José Luis Moreno no quiere que se siga filtrando información secreta del caso Titella y por eso se ha dirigido al juzgado que le investiga por presunta estafa bancaria para avisar que llevará el asunto a los tribunales. El productor, que dice que la situación es "del todo punto intolerable", ha mostrado formalmente su queja porque la Audiencia Nacional no haya frenado lo que considera filtraciones interesadas en su contra.
Así lo indica en uno de los últimos escritos presentados al juzgado, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que comunica, además, que se han presentado "decenas" de demandas por vulneración de su derecho al honor. "Hoy ponemos en conocimiento del juzgado el próximo ejercicio de acciones penales por la indiciaria comisión de un delito de revelación de actuaciones judiciales previsto en los artículos 466 y 417 del Código Penal", recalca su defensa.
El primero de ellos castiga con pena de multa a abogados o procuradores que revelen actuaciones judiciales secretas y el segundo hace lo propio con funcionarios públicos. Moreno avanza que tiene "la firme determinación" de ejercitar todas las acciones legales que considere para defenderse de una supuesta vulneración de sus derechos. De esta forma adopta una nueva estrategia en relación a su implicación en esta macrocausa de espionaje.
Moreno cambia de estrategia
Esto es así porque tras su detención en junio del pasado año el ventrículo adoptó un perfil bajo ante la avalancha de informaciones relativas al estallido de esta causa. Con el paso de los meses y tras declarar en la Audiencia Nacional en febrero, el productor adoptó un perfil más combativo. No solo se enfrentó al socio argentino que le acusa de haberle estafado de 35 millones de euros, sino que también ha instado al juzgado a levantarle la imputación de la causa, asegurando que no tiene nada que ver con la red que habría desfalcado 85 millones.
El problema no es que los medios informen. Lo que resulta del todo punto intolerable es que algunas acusaciones filtren deliberadamente actuaciones secretasJosé Luis Moreno
Sin embargo, ni el juez que le investiga ni tampoco la Fiscalía de la Audiencia Nacional están dispuestos a sacarle del caso Titella. Más bien al contrario, en junio el juzgado acordó mantenerle la fianza de dos millones de euros (tras rebajarle un millón el año pasado), mientras que el Ministerio Público fue más allá advirtiendo que los indicios de criminalidad en su contra no solo se mantenían, sino que se habían reforzado.
Pese a ello, el humorista volvió a la carga en septiembre solicitando de nuevo su archivo hasta en dos ocasiones. En una de ellas denunció que no se le había precisado los delitos por los que se le imputaban y que bajo ningún concepto era el cabecilla de una organización criminal. En la segunda expuso además que esta imputación y el mantenimiento de las medidas cautelares abundaban en su "destrucción personal, social, profesional y patrimonial".
Moreno, que ha llegado sin éxito a pedir que declare el responsable de los atestados policiales, eleva ahora el tono y denuncia una campaña de acoso contra su persona que se sustenta en filtraciones interesadas del procedimiento. "El problema no es que los medios de comunicación informen, lo que en modo alguno merece reproche de esta parte. Lo que resulta del todo punto intolerable, e indiciariamente delictivo, es que alguna de las acusaciones personadas estén filtrando deliberadamente actuaciones judiciales secretas a los medios de comunicación", dice su defensa.
"Suponen su destrucción"
Los reproches alcanzan también a la Audiencia Nacional. Sostiene el escrito que, "pese a haberlo solicitado reiteradamente" el Juzgado Central de Instrucción número 2 no ha adoptado medidas para frenar las filtraciones. "Esta parte no lo va a solicitar más", dice y apostilla: "Supone la destrucción personal y profesional de mi mandante, ante lo que el órgano judicial permanece impasible", indica.
Pese a ello, los investigadores siguen adelante con estas diligencias en las que se indaga, por un lado, la existencia de una red dedicada a la estafa bancaria y, por otro, una ramificación que habría blanqueado los beneficios a través del narcotráfico. El nexo de unión de ambos niveles era Antonio Luis Aguilera, un empresario que ya suma una condena previa en la Audiencia de Barcelona por estos hechos.
Policía Nacional y Guardia Civil, que trabajan conjuntamente en la causa, ubicaron a José Luis Moreno como la tarjeta de visita de Aguilera en los bancos. Sostienen que el empresario se aprovechó de la imagen del productor para solicitar financiación que nunca retornó. También sacó rédito del millonario contrato que, a través de empresas a nombres de terceros, iba a firmar con RTVE para producir la serie 'Aquí mando yo... y punto com'.
La Policía Judicial también avisó que Moreno estaría planeando salir de España debido principalmente a sus problemas con Hacienda. Las escuchas interceptadas por los agentes desvelaron al respecto que el productor pretendería mover el capital entre sus múltiples firmas para evitar embargos y retenciones. Además, abrieron un nuevo frente apuntando a que, en busca de financiación de inversión privada, habría estafado a Alejandro Roemmers bajo el pretexto de producir una serie sobre San Francisco de Asís.
Moreno contraatacó y se ofreció a entregar los primeros episodios de esta producción para la que percibió 35 millones de euros. En su declaración ante el juez no negó sus problemas con Hacienda pero rechazó de plano que tuviera testaferros o que su examigo íntimo, Martin Mester, actuara como tal para él. También descartó por completo que quisiera abandonar España, más bien al contrario, desde su detención apela al arraigo como baza para lograr que le levanten las cautelares impuestas.
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