El juez que investiga a Begoña Gómez le ha respondido que la causa sigue adelante aunque la Fiscalía Europea haya asumido parte de las pesquisas. El instructor Juan Carlos Peinado ha precisado que su interpretación acerca de que esta causa no puede tener más recorrido es una "conclusión interesada" puesto que hay dos líneas de investigación más que seguirán instruyéndose.
En una providencia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez responde a la mujer del presidente del Gobierno la cual, la semana pasada, pidió que le aclarara los motivos por los que le investiga después de que la Fiscalía Europea asumiera la parte relativa a los contratos de Red.es que se adjudicaron a su socio Carlos Barrabés.
El instructor le indica que la parte que afecta al consultor aragonés es uno de los tres bloques que componen estas pesquisas y que interpretar que las mismas van a quedar en punto muerto tras la irrupción de la Fiscalía Europea "no se ajusta a la realidad". Al hilo recuerda que la Audiencia Provincial de Madrid le avaló para mantener la instrucción en contra de lo solicitado por la Fiscalía.
Nuevos documentos
"La afirmación que se contiene en el referido escrito de (Begoña Gómez) es una interpretación subjetiva, que extrae una conclusión interesada y no ajustada a la realidad", responde Peinado, el cual recuerda que la Audiencia de Madrid no solo vio "claros indicios" de delito en los contratos públicos a Barrabés, sino en "tres bloques fácticos de documentos".
Al respecto, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid sostiene que "existen otros dos bloques" de documentos, más allá de los transferidos ahora a la Fiscalía Europea, que deben seguir investigándose en estas diligencias abiertas contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Los contratos a los que se refiere el auto (de la Audiencia de Madrid) por el que se concede la avocación parcial a la Fiscalía Europea, es un bloque, pero existen otros dos bloques, que no conciernen a esos contratos Providencia del juez Peinado
"Por tanto (...) los hechos por los que se sigue llevando a cabo las diligencias de instrucción, que son competencia de este Juzgado, son todos los que constan en las actuaciones, que como se ha dicho, pueden ser conocidos cuando estime conveniente (...) a excepción de aquellos hechos cuyo conocimiento han sido avocados a favor de la Fiscalía Europea", reza el juez.
Del mismo modo explica que la Audiencia Provincial de Madrid solo tuvo en consideración cuando resolvió el recurso de la Fiscalía la información que constaba en las actuaciones. Los magistrados se pronunciaron sobre la denuncia de Manos Limpias que dio inicio a las diligencias a falta de estudiar los "nuevos documentos" que han aportado los testigos.
Causa contra Begoña Gómez
De esta forma, los magistrados no estudiaron el informe de la UCO aportado a la causa y que exculpa de manera preliminar a Begoña Gómez de cualquier actuación irregular ni otros documentos que se han aportado las últimas semanas.
Precisamente a raíz del informe de la Guardia Civil, el instructor solicitó todos los contratos que entes públicos como el Consejo Superior de Deportes, Red.es o el Ayuntamiento de Madrid otorgó a Carlos Barrabés y sus firmas en el último año. Ello es así porque la UCO determinó que las firmas de este empresario que impulsó el máster de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid, se han llevado 25 millones de euros en contratos de la administración pública.
La Fiscalía Europea, por su parte, ha asumido las diligencias que afectan a los dos contratos que Red.es adjudicó a Barrabés por haberse costeado con fondos comunitarios. El ente solicitó información de las pesquisas apenas días después de que se abriera la causa contra Begoña Gómez para verificar su competencia en estos hechos.
Tras analizar dichos contratos (que sumaban poco más de 10 millones de euros) la Fiscalía Europea solicitó a Peinado esta parte de la instrucción; requerimiento al que accedió el juez. Además, el ente también acudió a la sede de Red.es (que en el momento de los hechos dependía del Ministerio de Economía) y requisó correos electrónicos y documental que ya analizan los agentes de la Guardia Civil.
