Fin del caso Plus Ultra. La juez que ha investigado a la aerolínea por el rescate de 53 millones de euros da carpetazo a las diligencias penales sin ni tan siquiera haber podido interrogar al representante legal de la empresa. Su decisión se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid le tumbara la imputación de la firma ya que la acordó fuera del plazo de la instrucción.
La magistrada especifica en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli que, tras las diligencias practicadas sobre el rescate de Plus Ultra, no se puede constatar la comisión de los delitos por los que se abrió la causa en abril del año pasado. Al respecto sostiene que, en relación con los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación el Consejo Gestor de la SEPI que autorizó el desembolso no fue el responsable ya que estaba sujeto a la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez.
El Consejo Gestor no tiene capacidad decisoria sobre la subvención. Él se limita a elevar la autorización del Consejo de Ministros
"El Consejo Gestor no tiene capacidad decisoria sobre el tema de la subvención acordada, él se limita a elevar a la autorización del Consejo de Ministros la aprobación de las operaciones, en este caso, hasta el Consejo de Ministros de fecha 9 de Marzo de 2021, no se autorizó", reza el auto de la juez la cual emplea el mismo argumento para el delito de cohecho: "El Consejo Gestor no tiene capacidad de decidir, sólo lo hace el Consejo de Ministros", concluye.
Del mismo modo la titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid recalca que no se ha apreciado tráfico de influencias en el desembolso de los 53 millones de euros para rescatar a Plus Ultra y que, en relación al delito de obtención de subvenciones falseando las condiciones referidas, no se ha acreditado que la mercantil ocultara datos con el ánimo de defraudar.
Decidió el Gobierno, no la SEPI
"De esta forma, con lo datos obrantes en autos, habida cuenta que no es posible la práctica de otra diligencia en la causa, se ha sembrado una duda razonable sobre la comisión de algún tipo penal, en cuanto a las personas físicas y jurídicas frente a las que se ejercitó la acción penal, en el bien entendido que ellas carecían de capacidad de decisión, que se encontraba situada en el Consejo de Ministros que fue el órgano que acordó y aprobó la subvención a la mercantil Plus Ultra", concluye.
Así pues la juez pone fin a un procedimiento que se inició a tenor de una denuncia interpuesta por Manos Limpias al considerar que la aerolínea no cumplía con los requisitos exigidos por el Gobierno para recibir el millonario rescate. La juez abrió causa, admitió la querella de Vox así como la personación del PP y ordenó una serie de diligencias en aras a esclarecer si Plus Ultra presentaba pérdidas antes de la pandemia.
En todo este tiempo tanto la Fiscalía de la Comunidad de Madrid como la Abogacía General del Estado han reivindicado la legalidad de la actuación así como la no comisión de delito por parte de los miembros de la SEPI investigados por estos hechos. La aerolínea, por su parte, siempre ha defendido la operación, aunque el resultado del peritaje independiente del juzgado llevó a la magistrada a citarla en la causa.
Las dudas sobre Plus Ultra
Tal y como desveló Vozpópuli, la juez Esperanza Collazos imputó el 25 de mayo a Plus Ultra y le citó a declarar para el 15 de junio. Sin embargo, esta diligencia nunca se llegó a celebrar ya que la mercantil recurrió denunciando que para cuando se le citó la causa ya había superado sus doce meses de vida sin que fuera prorrogada. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que el plazo venció en abril, la imputación de mayo se acordaba fuera de tiempo.
La juez defendió su decisión, pero el asunto acabó en manos de la Audiencia Provincial de Madrid, la cual dio la razón a la firma. De manera que la causa abierta por prevaricación y fraude, entre otros delitos, termina archivada por una cuestión formal. Y ello pese a que el peritaje independiente encargado por el juzgado concluyó tras un exhaustivo análisis que había irregularidades que les llevaba a pensar que Plus Ultra no cumplió con los requisitos exigidos por el Gobierno para embolsarse 53 millones de euros de fondos públicos.
El principal motivo fue el hecho de que la firma habría cometido una serie de incorrecciones en sus balances de 2019 que llevaría a concluir que, a cierre de ejercicio, Plus Ultra estaba en causa de disolución. Ello implicaría que la mercantil, cuyo rescate ha estado envuelto en polémica desde la misma concesión del fondo, no estaría en condiciones de haber recibido parte de estos fondos destinados a empresas estratégicas afectadas por la crisis de la covid. La juez, sin embargo, apunta en la dirección contraria y archiva la causa por falta de indicios.
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