Gobierno y jueces siguen sin alcanzar un acuerdo sobre su subida salarial. La tercera reunión celebrada en el Ministerio de Justicia con las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales ha terminado a última hora de este miércoles sin alcanzar un consenso sobre el incremento de sus retribuciones. El Ejecutivo mantiene su propuesta de cerca de 47 millones de euros aunque podría abrirse a elevar la cifra en los próximos días.
Fuentes cercanas a las negociaciones aseguran a Vozpópuli que el acuerdo ahora mismo no está sobre la mesa, pero que la negociación no se ha roto. A falta de seis días para que se celebre la huelga indefinida convocada por cinco de las siete asociaciones, el escollo sigue siendo cerrar una cifra de subida salarial y también la celebración del paro.
Las fuentes consultadas determinan que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha modificado la oferta que hizo esta misma semana, cuando subió la proposición inicial de 44 millones. No obstante les ha pedido que retrasen la huelga tres días, hasta el viernes 19 de mayo, para así poder reunirse el día en que estaba previsto el paro (martes 16) y estudiar una oferta final.
La proposición ha dividido a las asociaciones. La mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) han decidido consultar con sus bases la alternativa del Gobierno. Por su parte, Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han dado el visto bueno a la petición de Justicia y son partidarios de retrasar tres días la convocatoria de la que sería la quinta huelga de jueces en democracia.
Las otras dos asociaciones restantes (Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales UPF) están de acuerdo con la oferta salarial del Ejecutivo y por tanto no respaldarían la huelga. Frente a ellas se encuentran las otras cinco asociaciones que consideran que la cifra no resarce la merma de poder adquisitivo y que se podría hablar de acuerdo si el Gobierno pone sobre la mesa 57 millones de euros. Se trata de una cifra menor de los 62 que solicitaron hace apenas unos días, pero sostienen que la rebajan "para conseguir un acuerdo y tender puentes".
"Es una huelga política"
La de este miércoles es la tercera reunión que celebra la Mesa de Retribuciones. El Gobierno convocó a los actores hace apenas unas semanas. La mesa la integran las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales, además de representantes del Ministerio de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la Fiscalía General del Estado.
El Gobierno pretende desactivar la huelga y para ello se ha comprometido a dar una propuesta final por escrito el mismo día en que está convocada. Algunas asociaciones denuncian esta maniobra y piden celeridad
El foco se ciñe ahora en el departamento que dirige Pilar Llop. Los entes negociadores confían en que se alcance un acuerdo antes de la jornada de huelga, aunque desde este Ministerio cuestionan la motivación de los jueces y los fiscales. "Esto es una huelga política y la oferta no se va a mover", ha dicho el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, tras cuatro horas de reunión a puerta cerrada.
La intención del Gobierno sería conseguir desactivar la huelga convocada para el próximo martes. Por ello se habría comprometido a presentar una propuesta final por escrito aunque el documento no estaría listo hasta el mismo día de la huelga, teniendo en cuenta, según explican, que el lunes 15 de mayo es la festividad en Madrid de San Isidro Labrador.
La propuesta del Gobierno
Fuentes de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) replican al respecto que no es de recibo esta postura en tanto el Gobierno se ha dado un margen muy ancho para responder si mantienen la proposición de 46,7 millones de euros o la mejoran. "El que hace política es el Ejecutivo forzando una situación límite", alegan.
Las asociaciones convocaron una huelga indefinida para el próximo 16 de mayo aduciendo a la pérdida de poder adquisitivo que llevan experimentando desde 2003 y al incumplimiento de la ley de retribuciones aprobada ese mismo año que determina que se debe revisar su salario periódicamente. Se trata de un extremo que no se ha cumplido; de hecho recuerdan que se les bajó el salario un 9,5% con motivo de la crisis de 2010 y no lo han vuelto a recuperar.
Aunque todas las asociaciones comparten la reivindicación, las maratonianas reuniones en el Ministerio de Justicia han comenzado a aflorar las primeras grietas. Las progresistas ya mostraron tras el segundo encuentro (celebrado este lunes) que son partidarios de aceptar la cifra que Justicia pone sobre la mesa. Sin embargo otros actores, como la AJFV, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Foro Judicial Independiente (FJI) se niegan.
Los funcionarios, también en huelga
Consciente de esta escisión, el Ejecutivo presiona ahora para que sean los jueces los que digan si están por la labor de retrasar la jornada de huelga unos días y dar así más margen a la negociación. Algunas de las asociaciones ya han respondido y lo han hecho rechazando categóricamente la proposición. Entienden que Justicia tienen margen para remitirles la que será su última oferta antes del próximo martes.
En este nueva nueva cita -marcada por un tono más duro y menos coloquial que las anteriores- también se ha abierto la puerta a fijar un calendario paralelo en el que negociar otras cuestiones que también afectan a los jueces como puede ser el cobro de las guardias. Precisamente uno de los motivos que pusieron sobre la mesa fue no solo el incumplimiento de la ley para mejorarles el salario, sino la importante carga laboral que arrastran, la falta de medios materiales y humanos y el hecho de que algunas guardias no se cobren ni a cincuenta céntimos la hora.
Por si fuera poco este no es el único incendio en la Administración de Justicia. Los funcionarios de este sector, que llevan semanas celebrando paros parciales, amagan con huelga total desde el 22 de mayo si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no hace una oferta económica. Por su parte, los letrados de la Administración de Justicia, que sí sellaron una subida salarial hace apenas unas semanas, han avisado con volver a las protestas al considerar que hay desigualdad de trato respecto a los funcionarios y también a los jueces y fiscales.
BRIBON
Menudo saqueo, sueldos privilegiados y justicia sin hacer sus deberes. Que fácil es estorsionar al pueblo desde la administración.