Interpelado en las Cortes por la diputada socialista Rodríguez-Piñero, el ministro De Guindos afirmó solemne desde el banco azul que el crédito de 100.000 millones concedido a España por la UE para recapitalizar la banca “no tendría coste alguno para los ciudadanos”. Corría el 12 de junio de 2012, y minutos antes el propio Mariano Rajoy había afirmado que el “crédito a la banca lo va a pagar la propia banca”. Tan contento parecía el presidente del “regalo”, que exhortó a todos a “celebrar que nuestros socios europeos nos hayan ayudado”. Con el paso de los meses, el optimismo de Guindos se fue diluyendo en la prudencia: “El Estado recuperará la mayor parte de las ayudas”, e incluso en la dura realidad: “Algún día volveré al Congreso para explicar la verdadera situación de Catalunya Caixa, que sí es lo peor de lo peor”. Lo peor llegó el lunes, cuando supimos que el BBVA se había adjudicado la caja catalana en poco más de 1.000 millones. La factura es demoledora: los ciudadanos han perdido en el envite la friolera de 12.063 millones de euros.
La reestructuración financiera ha sepultado ya 43.224 millones, como con detalle ha contado aquí Miguel Alba. Una cifra que se desglosa en 25.755 millones en inyecciones de capital público –la cantidad que, por ahora, llevan perdida los ciudadanos, del total de 61.495 millones volcados en las cajas nacionalizadas y en el Banco de Valencia-, y los puestos por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), que se nutre de las aportaciones del sector financiero. A primera hora del miércoles, la Policía Judicial portuguesa irrumpió en la mansión que Ricardo Salgado, presidente ejecutivo del Banco Espirito Santo (BES), posee en las afueras de Estoril, para proceder a su detención acusado de graves delitos, el más llamativo de los cuales es el de blanqueo de capitales, dentro de la operación denominada “Monte Branco”. Al banquero se le ha impuesto una fianza millonaria y la prohibición de salir de Portugal. Altivo, soberbio, descrito como una mala persona, la detención de Salgado y su imputación marca el final de la saga familiar más poderosa de Portugal, un país convencido de que la Justicia obsequiará al poderoso con una larga estadía en la cárcel. Conversación mantenida esta semana con un periodista portugués:
La detención de Salgado y su imputación marca el final de la saga familiar más poderosa de Portugal
-Felicitaciones, Portugal vuelve a demostrar que es un país serio.
-No, amigo mío, Portugal es un país democrático, que es muy distinto. Todo este escándalo ha sido aireado por la prensa.
En España nada se sabe de los responsables del agujero negro de Catalunya Bank (CB). El que fuera su cabeza visible durante un montón de años, el exvicepresidente del Gobierno socialista Narcís Serra, sigue en su casa sin que nadie le haya molestado. He ahí el caso de un político de primer nivel a quien, al perder la poltrona, hubo que premiar con la presidencia de una Caja a pesar de no tener ni idea del negocio bancario. Años después, el PP, mayoritario en la CA de Madrid, consideró obligado obsequiar a Rodrigo Rato con la presidencia de Caja Madrid, con los resultados que son conocidos. La elite política enfangada en el dinero. Nadie pide explicaciones, nadie levanta la voz por esos 12.063 perdidos en CB, una cifra que se acerca a los 14.000 millones de ajustes que este Gobierno ha llevado a cabo en rubros tan socialmente relevantes como Educación y Sanidad. Ningún partido ha protestado tras conocerse la venta de la Caja y el saldo final de la operación. Nadie ha pedido en las Cortes la presencia del Presidente del Gobierno y de su ministro de Economía. Nadie ha reclamado la intervención de la Fiscalia contra Serra y los ejecutivos que llevaron a la Caja al desastre. Lo dijo Carmen Calvo, ministra de Cultura, en mayo de 2004 y retrató a todo un país: “Estamos manejando dinero público, y el dinero público no es de nadie”.
