El exconsejero delegado de OHL Juan Osuna tiene una cita este viernes con el juez del caso Lezo. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional le ha citado en calidad de testigo en el marco de la investigación que se sigue para esclarecer las presuntas comisiones irregulares que se abonaron a cambio de la adjudicación del tren de Navalcarnero en 2007.
La decisión del magistrado responde a una petición de la Fiscalía anticorrupción. "Dado que de la documentación obrante en la causa se observa que Juan Luis Osuna Gómez actuó en representación de la sociedad concesionaria Cercanías Móstoles Navalcarnero S.A., con la finalidad de que esclarezca algunos aspectos relativos a los hechos objeto de investigación, se interesa que se acuerde su declaración testifical", argumentó la fiscal del caso, Ana Cuenca, en un escrito al que ha tenido acceso Vozpópuli.
El juez Manuel García Castellón ha estimado pertinente recurrir a Osuna para recabar más información sobre la operación. El nombre de este exdirectivo de la constructora ya había aparecido en la causa, en boca de Felicísimo Ramos, otro alto cargo de la compañía entonces presidida por Juan Miguel Villar Mir imputado en la causa. En su declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Ramos aseguró que en OHL recibía instrucciones, entre otros, del propio Osuna porque -según dijo- era una persona de confianza de los directores debido al tiempo que llevaba en la empresa.
Las grabaciones de 'Lezo'
En autos anteriores, el magistrado ha avalado las grabaciones incautadas en las que figuran los nombres de varios exdirectivos de la constructora porque, a su juicio, constan "pasajes expresivos que resultan indiciariamente compatibles con la ejecución del delito" de cohecho que se le atribuyen a varios responsables de la OHL.
Tras tres años de pesquisas en el caso Lezo, el Ministerio Fiscal y el juez instructor siguen investigando la presunta mordida de 1,4 millones de euros que se habría conseguido el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por facilitar a OHL la obra del tren de Móstoles a Navalcarnero. Según consta en documentación de la causa, en septiembre de 2007 se habría abonado dicha suma en el banco suizo Anglo Irish Bank y posteriormente habrían salido una serie de transferencias dirigidas a cuentas en Liechtenstein y en Luxemburgo.
Hace un año la Fiscalía alertó al Juzgado de que el pago de mordidas a políticos por parte de exresponsables de OHL era una "práctica generalizada" para conseguir contratos de obra pública en cualquier parte de España. La Guardia Civil y el ministerio público apoyan su hipótesis en las grabaciones que fueron incautadas en el domicilio de Paulino Hernández Ros, exdirectivo de la constructora. El cargo, que al principio figuraba como testigo y actualmente es uno de los principales sospechosos, ratificó el contenido de las conversaciones en sede judicial.
Investigación interna
A las explicaciones de Hernández Ros, sin embargo, se suman las versiones de otros cuatro directivos de OHL que ya han respondido a las preguntas de la fiscal. Todos negaron la existencia de mordidas e insistieron en que lo que se investiga en la Audiencia Nacional es una serie de adelantos que debía hacer la compañía a los proveedores.
OHL abrió una investigación el año pasado sobre el presunto pago de mordidas a políticos a cambio de adjudicaciones de obra pública; en palabras de su presidente, Juan Villar Mir de Fuentes, una investigación interna de su modelo de prevención de prácticas de corrupción.
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