El juez que investiga a Begoña Gómez por presunta corrupción en el sector privado y tráfico de influencias ha avisado de que mantendrá el secreto de la causa. El juez Juan Carlos Peinado, que acaba de citar a nuevos testigos en el procedimiento, traslada de esta forma a las partes su intención de proteger al máximo la investigación penal que sigue su curso en los juzgados de Madrid.
Con todo, ha levantado de manera excepcional el secreto que pesa sobre las diligencias para dar traslado a la acusación popular del contenido de las declaraciones que prestaron la semana pasada los periodista citados por sus informaciones sobre las cartas de apoyo de Begoña Gómez a Carlos Barrabés.
Así se desprende de una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid explica que "a fin de preservar el principio de igualdad de armas", da traslado al partido Vox, personado en la causa, del contenido de las testificales del pasado viernes. El motivo reside en que la defensa letrada de la formación no fue notificada en tiempo de estas comparecencias "debido a deficiencias técnicas en los medios tecnológicos".
Acceso de la declaración de los periodistas
Por ello, el juzgado levanta "con carácter excepcional" el secreto que pesa sobre las actuaciones y les da traslado de las mismas, así como de la documental que aportó el director de El Confidencial, Ignacio Cardero. De esta forma la acusación tendrá la misma información que el abogado de Begoña Gómez, el cual sí asistió a la comparecencia de los periodistas citados.
La mujer del presidente del Gobierno se personó en esta causa bajo la defensa letrada de Antonio Camacho. El que fuera fiscal y ministro del Interior bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se personó en esta causa después de que Hazte Oír interpusiera querella contra la mujer del líder del PSOE.
Con carácter excepcional y sin perjuicio de que se mantenga el secreto de actuaciones, se acuerda, a fin de preservar el principio de igualdad de armas, poner en conocimiento de la misma el contenido de las declaraciones testificales llevadas a cabo en el día de hoyProvidencia del juez Peinado
Dicha querella se interpuso toda vez que el juez admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias en la que se pedía investigar a Gómez por sus cartas de apoyo al empresario Carlos Barrabés. La denuncia contenía recortes de prensa en relación a las adjudicaciones que el organismo Red.es, dependiente entonces del Ministerio de Economía que dirigía Nadia Calviño, otorgó a la alianza empresarial de Barrabés con The Valley.
Entre las noticias recogidas se encontraba una información de El Confidencial relativa a una carta de apoyo firmada por la propia Begoña Gómez recomendando la UTE integrada por Innova Next (consultora del grupo Barrabés) y The Valley Digital Business School. Dicha recomendación se prestó para la licitación de Economía sobre el programa conecta formación e inserción laboral en desempleados.
La UTE de Barrabés consiguió el contrato que licitó el Gobierno de Pedro Sánchez y lo mismo ocurrió con otra adjudicación, también de Red.es sobre el 'Servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital'. En este último caso consiguieron dos lotes (el primero y tercero) del total de seis incluidos en este contrato por un valor cercano a los 21 millones de euros.
Las recomendaciones de Begoña Gómez
En los tres casos la UTE de Barrabés se impuso al resto de empresas que también optaron a la licitación, aunque en ninguno de ellos fue la oferta más barata. La UTE del consultor aragonés cuya adjudicación recomendó Begoña Gómez, se impuso en el apartado de valoración subjetiva, que contaba un 40% del cómputo global. En total, con los tres lotes se adjudicó poco más de 10 millones de euros de fondos públicos.
El magistrado, que ha encargado la investigación de las pesquisas a la Guardia Civil, trata de esclarecer si las recomendaciones que prestó la mujer de Pedro Sánchez a las empresas de Barrabés influyeron en la licitación por parte de la Administración pública. Por ese motivo, y tras escuchar en sede judicial a los periodistas, ha citado para los próximos 6 y 7 de junio a un total de seis testigos, entre los que se encuentra el propio Barrabés.
El consultor aragonés será preguntado no solo por los pormenores de estos contratos, sino también por sus vínculos con Begoña Gómez, toda vez que impulsó el máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige la empresaria.
A su vez, también están citados el que fuera administrador de Innova Next, Luis Antonio Martín Bernardos; el director general de Red.es en el momento de las adjudicaciones, David Cierco Jiménez de Parga; su sucesor en la cúpula del ente; Alberto Martínez Lacamba; el director adjunto de la Asesoría Jurídica, Ignacio Espejo-Saavedra; y el director de Economía Digital en Red.es desde 2018, Luis Prieto Cuerdo.
Investigar los contratos públicos
Este último fue el que firmó los lotes primero y tercero del informe de valoración del contrato para el 'Servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital', mientras que el entonces director de Red.es Jiménez de Parga hizo lo propio con las condiciones específicas del pliego de cláusulas administrativas.
De esta forma el juez Peinado pone el foco en los contratos públicos que concedió la administración tras las misivas de Begoña Gómez. Al respecto, uno de los puntos clave en los que se ciñe la investigación reside en el peso que pudieron tener o no las recomendaciones que aportaron las empresas que licitaron a los contratos.
Como informó este medio, el informe del Gobierno sobre la adjudicación de dos lotes valoró positivamente las cartas de apoyo de la UTE de Barrabés, pese a que no se hacía alusión a las mismas en la cláusula de pliegos. Por contra, penalizó la ausencia de cartas de apoyo de aquellas empresas que no aportaron sus recomendaciones.
Aunque la investigación acaba de arrancar en el juzgado, la UCO de la Guardia Civil ya habría enviado un primer informe descartando indicios de delito con la actuación de la mujer del presidente del Gobierno, según informó el diario El País. Con todo, el juez sigue adelante con las pesquisas a la espera de que la Audiencia Provincial de Madrid resuelva el recurso de apelación que interpuso directamente la Fiscalía contra la apertura de estas diligencias.
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