De rositas se ha ido también el gobernador del Banco de España (BdE), el tantas veces citado MAFO, responsable –con el subgobernador y los jefes de la Supervisión- como policía del sistema de la gran crisis financiera que ha supuesto la práctica desaparición de las Cajas y que ha requerido los 61.500 millones citados. El dinero público no es de nadie. Y mientras los responsables miran hacia otro lado, que viene el lobo Podemos sigue engordando, sigue ganando adeptos, porque la indignación se apodera de la calle ante episodios como el relatado. El viernes, en un rasgo de humor digno de mejor causa, De Guindos aseguró en la SER que gracias a la pasta que nos hemos gastado en el rescate hemos ahorrado ya unos 14.000 millones en intereses de la Deuda, de donde se colige que, de entrada, lo de CB nos ha salido gratis y por este camino los 47 millones de españoles terminaremos ricos. Es el mensaje que Economía quiere vender tras el escándalo catalán.
¡Milagro: hemos gastado 62.000 pero hemos ahorrado 66.000!
El mismo viernes, Antonio Carrascosa, responsable del FROB, aseguraba en Cinco Días que “Las subastas han posibilitado la bajada de la prima de riesgo y un ahorro al Tesoro de 14.000 millones”. Oído cocina. A las 10 de la mañana del mismo viernes, el secretario de Estado de Economía Jimenez Latorre recibía a la prensa en su despacho para contarle la misma milonga. Los diarios de ayer sábado vendían la mercancía: “España ha perdido miles de millones con el rescate a la banca, pero el Gobierno calcula que al mismo tiempo el Estado ha podido ahorrar más de 66.000 millones tras el saneamiento financiero, 14.000 de los cuales en forma de intereses de la deuda en 2013 y 2014 frente a lo presupuestado” (La Vanguardia). Ergo hemos ahorrado lo que hemos dilapidado. Solo una clase política que ha perdido la vergüenza puede intentar vender un argumento tan obsceno. Lo cual que no se entiende tanto desvelo si reparamos en el gozo del editorial de El Mundo del miércoles: “Parece un sarcasmo que hoy tengamos que aplaudir que el Erario ha perdido sólo 12.000 millones con Catalunya Banc”. Sólo 12.000 millones.
En septiembre de 2011, Geir Haarde, primer ministro de Islandia entre 2006 y 2009, se sentó en el banquillo de los acusados después de que el propio Parlamento islandés acordara pedir su imputación acusado de no haber movido un dedo ante el peligro de derrumbe de los tres mayores bancos del país, episodio que provocó una crisis financiera que puso a Reikiavik al borde del colapso. Islandia es uno de los pocos países del mundo desarrollado que ha juzgado a un responsable político por su mala gestión. En España, las escasas voces que pidieron achatarrar las Cajas quebradas en lugar de rescatarlas con dinero público, fueron tachadas de locas y casi de antipatriotas. Repita conmigo: el dinero público no es de nadie. “Si el Estado quiere gastar más, solo lo puede hacer pidiendo prestado o cobrándote más impuestos”, decía Thatcher. “No es bueno pensar que algún día vendrá otro a pagar. Ese otro eres tú. No existe el dinero público. Solo existe el dinero de los contribuyentes”.
El dinero público no es de nadie, y se puede robar con relativa impunidad siempre que se ocupe el puesto adecuado en el momento oportuno
El dinero público no es de nadie, y además se puede robar con relativa impunidad siempre y cuando uno ocupe el puesto adecuado en el momento oportuno. El viernes tuvimos noticia de la aparatosa confesión pública efectuada por Jordi Pujol de los pecadillos cometidos durante más de 30 años, un suceso de importancia histórica, comparable a la misma renuncia al trono de Juan Carlos I, en tanto en cuando viene a desenmascarar el trampantojo de una elite nacionalista de derechas empeñada en tener Estado propio para poder delinquir a gusto, arrastrando en la aventura, y esto es lo grave, a una parte importante de la población catalana que, bombardeada sin piedad durante años por el “Madrit ens roba”, decidió seguir la estela de estos flautistas de Hamelin camino del precipicio. Ahora ya sabemos quién se ha dedicado al trinque durante todos estos años. En realidad lo sabíamos al menos desde aquella célebre sesión, 22 de octubre de 2005, en el Parlament, en la que el hoy desmemoriado Pascual Maragal espetó al apuesto Artur Mas, conseller de Hacienda de Pujol entre 1997 y 2001, con aquel terrible “Hemos llegado al meollo de la cuestión: ustedes tienen un problema y este problema se llama tres por ciento”.
