España

El fiscal pide archivar una nueva querella contra Zapatero por el indulto a Alfredo Sáenz

La Fiscalía del Supremo no aprecia indicios de cohecho en el proceder del expresidente del Gobierno. Los querellantes piden que se investigue si la medida de gracia fue concedida al haber condonado el banco Santander una deuda de casi cinco millones de euros al PSOE.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha remitido un informe a la Sala Segunda de este órgano donde solicita que se archive la querella que el partido Soberanía, representada por el abogado José Luis Mazón, presentó contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el indulto concedido en 2011 al ex consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz.

La nueva querella sostiene que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de cohecho propio tipificado en el artículo 419 del Código Penal. La formación Soberanía destaca que no tiene explicación que esta medida de gracia concedida al ex banquero Sáenz -condenado por un delito de estafa- fuese adoptada por un gobierno en funciones. En la querella, se solicita investigar si ese indulto, aprobado en noviembre de 2011 cuando ya el PSOE había perdido las elecciones y estaban celebrándose los Consejos de Ministros de un Ejecutivo en funciones, pudo ser una forma encubierta de condonar la deuda de 4,8 millones de euros que esta formación política mantenía con la entidad bancaria por un préstamo no devuelto.

Se da la circunstancia de que Zapatero abandonará el Consejo de Estado el próximo mes de septiembre sin que el TS haya resuelto aún la querella

Se da la circunstancia que en noviembre del año 2012 la Sala Segunda del Supremo archivó otra querella presentada contra Zapatero y el exministro de Justicia Francisco Caamaño por la concesión del citado indulto. Dicha querella se centraba en un delito de prevaricación administrativa.

Precisamente, la Fiscalía basa ahora su informe oponiéndose a la admisión a trámite de la nueva querella en el auto de archivo dictado por el Alto Tribunal hace tres años. En dicha resolución de sobreseimiento, el Supremo llegó a la conclusión de que en este caso "la teórica responsabilidad penal sólo podría ser exigida al Sr. Caamaño y nunca al expresidente Rodríguez Zapatero".

No hay indicios de cohecho

En su informe, al que ha tenido acceso Vózpopuli, el Ministerio Público manifiesta que "pese a los desesperados intentos que de adverso se hacen (…) no hay el más mínimo vestigio que exista una relación de causalidad por insignificante que pudiera ser, entre la concesión del indulto al Sr. Sáenz Abad y la condonación (supuesta) del préstamo concedido".

Asimismo, la Fiscalía añade que la condonación de dicha deuda es "un extremo que no está suficientemente acreditado, y en todo caso se habría producido varios años antes de la reunión del Consejo de Ministros donde se tomó la decisión cuestionada".

En febrero de 2013 la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal revocó la medida de gracia concedida al banquero Sáenz alegando que el Ejecutivo del PSOE se extralimitó en la aplicación del indulto ya que no podía amnistiar una norma de carácter administrativo que ni siquiera tenía carácter sancionador, en referencia a los antecedentes penales. La supresión de los antecedentes penales era clave entonces para que sea Alfredo Sáenz pudiera seguir trabajando en la banca.

Por otro lado, hay un dato relevante de cara a la admisión de trámite de dicha querella por el Supremo. José Luis Rodríguez Zapatero abandonará "temporalmente" su plaza en el Consejo de Estado para incorporarse a partir del próximo 1 de septiembre a la  Presidencia del Consejo Asesor de la fundación alemana Instituto de Diplomacia Cultural. Perdería entonces su aforamiento ante la Sala Segunda del TS ya que los expresidentes del Gobierno no tienen la condición de aforados ante la misma; estado del que sí gozan los miembros del citado órgano consultivo.

El ponente de la resolución que deberá pronunciarse sobre la competencia de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal para resolver dicha querella será el magistrado Alberto Jorge Barreiro, actual instructor del caso de los ERE.

Apoya TU periodismo independiente y crítico

Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación
Salir de ver en versión AMP