El asesinato de dos guardias civiles de Barbate y su posterior investigación penal ha evidenciado una lacra que llevan sufriendo desde hace años todos los actores que luchan contra el narcotráfico, que no es otra que la falta de medios, de una reforma legal que impulse la creación de juzgados especializados y de dotación de más plantilla de jueces.
Se trata de reivindicaciones que Guardia Civil, Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y judicatura llevan años poniendo sobre la mesa, en la lucha contra el narco y el crimen organizado. Los jueces denuncian además que los juzgados que se encargan de estos asuntos están completamente saturados. "Es absolutamente inasumible", relata a Vozpópuli Miguel del Castillo, coportavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria en Andalucía.
El magistrado explica que los partidos judiciales de determinadas localidades costeras en el sur de España son los que más acusan la sobrecarga de trabajo, siendo, paradójicamente, los que menos medios gozan. Es el caso de Barbate. En esta localidad gaditana hay dos juzgados de instrucción y de primera instancia. El partido judicial comprende este municipio y también Vejer de la Frontera.
"Los juzgados mixtos son una anomalía"
Del Castillo explica a este medio que, en su condición de juzgados mixtos, asumen todo tipo de asuntos civiles y penales que acaban ante la Justicia, desde un divorcio, hasta un pleito con el banco pasando por esta causa que empezará a dirimirse ahora por el asesinato de dos uniformados a manos de narcos. Por ello considera que la figura de los juzgados mixtos es una "anomalía" que debería modificarse.
Al respecto, el también titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella explica que no solo trabajan con menos medios sino que, al ser únicamente dos juzgados, se tienen que turnar semanalmente para hacer las guardias. Esta situación hace que todavía sea más complicado llevar los asuntos al día, teniendo en cuenta además que en épocas estivales aumenta la población, y se dispara el número de asuntos que entran en el juzgado.
Así se desprende de la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía relativa al último ejercicio presentado, el del año 2022. El partido judicial de Barbate ingresó a lo largo de 2022 un total de 2.300 asuntos siendo 666 de ellos civiles y 1.150 de índole penal.
"La investigación de este tipo de causas tan complejas la tienen que asumir juzgados especializados", explica Del Castillo, quien aclara que en este tipo de causas no influye que sea o no el primer destino del titular del jugado que asuma el procedimiento.
"No es esa la cuestión. Es un problema de organización judicial", incide, a la par que recuerda que, además de los togados, también tienen que lidiar con esta sobrecarga de trabajo los fiscales, funcionarios y demás empleados jurídicos. Por ese motivo considera que una de las soluciones pasa porque la Audiencia Nacional asuma los procedimientos como el que arranca ahora por el crimen de Barbate. Se trata de una propuesta que también se contempla en el reciente plan que guardias civiles han entregado a Interior para luchar contra los narcos.
Los reclamos de la Fiscalía Antidroga
Al respecto la Fiscalía Antidroga también se ha pronunciado sobre la escasez de recursos para combatir el narcotráfico a raíz del asesinato de los dos guardias civiles. Fuentes del órgano que dirige Rosa Ana Morán explicaron a este medio que, pese a reivindicar en su última memoria la necesidad de acometer cambios de todo tipo para poder hacer frente al narcotráfico, el Gobierno no les ha tenido en cuenta.
Por ello consideran que la lucha contra esta lacra no compete únicamente al Ministerio del Interior, sino también al de Justicia. Ello es así porque uno de los principales requerimientos desde el Ministerio Público es el de que se tipifique como delito el transporte y almacenamiento de combustible con el que se abastecen los narcos en alta mar. "Si el transporte de gasolina es ilegal se dificulta la actuación de los narcos", expusieron las fuentes consultadas.
La Fiscalía advirtió en su memoria anual de 2022 que no fueron informados del desmantelamiento de la unidad de élite de la Guardia Civil contra el narco y que causas en juzgados como el de Barbate se estancaban debido a la falta de medios y a los cambios de funcionarios y jueces
La Fiscalía Antidroga pone como ejemplo a seguir el de Gibraltar, donde en 2021 se endureció de manera notable las penas por tráfico ilegal de gasolina. Por ello se solicita que, más allá de las sanciones administrativas a los conocidos como 'petaqueros', se tipifique como delito el transporte de más de 20 litros de combustible sin licencia. En la actualidad en España se permiten hasta 60 litros por recipiente y 240 por unidad de transporte.
Con todo, a ello se añade la polémica del desmantelamiento bajo el mandato del actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de OCON Sur, la unidad de élite de la Guardia Civil que luchaba contra el narcotráfico. Precisamente, la Fiscalía Antidroga ya advirtió en su memoria del peligro que suponía este movimiento, del cual, además no fueron informados.
Advertencia de la Fiscalía sobre Barbate en 2022
"La disminución de droga incautada supone también una reducción de procedimientos penales en la provincia de Cádiz, lo que la delegada atribuye a una menor presión policial y a la desaparición del grupo operativo OCON Sur que se produjo sorpresivamente y sin comunicación previa a la Fiscalía de Andalucía ni a la Fiscalía Especial, ni a los órganos judiciales", destaca la memoria.
La fiscal delegada para Andalucía destacó que Cádiz seguía siendo en 2022 la provincia en la que más droga se incauta destacando la caída de incautación de hachís y el notable aumento cercano al 80% de cocaína respecto al 2021.
Al igual que expone ahora Del Castillo, la fiscal alertó de que algunas causas relevantes que se siguen por blanqueo en juzgados del Puerto de Santamaría, Barbate o Chiclana, se habían estancando debido a la sobrecarga en los juzgados y también a los cambios de funcionarios y de jueces titulares.
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