La confesión que realizó este viernes el expresidente de la Generalitat catalana, Jordi Pujol, acerca de la existencia de bienes familiares en el extranjero le va a salir doblemente cara. Al evidente deterioro político y de su imagen pública, se une el perjuicio económico que sufrirá por no haberse acogido a tiempo a la amnistía fiscal. El coste de la regularización de los más de cuatro millones de euros aflorados que deberá pagar a la Agencia Tributaria superará el dinero atesorado a hurtadilla durante más de treinta años en Andorra, publica este sábado La Vanguardia.
El desencadenante de la regularización pudo ser el hecho de que un exempleado de banca de Andorra sustrajera documentos con referencias a las cuentas de los afectados y deseara divulgarlos. Esto, unido a la posibilidad de que en alguna causa judicial se acabase pidiendo información sobre esas cuentas podía tener consecuencias penales. En efecto, la afloración in extremis de los bienes y las declaraciones complementarias busca cerrar la vía penal, pero con un alto coste.
Aunque no se detalla en el texto presentado ayer por Pujol, los cinco miembros de su familia que han regularizado el dinero en los últimos días son su esposa Marta Ferrusola y cuatro de sus siete hijos: Oriol, Marta, Mireia y Pere. Presentaron sendas declaraciones complementarias aflorando un patrimonio total de más de cuatro millones de euros que hasta ese momento habían estado depositados en una entidad andorrana, la Banca Privada de Andorra (BPA).
En el caso de los tres vástagos restantes, Jordi sigue su propio periplo judicial y Oleguer y Josep se acogieron dentro de plazo a la amnistía fiscal aprobada por el actual Gobierno.
En el documento hecho público ayer, Jordi Pujol i Soley pide perdón por estos hechos y "por lo que puede significar para toda la gente de buena voluntad que pueden sentirse defraudados en su confianza". En su comunicado, Pujol se lamentó de "no haber encontrado nunca el momento adecuado para regularizar esos fondos". Pues bien, ese lapsus del expresident supondrá el desembolso de la cuota defraudada más los intereses y una sanción añadida del 150%.
