Fue en 2009, cuando Soria estaba imputado en el caso Salmón, cuando reconoció ante la magistrada instructora Margarita Varona que cada miembro del Grupo Parlamentario Popular cobraba un sobresueldo de 600 euros mensuales mediante talón o en efectivo. Así lo recoge el diario 'Canarias ahora', que recuerda que en esa época José Manuel Soria era vicepresidente del Gobierno regional, además de presidente del PP en Canarias, cargo que todavía ocupa.
El ministro de Industria apuntó entonces que estas retribuciones a los diputados canarios del PP se pagaban desde junio de 2003. Estas y otras historias son recordadas por Soria para consolar al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ante las informaciones publicadas sobre los papeles de Bárcenas. Estos documentos probarían la existencia de una contabilidad B en el Partido Popular y el pago de sobresueldos en negro a sus dirigentes.
En su intervención ante el Comité Ejecutivo del PP del pasado sábado, Soria calificó los procesos judiciales en los que ha estado envuelto como “malas experiencias” y animó a Rajoy a “aguantar y seguir adelante”. Entre esas "malas experiencias" Soria tuvo que responder en 2009 a las preguntas del ministerio fiscal acerca de la procedencia del dinero en efectivo con el que pagaba sus vacaciones de verano en el complejo Anfi del Mar, propiedad del empresario noruego Bjorn Lyng, ya fallecido.
El caso Salmón sería archivado posteriormente por la juez Varona, que estimó que la aceptación de Soria a una invitación de Lyng para viajar a bordo de su jet privado a Austria y Noruega en agosto de 2005 no podía considerarse soborno. El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, en cambio, sí apreció un delito de cohecho impropio, pero lo dio por prescrito.
En la mencionada causa se investigaba la relación entre el viaje de Soria y sus vacaciones en el complejo del empresario noruego con la tramitación de solicitud de Anfi en el Cabildo de Gran Canaria, institución que Soria presidía en la fecha de los hechos denunciados, para que interesara al Parlamento de Canarias la declaración de interés general de la urbanización y permitir así la construcción de 3.600 camas turísticas.
En su declaración de entonces, el presidente del PP canario afirmó que prefería hacer los pagos en efectivo porque había tenido “malas experiencias” en el pago con tarjetas y que sus fuentes de ingreso en efectivo más importantes eran “los talones cobrados en ventanilla, los reintegros de cajeros y los honorarios profesionales” de su esposa, la procuradora María del Carmen Benítez.
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