La denuncia de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid sobre una presunta estafa en UGT ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 21 de la capital. La magistrada Concepción Rodríguez Acevedo, que estuvo al frente del caso de los bebés robados durante la dictadura, asumirá ahora la denuncia del Ministerio Fiscal contra un total de cinco personas por delito continuado de estafa y falsedad en documento mercantil por estos hechos que se produjeron entre 2019 y 2021.
Así lo confirman fuentes jurídicas a Vozpópuli, que precisan que este juzgado estudiará la denuncia del Ministerio Fiscal tras su envío a decanato esta misma semana. De esta forma la instructora decidirá si la admite a trámite o bien desestima la petición de que se investigue a este grupo de personas en el que se encuentra la hija de la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, María del Carmen López Ruiz.
La denuncia la sitúa como la principal responsable de una estafa en UGT Madrid que supera ligeramente los 2 millones de euros. La misma se presentó esta semana pasada en el juzgado tras más de tres meses de pesquisas. El foco se puso en esta empleada del sindicato que llegó a librar de manera fraudulenta 279 cheques a nombre de terceras personas para, tras su correspondiente autorización, terminar cobrándolos ella y los otros denunciados.
La denuncia de UGT
El exsecretario general de UGT Madrid Luis Miguel López Reíllo -que dimitió en diciembre del año pasado por estos hechos- fue el que puso en conocimiento de la Fiscalía la presunta estafa. El denunciante explicó que María Carmen Tomás López, encargada del pago de expedientes del Fogasa, "urdió un plan" para apoderarse de más de un millón de euros de las cuentas del sindicato manipulando cheques. La dinámica consistió en que, una vez firmados, sustituía al beneficiario y se apoderaba de estos fondos.
En su denuncia presentada ante la Policía Judicial de Madrid, Reíllo incluyó documentación tanto en CD como en formato papel sobre las cuentas de UGT y los recibís de los presuntos cheques manipulados. En paralelo también alertó de estos hechos la comisión gestora de la Federación de UGT Madrid. El ente avisó de que esta empleada estaría alterando cheques y dándoles apariencia de legalidad para, una vez firmados, alterar los mismos de la cuenta bancaria del sindicato.
Al respecto contabilizaron hasta un total de 141 cheques solo en el año 2021, lo que supondría una cantidad estafada de 1,1 millones de euros en ese ejercicio, aunque el origen de la conducta se remonta a 2019. Toda esta información remitida a la Policía dio pie al inicio de unas pesquisas que, tres meses después, aterrizan en un juzgado de Madrid. En este tiempo el Ministerio Fiscal ha acordado diligencias de calado que vinieron a acreditar, según sostiene, las sospechas de los denunciantes de UGT.
La información bancaria
La Fiscalía unificó las denuncias y acordó una serie de diligencias que terminaron por inclinar la balanza para poner este asunto en manos del juzgado. Así, se tomó declaración a López Reíllo, se ofició al Grupo 26 de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Madrid para que se encargase de la investigación y se rastreó el patrimonio de los cinco denunciados (entre los que se encuentra el marido de la principal acusada).
El Ministerio Fiscal explica en su escrito que realizaron averiguaciones patrimoniales de los denunciados y se libraron también mandamientos a seis bancos. Los investigadores requirieron a las entidades que remitieran información sobre la identidad de las personas que cobraron los cheques fraudulentos, las cuentas bancarias donde se cobraron y los movimientos bancarios de una de ellas. Ello permitió concluir que, de todos los cheques fraudulentos, 138 de ellos los cobró Tomás López en una cuenta abierta en la entidad de CaixaBank.
La Fiscalía recoge todos estos hechos en su denuncia en la que precisa que la competencia para investigarla es de los juzgados de Plaza Castilla, teniendo en cuenta que es en Madrid donde se cometieron los hechos y donde está ubicado el domicilio del sindicato en su condición de perjudicado. Además, matizan que algunos de los cheques fueron pasados al cobro en diversas sucursales también de la capital.
Beneficiarios falsos
El Ministerio Público detalla que aprovechando sus funciones y bajo la apariencia de librar cheques en favor de diversos trabajadores que habían sido despedidos y que habían encargado a UGT Madrid que tramitara su indemnización, presentó diversos cheques para que los firmasen los autorizados del sindicato. En estos documentos puso como beneficios el nombre y apellido de diversos médicos y maestros que habían superado una fase de oposición y que escogió aleatoriamente.
De hecho, lo hizo siguiendo diversos listados publicados en Internet, sin que tuvieran ninguna relación con UGT Madrid ni hubieran solicitado sus servicios para el cobro o tramitación de indemnizaciones. Una vez firmados los cheques simulaba que estos supuestos beneficiarios los recibían y entonces sustituía sus nombres por el de los implicados en la trama (todos personas de su núcleo más cercano). Los investigadores matizan que actuaban en connivencia con ella y que le ayudaron a apoderarse de estos fondos, los cuáles ascendieron a 2 millones de euros.
Por ello pide al juzgado que investigue a la protagonista de la historia como autora de los delitos continuado de estafa y falsedad en documento mercantil y a las otras cuatro personas como cooperadores necesarios. Aunque los fondos se desviaban a las cuentas de estos colabores, los investigadores han constatado que, a su vez, remitían parte de los mismos a las cuentas de la hasta ahora empleada de UGT.
