La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que el Gobierno prevé llevar al Consejo de Ministros en las próximas semanas amenaza con abrir un nuevo frente entre el Ejecutivo y los jueces. La principal novedad de la iniciativa es que se pretende apartar a los magistrados de la instrucción de los casos para dársela a los fiscales. Desde las dos principales asociaciones de la carrera creen que eso es un error que afecta a la independencia si es el Gobierno el que elige al fiscal general del Estado. Las cifras del CGPJ ofrecen una mayoría en contra de la propuesta.
Recuerdan los jueces que la Fiscalía es un cuerpo jerárquico en el que su máximo responsable puede dar órdenes a cualquier miembro del departamento e interferir en las investigaciones. “Sería otro palo más para la Justicia, en esta semana ya vamos finos. Conviene parar un poco”, comenta a Vozpópuli la portavoz de la asociación mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura. Considerados como conservadores, suponen en 25 por ciento de la carrera con más de 1.300 asociados de los 5.500 jueces que tiene la carrera.
La postura de la APM en este caso es la que han mantenido siempre, pero no obvian el estado actual en el que el Gobierno pretende impulsar su nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal: “La independencia que se predica está en los jueces, pero los fiscales tienen dependencia jerárquica. Por más que se ha modificado el estatuto orgánico, siguen teniendo una dependencia jerárquica. Mira en el último año la última fiscal general del Estado. Ya se cuestionó su independencia más allá de su preparación porque pasó de ministra a fiscal general”.
"Hoy no se dan los requisitos"
“Ese nombramiento estaba dañando la imagen de la Fiscalía, pero es que la legislación actual sitúa a todos los fiscales dependientes del fiscal general y por tanto del Gobierno que la nombra. Hoy no se dan los requisitos. La instrucción nos corresponde a nosotros y mientras la Fiscalía dependa de quien la nombra, la instrucción la tenemos que seguir haciendo nosotros”, zanja la portavoz de la APM, que además manifiesta sus dudas sobre la posibilidad de acometer estos cambios en un contexto de escasez económica.
Una encuesta que Metroscopia ha realizado por encargo del Consejo General del Poder Judicial entre los pasados 8 y 22 de septiembre mediante entrevistas telefónicas a mil jueces y juezas en activo ha arrojado el dato de que el 55 por ciento de los consultados está en contra de ceder la instrucción a los fiscales. En la misma encuesta, el 83 por ciento cree que todos los Gobiernos, sea cual sea su ideología, muestran más interés en controlarla que en proporcionarle los medios que la hagan más ágil y eficaz.
La segunda asociación de la carrera en número de afiliados es la Francisco de Vitoria (FdV), con más de 850 miembros. Su portavoz nacional es Jorge Luis Fernández, quien también rechaza la medida: “Es la peor idea avanzar en ese camino ahora con el contexto que tenemos, en el que hay determinadas actuaciones que están cuestionando ciertas reglas relativas a la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial y una fiscal general que es el primer problema de esa pérdida de independencia”.
El contexto internacional
Según informó Vozpópuli, el Gobierno tiene previsto aprobar en el Consejo de Ministros el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se basa en que es necesario adaptarse a la legislación europea y los países del entorno. “Hay que valorar bien lo que pasa en otros países. Estamos viendo problemas importantes en países como Portugal, Alemania o Francia, que tienen un modelo mixto y aquí se está actuando dando por hecho que se hace en todas partes y funciona bien”, dice de la FdV, que apunta a que si se aprobase esa reforma, todavía habría que esperar una década para materializar los cambios.
“Se puede correr mucho, pero no hay capacidad económica ahora mismo”, dice. Añade que la prueba es que la Ley de Registro Civil es de 2011 y aún no está operativa. “Un cambio en el actual contexto económico es un brindis al sol”, sentencia.
Joaquim Bosch es uno de los miembros más destacados de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), aunque en esta entrevista habla a título particular. Su colectivo es considerado como la rama progresista de la carrera y esta cuestión genera debate interno. Avisa de que en el caso de que se presentase ahora el anteproyecto “quedaría un camino larguísimo hasta su aprobación, casi al final de la legislatura”. “Hay algunos anteproyectos que han acabado en un cajón”, apunta.
“Lo que se plantea es dejar al juez como garante de derechos fundamentales, para eso tienen que cambiar muchísimas cosas. Implica una modificación de concepciones que aquí se han seguido muchos años y modificarse las conexiones que tiene el Gobierno con la Fiscalía. Ahora la Fiscalía es una parte del proceso y quien toma las decisiones es un juez independiente. Te pueden revocar resoluciones, pero no dar instrucciones”, dice.
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