Jordi Pujol Ferrusola ha recurrido la entrega de información desde Andorra al juez Ruz. El hijo del ex president ha presentado un escrito ante la justicia andorrana en el que pide bloquear la entrega de información a la Audiencia Nacional con el argumento de que el juez Pablo Ruz no ha conseguido probar delitos que tengan equivalencia con el código penal del país vecino, en concreto, el de cohecho o el de prevaricación.
Pujol afirma que la entrega de datos sin concretar indicios de delito supone una "vulneración del secreto bancario"
El escrito de Jordi Pujol presentado ante la batlle (la juez instructora andorrana) alega que la entrega de datos bancarios a España sólo estaría motivada en estos momentos por una acusación de fraude fiscal, un delito que no contempla la legislación andorrana. Según Pujol, esa entrega de información supondría una "vulneración del secreto bancario" y exige que se delimiten los indicios de tráfico de influencias o soborno antes de remitir "información privada" que sirva a Ruz para hacer un "escaneo" de movimientos bancarios con los que imputarle nuevos delitos. El recurso de Jordi Pujol Ferrusola acusa al magistrado de incurrir en lo que denomina una "fishing expedition" o pesca de datos.
Los argumentos presentados ante los tribunales andorranos son muy similares a los que el abogado Cristóbal Martell ya planteó en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona, donde acusó a la Fiscalía y a las acusaciones particulares de construir un proceso sin pruebas y reclamar información posteriormente para cimentar esas acusaciones. En un escrito remitido a la juez de instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, y firmado por el propio abogado Martell, se afirma que no hay delitos concretos sobre la mesa sino que se está realizando una “investigación prospectiva” en la que “se afirma la conclusión y se interesa se investiguen las premisas”, sostienen los Pujol.
Andorra, sensible a los argumentos de los Pujol
La instructora andorrana ya ha mostrado ese mismo criterio en dos ocasiones anteriores en las que ha negado a la Audiencia Nacional la información que reclamaban sendas comisiones rogatorias y ha exigido a Ruz que especifique otros delitos para poder aportar la documentación que se le reclama. Esa toma de postura puede limitar considerablemente la información de que dispongan los tribunales españoles para acusar a los Pujol.
De momento, la instructora andorrana, Àngels Moreno, ya ha comunicado oficialmente a la Audiencia en un auto con fecha 28 de agosto que la información que remita no podrá ser utilizada para perseguir el delito fiscal o el blanqueo derivado del delito fiscal, figuras que la legislación andorrana no contempla. Esa misma línea será la que siga ante las reclamaciones de información desde Barcelona.