Tres por ciento o diez por ciento, vaya usted a saber, la mitad para CDC y la otra mitad para la famiglia. En Madrid y en Barcelona se convirtió en proverbial entre empresarios de todos los sectores hablar de “Convergencia Sector Negocios”, a la que había que acudir para poder lograr un contrato de la Generalitat. Operaciones de todo tipo, por no hablar de Casinos de Cataluña y Loterías de Cataluña, los dos filones que Jordi Pujol Ferrusola explotaba con fruición a través de hombres pantalla como Sánchez Carreté. El molt honorable tenía bastante con hacer política, sostener Gobiernos en Madrid y recibir los mimos de las señoras que su amigo Prenafeta le metía en el despacho. Dejaba que el dinero lo hicieran los hijos y cuando alguien, alarmado, le llamaba la atención, “oye, que se están pasando”, volvía la vista displicente hacia otra parte. Sabía que gozaba de impunidad absoluta. Se la habían garantizado Felipe y Carlos Solchaga: “Que haga lo que quiera, pero que no moleste”. Del escondite le ha sacado el cerco tendido por la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Por fin alguien se está ganando el sueldo en la Cuesta de las Perdices. Ya era hora.
Sigue pendiente una auténtica Transición a la democracia
Hay quien cuantifica la fortuna de la familia Pujol en 500 millones de euros. Lo afirma nada menos que un expresidente del Gobierno, convencido de que “esto, que está en la base de la radicalización independentista de Convergencia, se sabrá tarde o temprano”. Pujol ha ofrecido su cabeza en un intento de salvar la de su mujer, Marta Ferrusola, y sus hijos. Pero los 4 millones radicados en Andorra son apenas la punta de un iceberg de dimensiones colosales. Lo gordo está por salir. La treta de la herencia de Florenci Pujol, padre de Jordi, es apenas eso, una disculpa poco creíble si se tiene en cuenta las penurias por las que atraviesa el matrimonio formado por María Pujol, hermana del político, y Francesc Cabana. Hace unas semanas, la Generalitat adquirió en el mayor secretismo un llamado “fondo Francesc Cabana de historia de la empresa catalana” por un total de 135.882 euros, algo que en Barcelona se interpreta como una ayuda encubierta para solventar las penurias de la pareja.
Cabana fue uno de los fundadores, junto a Florenci y Jordi Pujol, de Banca Catalana, una aventura que terminó en desastre. En mayo de 1984, la FGE se querelló contra 25 miembros del Consejo de una entidad que año y medio antes había sido intervenida por el BdE tras una gestión que la Audiencia de Barcelona calificó de “desastrosa”. Entre los acusados por delitos varios se encontraba el president de la Generalitat, Jordi Pujol, que acusó a Narcís Serra, entonces ministro de Defensa del Gobierno de Felipe González, de ser el "inspirador" político de la querella. De Jordi Pujol a Narcís Serra. De Banca Catalana a Catalunya Bank. El círculo se cierra. El agujero de Catalana se cuantificó en 139.000 millones de pesetas y requirió ayudas públicas por 275.713 millones antes de pasar a manos del Banco Vizcaya. El agujero de Catalunya Banc ha costado a los españoles más de 2 billones de pesetas. Pujol se salvó de la cárcel por la componenda política de una época presidida por la corrupción generalizada, la famosa Transición, un periodo de la Historia de España que con la asunción de culpas por parte de ese gran defraudador y mayor impostor que ha demostrado ser Jordi Pujol i Soley, recibe el golpe de gracia definitivo. España, Cataluña incluida, sigue teniendo pendiente su Transición hacia una auténtica democracia.
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