El magistrado Manuel García Castellón ha descartado imputar a Iberdrola S.A en el caso Villarejo. El instructor toma esta decisión siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción que, tras meses estudiando esta posibilidad, se ha decantado por dejar fuera de la macrocausa a la eléctrica. De esta forma solo seguirá como imputada la filial Iberdrola Renovables, porque desde este ente se efectuó un pago al entramado del comisario jubilado relativo al último de los proyectos del Grupo Cenyt.
En un auto dictado este mismo viernes el magistrado explica que resultaría "no solo infundado sino también desproporcionado exigir a la matriz controlar todas las actuaciones de su filial". Al respecto razona que se trata de una actuación "propia y exclusiva" de Renovables y que nada se le puede atribuir a la eléctrica que preside Ignacio Sánchez Galán.
No identificamos un hecho propio en Iberdrola que justifique su llamada al proceso como investigada. Es la propia filial la que ha intervenido de manera directa y autónoma
El asunto sobre una posible imputación de la eléctrica vasca en el caso Villarejo se remonta a tiempo atrás, cuando Corneliu Dica, empresario que figura como perjudicado de uno de espionajes del comisario jubilado, solicitó al instructor que imputase a Iberdrola S.A como persona jurídica. Dica, que habría sido espiado en el marco del último proyecto que costeó Renovables, entendía que el servicio no iba para la filial, sino que era para la matriz, y por eso pidió su imputación.
"No intervino en el proyecto"
A esta solicitud se adhirió también Florentino Pérez (personado como acusación particular) alegando que el bautizado como proyecto Wind –último encargo de Iberdrola al Grupo Cenyt- lo pagó la filial pero la beneficiaria fue la matriz. Al respecto, también apuntó que la factura que se giró desde Renovables estaba alterada y que, además, la firma no tenía un sistema de cumplimiento normativo para prevenir la comisión de irregularidades.
Florentino Pérez expuso que, aunque la compañía se había comprometido a implantar un programa de prevención de delitos en diciembre de 2010, en realidad no lo hizo efectivo hasta julio de 2014. De hecho, el presidente de ACS acusó a la multinacional vasca de ocultar a la Audiencia Nacional su sistema de compliance vigente en 2011 insistiendo en que la firma debía comparecer como imputada por estos hechos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 precisa que, con respecto al proyecto Wind, no hay pruebas que impliquen a la multinacional vasca. "No consta a estos efectos que la sociedad matriz hubiera tenido intervención en la contratación del proyecto, con lo que no es posible trasladarle la responsabilidad penal como persona jurídica por omisiones en el control de un encargo en el que no ha participado ni se conocen ningún tipo de intervención, pues ello iría en contra del fundamento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas", reza el auto.
Así, el juez determina que hay indicios suficientes que implican a Iberdrola Renovables en este pago (como por ejemplo la documentación intervenida en el domicilio de Villarejo o las anotaciones de este último en sus agendas) pero no a la matriz. En relación a Antonio Asenjo dice que fue la persona que ejecutó la contratación en su condición de director de Seguridad. Al respecto argumenta que, el hecho de que ostentara este cargo en la matriz no implica que haya que actuar contra Iberdrola S.A, ya que en ese asunto concreto actuó en nombre de Renovables.
La tesis de Iberdrola
Iberdrola, por su parte, siempre ha mantenido que el proyecto Wind se costeó desde Renovables y que nada tiene que ver con la matriz. El representante legal de la filial, en su comparecencia ante el magistrado el pasado mes de enero, negó por completo que el abono de 29.500 euros efectuado en febrero de 2012 desde Renovables al entramado de Villarejo fueran para costear el proyecto Wind. Según expuso en realidad fueron unos gastos derivados de la oferta de este servicio en 2011 pero que, en ningún caso, se llegó a realizar.
En este contexto el magistrado dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronunciara si debía o no imputar en la causa a la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán. El Ministerio Público ha terminado por desligar a la compañía de la investigación penal, en sintonía con el criterio final adoptado por el juez. A ello se añade la reciente decisión del instructor de archivar la causa en esta pieza decimoséptima de Tándem para tres exaltos cargos de Iberdrola: el exnúmero dos de la compañía Francisco Martínez Córcoles; el exdirector corporativo de la eléctrica Fernando Becker y el que fuera jefe de Gabinete de Presidencia Rafael Orbegozo.
Tal y como informó este medio la Fiscalía Anticorrupción recurrió este archivo para estos dos últimos alegando que había indicios de que eran conocedores de las contrataciones de Iberdrola a Villarejo entre los años 2004 y 2017. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por su parte, acaba de ratificar el archivo para el que fuera jefe de gabinete de Ignacio Sánchez Galán el cual, por su parte, sigue imputado en el procedimiento.
