El magistrado Manuel García Castellón ha archivado la imputación de Repsol y CaixaBank por el encargo al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Se trata de los primeros sobreseimientos de dos clientes VIP del policía a quienes imputó en el marco de la pieza número 21 del caso Tándem. El instructor también archiva las diligencias para Antonio Brufau e Isidro Fainé, desligándolos de esta manera del encargo que giraron al Grupo Cenyt en el año 2011 para espiar a Luis del Rivero.
Las pesquisas seguirán abiertas contra Villarejo y los exjefes de seguridad de Repsol (Rafael Araujo) y de Caixa (Miguel Ángel Fernández Rancaño). Sin embargo, el instructor considera que los entonces presidentes de la petrolera y el banco no deben rendir cuentas en este procedimiento penal porque no se puede acreditar su participación en la contratación del comisario. Además, explica que de la documental aportada por las dos firmas se desprende que esta gestión no recaía en el ámbito de control de los presidentes, sino el de sus directores de seguridad.
Pese a ello, razona en su auto que las pruebas que existían en la causa "hacían necesaria" la llamada de ambos presidentes. Se refiere el instructor a las conversaciones recogidas entre los exjefes de seguridad en las que apuntaban al temor de Brufau por el intento de asalto al capital de Repsol de Luis del Rivero o al informe del director de cumplimiento normativo que apuntaba a la existencia de un acuerdo entre Brufau y Fainé en compartir los servicios contratados a Cenyt. Sin embargo, el juez les da la razón y concluye que no hay pruebas que demuestren que sabían que se estaba contratando al comisario.
"No tienen obligación de vigilancia"
"No consta participación del Sr. Fainé en la contratación de la mercantil Cenyt, que, recordemos, fue ejecutada por el Sr. Fernández Rancaño (...). Tampoco consta en las actuaciones que Antonio Brufau tuviese conocimiento de a qué empresa se contrataba, ni de la existencia del Sr. Villarejo Pérez", sostiene García Castellón, el cual matizaz que "en toda la documentación aportada por ambas compañías no se desprende que estos tengan una obligación de supervisión y vigilancia, sino más bien al contrario".
A ello añade que en el ordenamiento jurídico no cabe responsabilidad objetiva por razón de cargo, de ahí que considere que es imposible mantener las imputaciones de Brufau y Fainé. Además recuerda que "se deben evitar los daños reputaciones de naturaleza empresarial" como ocurre en este caso. Cabe recordar que, además de Repsol y Caixa, en la causa también figuran implicados otros grandes clientes VIP del comisario como Mutua, BBVA o Iberdrola Renovables, a quienes también se le atribuye delito de cohecho por contratar a Villarejo mientras estaba en activo en la Policía Nacional.
No fallaron los controles
En lo que respecta a Repsol y CaixaBank como personas jurídicas, García Castellón explica de manera pormenorizada que deben quedar fuera del procedimiento porque no fallaron sus controles internos. El magistrado dedica gran parte del auto a argumentar que no se les puede seguir investigando porque de la documental aportada y de las declaraciones prestadas esta misma semana se concluye que había una "cultura de cumplimiento normativa debidamente instaurada" en las dos sociedades.
"La existencia de un sistema de cumplimiento normativo no puede medirse desde la exigencia de una 'eficacia absoluta' de suerte que su mera existencia impida la aparición de cualquier delito, sino desde la capacidad del ente corporativo de prevenir y, en su caso, reaccionar de forma eficaz frente al delito", explica el juez el cual deja de este modo la responsabilidad de la contratación en los exjefes de seguridad de Repsol y Caixa.
Se trata de un tesis que los representantes legales de ambas compañías defendieron esta semana en sede judicial. Así, mientras Caixa delegó la contratación en Repsol, la petrolera insistió en que no cometieron ninguna irregularidad con la contratación. Además, también apuntó que, lejos de lo sostenido por los investigadores, no tenían medios para contrastar que el comisario estaba en activo en la Policía ya que, aunque Araujo y Fernández Rancaño eran agentes, ambos estaba en excedencia y en segunda actividad, respectivamente. Ello les impedía consultar las bases de datos que solo son accesibles para miembros del cuerpo.
Proyecto Wine
Frente a esta tesis se encuentra la de la Fiscalía Anticorrupción que propuso las imputaciones de Repsol y Caixa amparándose en que las facturas estaban troceadas y que no recogían los conceptos reales del cometido. El mismo se gestó a finales de 2011 y tenía como objetivo principal poner el foco en Luis del Rivero por su intento de acción sindicada con Pemex para hacerse con un tercio de las acciones de la petrolera.
En su interrogatorio ante el juez en diciembre del año pasado, Araujo (que reconoció que gestionó el mismo la contratación) dejó claro que el temor era máximo ya que no querían que la empresa estatal mexicana se hiciera con los activos internacionales de la petrolera. Del mismo modo se pronunciaron Brufau y Fainé. Este último, aunque delegó la gestión del asunto en Repsol, admitió que en Caixa también había inquietud con la acción de Del Rivero ya que amenazaba de manera directa a los fondos de la Fundación La Caixa que preside.
Por ese motivo los entes contrataron al comisario, el cual presupuestó el trabajo en cerca de un millón de euros, si bien finalmente les terminó cobrando poco más de 400.000 euros. Los pagos se efectuaron entre 2011 y 2012 desde las cuentas bancarias de ambas firmas al Grupo Cenyt. De acuerdo con los informes preliminares de actuación, Villarejo se centró en espiar a Del Rivero, a su familia, y al exjefe de seguridad de Sacyr, Rodrigo Álvarez (a quien apodaba Cid). Para ello controló el tráfico de llamadas e investigó los vínculos de Del Rivero con directivos de Pemex.
La documental incautada por los agentes en el domicilio de Villarejo y su socio Rafael Redondo permitió acreditar que el comisario recogió informaciones registrales y los contactos directos del entonces presidente de Sacyr para buscarle alguna "actuación irregular". Las pesquisas han evidenciado que Villarejo ofreció sus servicios a Repsol y Caixa a la par que lo hizo con el empresario murciano, si bien éste declinó la propuesta. Con todo, Del Rivero ostenta la condición de doble perjudicado del policía ya que litiga en esta pieza y en la relativa a las contrataciones del BBVA.
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