeros en comparecer fueron Mikel Antza (el único que acudió en persona a la Audiencia Nacional) y Anboto, la cual participó desde la prisión de Ávila. Tras ellos lo hicieron Iñaki de Rentería y finalmente Kantauri. Ninguno accedió a declarar.
Antza alegó que ya había sido juzgado y condenado en Francia por pertenencia a organización criminal, mientras que el resto apeló al principio de especialidad; esto es, a que el país galo no les había entregado por estos hechos. Por ese motivo el magistrado García Castellón -que fue el mismo que abrió diligencias en 1997 tras el secuestro del concejal- envió una orden de detención europea a Francia para que autorizara el procesamiento de 'Anboto'.
Los jefes de ETA investigados por el asesinato de Blanco se negaron a declarar. Tres de ellos apelaron al principio de especialidad, motivo el cual se tuvo que pedir a Francia la entrega de Kantauri y Anboto por este asesinato
Se trata de un trámite de obligado cumplimiento ya que la etarra (que en el momento de los hechos era la responsable de los comandos legales de ETA) fue detenida en Francia en 2004 por otros hechos. Así pues, al querer juzgarla específicamente por ordenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, se hacía preciso solicitar al país vecino su entrega y que éste lo autorice.
Las fuentes consultadas por este medio explican que Francia todavía no se ha pronunciado sobre esta exjefa de ETA. El juzgado tiene en su mano aguardar a la respuesta de la Orden Europea de Detención (OED) o bien proceder contra los otros líderes imputados en el procedimiento. Máxime porque esta misma semana pasada el Tribunal de Apelación de París ha autorizado a España para que juzgue a Kantauri por este atentado.
Los testigos protegidos
Además de esta entrega, que permite ya juzgarle por estos hechos, la causa ha sumado recientemente unos testimonios determinantes para la causa. Se trata de las declaraciones prestadas por dos etarras confesos que por primera vez han comparecido delante de la Guardia Civil y en la Audiencia Nacional para contar los detalles de cómo operaban, así como de dónde salían las órdenes que obedecían los comandos.
Los dos arrepentidos, a los que se les ha otorgado la condición de testigos protegidos, declararon en el marco del procedimiento abierto en la Audiencia Nacional por el asesinato del también edil popular Gregorio Ordóñez. Los testigos -identificados como 001 y 002, pertenecieron a comandos de ETA; uno durante la década de los ochenta y otro desde 1993 hasta su detención en 2001. Ambos confesaron que actuaban "de manera libre y voluntaria" y porque estaban "en desacuerdo con todo lo que hizo la organización".
Según indicaron, la cúpula de ETA planificó el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. "Bajo mi punto de vista yo pienso que el comité ejecutivo podía haber evitado su asesinato. Prácticamente estaba sentenciado desde su secuestro", expuso uno de ellos, según confirman fuentes de la investigación a este medio. Del mismo modo apuntaron que ETA era una estructura jerarquizada y que "las órdenes de comisión de los atentados procedían del comité ejecutivo".
Dos etarras arrepentidos declararon como testigos protegidos en la Audiencia Nacional que los comandos seguían instrucciones de la cúpula en sus actuaciones y que Miguel Ángel Blanco estaba sentenciado desde su secuestro
"Nos entregaban el material mediante un enlace, cita que había sido previamente concertada a través de mi responsable en Francia", explicó uno de ellos. Según recalcó, los comandos de ETA necesitaban autorización para realizar atentados contra "traficantes de drogas" pero no contra guardias civiles base o policías, ya que estos últimos eran considerados por ETA como "objetivos permanentes".
Del mismo modo pusieron sobre la mesa doce nombres de jefes de ETA, en función de las épocas de la banda. El primero de los etarras confesos apuntó a históricos como Santiago Arróspide 'Santi Potros'; José Javier Zabaleta 'Baldo'; Francisco Múgica 'Pakito', Eugenio Etxebeste Arizkuren 'Antxon' o Domingo Iturbe Abasalo 'Txomin'.
El segundo señaló a los últimos dirigentes de la organización terrorista. Se trata de 'Kantauri'; 'Iñaki de Rentería'; 'Anboto'; 'Mikel Antza'; Javier García Gaztelu 'Txapote' (el etarra que cometió materialmente el asesinato de Blanco) y Julián Achurra Egurola, alias 'Pototo'. Se trata de los mismos que ahora figuran imputados en las diligencias por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, las cuáles acaban de incorporar al sumario estos dos testimonios de gran relevancia para la investigación.
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