La depresión que atraviesa el alcalde de Marinaleda (Sevilla), Juan Manuel Sánchez Gordillo, le está apartando no sólo de la primera línea política, sino de su activismo más comprometido. Alejado de las cámaras y los platós de televisión, y de los actos de protesta que no ha dejado de llevar a cabo el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), como la reciente sustracción de material escolar de un supermercado de la carretera de Utrera, el regidor comunista también permanece a un lado del funcionamiento interno de dicho colectivo.
Según ha podido saber Vozpópuli de fuentes del sindicato, el diputado autonómico de IU no asistió el pasado 29 de septiembre a la asamblea del SAT-Nacional que se celebró en la localidad sevillana de El Coronil, lugar de residencia y cuartel general de su portavoz, Diego Cañamero. La ausencia de Sánchez Gordillo causó “especial sorpresa” entre los asistentes, que esperaban verle mejorado de su bajo estado anímico. Un decaimiento que las mismas fuentes atribuyen al “acoso de los capitalistas” contra su persona y a las coacciones de la Junta de Andalucía para rebajar su perfil contestatario, como informó este diario recientemente.
De hecho, el mensaje que se transmitió a afiliados que participaron en la asamblea y se interesaron por el diagnóstico de Sánchez Gordillo no fue muy alentador sobre su recuperación, sino más bien al contrario. Ante este panorama, sus seguidores ven con preocupación cómo el diputado comunista se encuentra estancado en el abatimiento.
Su regreso --aunque con visible palidez en el rostro-- al Parlamento andaluz el pasado 6 de septiembre, durante la primera jornada del debate de investidura de la nueva presidenta de la Junta, Susana Díaz, hizo pensar que su vuelta a la carga, a la reivindicación en el frente, a la "lucha", estaba muy cercana después de varios meses en el dique seco. Sin embargo, sus apariciones desde entonces han sido mínimas (ya no asistió a la votación de la investidura de Díaz), de ahí que se observe una recaída en su salud.
Sus apariciones desde la primera jornada del debate de investidura de Susana Díaz, el pasado 6 de septiembre, han sido mínimas; de ahí que se observe una recaída en la salud del regidor comunista
El alcalde de Marinaleda forma parte del Comité Nacional del SAT desde diciembre de 2011 y si bien no ocupa un puesto destacado en el principal órgano ejecutivo del sindicato, la Comisión permanente, ejerce de líder carismático del mismo. El prestigioso rotativo británico Financial Times lo destacó en su portada como el Robin Hood español a raíz de la campaña protagonizada el pasado verano, cuando lideró ocupaciones de sucursales bancarias y entradas en fincas --tanto privadas como del Estado-- y supermercados. Por su parte, el diario estadounidense The New York Times llegó a bautizarlo como el nuevo Don Quijote.
Sánchez Gordillo fue fundador del histórico Sindicato de Obreros del Campo (SOC) en 1976, entidad matriz del actual SAT, constituido este último como tal en 2007. Igualmente, el regidor comunista formó parte del Comité Ejecutivo del SOC hasta su alianza con otros grupos sindicales como Autonomía Obrera. Tanto el SOC como el SAT han utilizado como plataforma política para defender sus intereses el partido Colectivo Unitario de Trabajadores-Bloque Andaluz de Izquierdas (CUT-BAI), formación que dirige el propio Gordillo y por la que es parlamentario andaluz, ya que se encuentra integrada en Izquierda Unida (IU) de Andalucía.
Siete meses de cárcel por ocupar 'Las Turquillas'
En la debilidad anímica de Sánchez Gordillo pesan los siete meses de cárcel que pide la Fiscalía para él y otras 53 personas por ocupar en el verano de 2012 una finca militar en Osuna (Sevilla). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le abrió juicio oral el pasado julio por estos hechos y le acusó de presuntos delitos de daños, usurpación, desobediencia y hurto por su entrada en Las Turquillas, recinto perteneciente al Ministerio de Defensa.
Entretanto, el mismo tribunal sigue otra causa contra Sánchez Gordillo a raíz de la denuncia de Manos Limpias que presentó contra el parlamentario andaluz de IU a cuenta de un presunto delito de malversación de caudales públicos cometido en su condición de primer edil de la localidad sevillana de Marinaleda. El sindicato de funcionarios públicos sostiene que el Consistoro destinó una partida del presupuesto municipal al pago del servicio prestado por "Autobuses Morales" para desplazar a miembros del SAT a "ocupar fincas de propiedad pública --entre ellas, Las Turquillas- y otras de propiedad privada".
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