El Juzgado de primera instancia e instrucción número 5 de Estepona ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa abierta en relación con un ático que compraron el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su esposa, María Lourdes Cavero Mestre, en la localidad malagueña de Estepona en diciembre de 2012.
Respecto al delito de cohecho, el juez Eloy Marfil Gallardado detalla en el auto fechado a 13 de julio que "no existiendo indicios que permitan sostener que el origen del dinero utilizado por la sociedad estadounidense reseñada provenga del Sr. Cerezo Torres, o de cualesquiera de las entidades de las que es -o era- titular, partícipe o presidente, es procedente el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de dicho delito investigado".
Mientras, por el segundo delito investigado, el de blanqueo de capitales, relata que " no existiendo indicios que permitan sostener la comisión del delito de blanqueo referenciado, también es procedente el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de dicho delito investigado".
Con todo ello, el juez encargado del caso explica que "se acuerda el sobreseimiento provisional y el archivo de la presente causa, sin que proceda la reiteración o nueva práctica de las diligencias de instrucción interesadas por las acusaciones populares al estar ya resulta la cuestión sobre su admisibilidad en resoluciones anteriores dictadas por este Instructor que devinieron firmes".
La causa comenzó con una denuncia en 2012
La causa por dicho ático comenzó a ser investigada tras la denuncia formulada en 2012 por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y las pesquisas se centraban en cómo la sociedad norteamericana Coast Investor LLC primero alquiló y luego vendió al expresidente madrileño un ático, en una urbanización de lujo, en la denominada 'Milla de Oro' marbellí.
El expresidente de la Comunidad de Madrid siempre ha admitido que compró el ático de Estepona donde veraneaba y que fue en diciembre de 2012 cuando lo adquirió por un importe de 770.000 euros y, previamente fue inquilino, con un contrato de alquiler, desde julio de 2008.
El 80% de la propiedad pertenece a su esposa, ya que tienen separación de bienes, es decir, que ella pagó 566.000 euros y el resto, 154.000 euros, el expresidente de la Comunidad.
Para el fiscal del caso, que pidió el archivo del mismo, quedó acreditado cómo financió la compra el matrimonio, con "dinero no sospechoso", según la policía judicial.
De este modo, el juez basa su decisión del archivo en que no se ha podido conocer el origen de los fondos utilizados por Coast Investors para la adquisición de los inmuebles, ni tampoco el destino del dinero obtenido con su venta al matrimonio, por lo que la consecuencia de ello, tal y como indicó el Ministerio Público en su petición "es que se ignora cómo pudo financiar la entidad la compra de los inmuebles".
La investigación llevaba a cabo en esta causa versaba sobre la presunta existencia de un delito de blanqueo de capitales, "cuyo delito antecedente pudiera venir representado por los ilícitos de contenido económico que se investigan en la denominada Operación Lezo, causa seguida en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional".
Debido a ello se estimó proceder a la inhibición por razones de conexidad objetiva pero la Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga revocó la inhibición al no apreciar la necesaria conexión entre ambos procedimientos.
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