Casi seis horas de declaraciones ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y un mismo mensaje: la independencia unilateral que culminó a finales del año pasado la Generalitat encabezada por Carles Puigdemont fue un error. Esa es la idea que transmitieron este jueves en sus declaraciones voluntarias ante el alto tribunal el exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, su compañero de activismo y líder de Òmnium, Jordi Cuixart, y el exconseller de Interior Joaquim Forn. Los tres se encuentran desde hace meses en prisión preventiva por su participación en la presunta hoja de ruta pactada para la independencia y que pasaba por la celebración del referéndum ilegal del 1-O.
Sobre la convocatoria de esa consulta, respondieron los tres acusados, quienes admitieron que carecía de carácter legal o que directamente era “ilegal” como dijo Forn, según informan testigos del interrogatorio en el que la Fiscalía estuvo representada por Fidel Cadena y Jaime Moreno y contó con la acusación del partido Vox. Cuixart declaró que el único referéndum viable es el que convoque el Estado de forma pactada. Además, tanto Sànchez como Forn se comprometieron a renunciar a su escaño como diputados del Parlament en caso de que su partido, Junts pel Catalunya del huido Puigdemont, mantenga la unilateralidad. A pesar de estar en prisión, ambos concurrieron a los comicios y resultaron electos. Su estancia en prisión no les impediría recoger su acta. En el caso de Forn, además, ha asegurado que se quedará como diputado y no volverá a ser miembro del Govern.
Además, Forn y Cuixart llegaron a manifestar su acatamiento de la Constitución española, un extremo al que no quiso llegar Sánchez, quien se quedó en el respeto a la legalidad del Estado y la Unión Europea. Fuentes jurídicas creen que ese matiz puede resultar determinante para su futuro judicial. Tras estas declaraciones voluntarias, los abogados de los acusados presentarán escritos formales en los que pedirán su excarcelación. Una vez el juez reciba esos documentos, dará traslado a las partes personadas y adoptará una decisión.
El último en prestar declaración fue Joaquim Forn, quien llegó al puesto a mediados de julio, y sólo cuatro meses después estaba interno en una celda de la cárcel de Estremera (Madrid). Es él único miembro del Ejecutivo de Puigdemont que permanece preso junto a Oriol Junqueras, quien compareció ante el Tribunal Supremo el pasado 4 de enero en unos términos mucho menos contundentes que los de este jueves. Durante su mandato realizó declaraciones en las que afirmaba que los Mossos d’Esquadra primarían los mandatos del Parlament antes que los del Tribunal Constitucional, que anuló el referéndum de octubre.
La incineradora de Sant Adrià
Forn también ha sido preguntado por el intento de quema de documentos por parte de los Mossos d’Esquadra en la incineradora de Sant Adrià y que fueron interceptados por la Policía Nacional siguiendo órdenes de la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela. Del estudio de esos documentos se ha podido saber que la Generalitat hizo un desvió de dinero público de 3 millones de euros para invertirlo en el procés, según publicó El País. Además El Confidencial adelantó que en esos papeles también había evidencias de espionaje por parte de los Mossos a dirigentes no nacionalistas.
Forn se desvinculó de ese intento de quemar las 30 cajas de documentos y aseguró ante el juez de Llarena que eran documentos de Economía, pero que él no estaba al detalle de las operaciones de la policía dirigida entonces por Josep Lluis Trapero, investigados en la Audiencia Nacional por los hechos del 20 de septiembre en los que una multitud impidió durante horas la salida de la sede de la Consellería de Hacienda a los guardias civiles que la registraban por orden del juez que investiga la organización del 1-O.
Sobre la actuación de los Mossos la fecha del referéndum, el exconseller declaró ante el juez que ese día estaban programadas cuatro reuniones de las distintas fuerzas de seguridad que iban a participar en el despliegue. Según relató, una de esas citas era a las nueve de la mañana, pero los representantes de la Policía y la Guardia Civil no se presentaron. Cuando llamaron al mando único designado por el Ministerio del Interior, el coronel del Instituto Armado Diego Pérez de los Cobos, éste dijo que se le había olvidado y que además no irían a ninguna más, siempre según la versión del acusado. A esa hora ya se había evidenciado la pasividad de los Mossos a la hora de desalojar los centros de votación y se habían producido las primeras cargas policiales.
Todos los acusados se desvincularon de la violencia y apostaron por las vías pacíficas. Sobre lo acontecido el 20 de septiembre, Sánchez y Cuixart explicaron que la concentración ante Hacienda tenía una vocación pacífica y se justificaron diciendo que ellos no son capaces de evitar que la gente se descontrole. Sobre los destrozos a los vehículos policiales, Cuixart y Sánchez culparon a la prensa de haber abollado los coches al subirse a ellos para cubrir la concentración. Está documentado que al menos un periodista de TV3 se subió en uno de los autos para hacer una conexión en directo. Luego en sus redes sociales difundió el siguiente comentario junto a una fotografía del instante: “Con este instante! Uno de los momentos más 'tiernos y bonitos' que recuerdo en los 20 años que llevo en esta profesión”.
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