España

¿Tú también, Ciutadans? El TSJC investiga al diputado Jordi Cañas por fraude fiscal

El diputado en el Parlamento de Cataluña estaría relacionado con un fraude fiscal de 429.203 euros en 2005, según las diligencias que ha abierto la sala civil y penal del TSJC.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) investiga al diputado de Ciutadans en el Parlament Jordi Cañas por un delito contra la Hacienda Pública, por su supuesta relación con un fraude fiscal de 429.203 euros, informa Efe. En un auto, la sala civil y penal del TSJC acuerda abrir diligencias contra Cañas, por sus "relaciones personales y profesionales" con un entramado societario que defraudó a Hacienda en la declaración del impuesto de sociedades del ejercicio 2005.

En opinión de la sala, existen indicios de que Cañas "participó en el entramado societario y en la defraudación tributaria del impuesto de sociedades", al desempeñar cargos de administrador en sociedades del grupo y haber girado una factura supuestamente falsa, con lo que su actuación "devenía necesaria" para la evasión fiscal.

La investigación se deriva de una querella presentada por la Fiscalía contra Cañas y otras diez personas vinculadas a la sociedad Inma & Marc Habitatges S.L., que habría defraudado a Hacienda mediante facturas falsas vinculadas a empresas del Grupo Corbelia, en las que supuestamente participaba el diputado, y a través del aumento fraudulento del precio de adquisición de un inmueble. El resto de querellados han declarado ya en calidad de imputados ante el juzgado de instrucción número 19 de Barcelona, que investiga la querella y resolvió remitir la causa al TSJC por afectar al aforado Jordi Cañas.

Renunciar al escaño

Después de conocerse la investigación, Cañas ha anunciado en rueda de prensa que renunciará a su escaño si el TSJC formula una acusación sobre él. En caso de formalizarse esta acusación, tampoco formará parte de las listas electorales "mientras esté involucrado en este tema".

"Intentaré que el tema se resuelva con la mayor celeridad posible. No entraremos en juego de retrasos. Si fuese así y el tema se dilatara también renunciaré a mi acta de diputado", ha asegurado Cañas, que no ha querido acotar un plazo de tiempo determinado para tomar una decisión.

Administrador y socio al 50%

La sala civil y penal del TSJC se ha declarado ahora competente para proseguir la investigación iniciada por el juez y ha nombrado al magistrado Joan Manel Abril instructor del caso. Según el auto Cañas era administrador, socio -al 50% junto a su entonces pareja, también querellada- y autorizado en cuentas bancarias de la empresa S.Y. Servei Immobiliari S.L, así como socio del 40% de Inversiones Manais 2002 S.L., empresas que forman parte del Grupo Corbelia. Además, el diputado, junto a otros dos querellados y su expareja, desempeñaba su trabajo en un local de Barcelona desde donde se controlaban las sociedades mercantiles del Grupo Corbelia y que a su vez era domicilio social de la mercantil Inma & Marc Habitatges S.L.

En opinión del TSJC, existen indicios de que el presunto fraude fiscal "se habría operado con dos expedientes distintos: uno, la emisión y/o recepción de facturas que no responden a prestaciones ni servicios reales entre las mercantiles del Grupo Corbelia y dos, el aumento fraudulento del precio de adquisición de un bien inmueble por parte de Inma & Marc para así minorar el beneficio obtenido con la venta".

En el primer expediente, considera el TSJC, "la organización del entramado societario y de la operativa articulada" correspondía al empresario Jordi Luis A., aunque la colaboración de Jordi Cañas y del resto de querellados "devenía necesaria para, mediante la emisión y/o recepción de facturas de las sociedades mercantiles del Grupo Corbelia, poder llevar a cabo la defraudación".

De la investigación llevada a cabo hasta ahora se desprende, según el auto, que la empresa Inma & Marc Habitatges S.L. emitió en febrero de 2005 una factura a la empresa administrada por Cañas por importe de 100.050 euros "bajo el concepto de servicios de colaboración en la prestación de servicios generales". Sin embargo, añade el tribunal, no se ha facilitado ni el contrato ni ninguna documentación relativa a esa factura "que pueda acreditar la realidad de los servicios o prestaciones realizados".

El TSJC resalta también en su auto la existencia de "relaciones personales" entre el organizador del entramado, hermano de la entonces pareja de Cañas.

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