El juez que instruye la causa contra Begoña Gómez ha decidido monitorizar las visitas del fiscal del caso al juzgado. El enfado de Juan Carlos Peinado viene propiciado por la "insistencia" del representante del Ministerio Público en conocer no sólo las resoluciones dictadas "sino las que pudieran llegar a dictarse". Una situación "inhabitual" que ha obligado al magistrado a apercibir al fiscal ante sus visitas personales al juzgado para conocer "de inmediato" las resoluciones judiciales, antes incluso de que estas pudieran ser notificados siguiendo el procedimiento ordinario.
El titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid ha dictado una providencia en la que menciona su sorpresa ante la actitud procesal de la Fiscalía. Insiste en "lo singular de la interposición del recurso de apelación" por parte del Ministerio Público de manera automática contra el auto de apertura de diligencias; un movimiento que considera "totalmente inhabitual".
La Fiscalía Provincial de Madrid se oponía al juez y solicitaba el archivo de la causa contra la mujer de Pedro Sánchez, justo después de que el presidente del Gobierno anunciara su intención de suspender durante cinco días su agenda. El recurso continúa a la espera de la decisión de la Audiencia Provincial, mientras el juez Peinado continúa con la instrucción.
La investigación sobre los negocios de la esposa del presidente del Gobierno y su relación con empresas privadas beneficiarias de fondos públicos coge vuelo. A fin de confirmar los puntos señalados en la denuncia de Manos Limpias, que ha dado lugar a la causa, el juez ha acordado llamar a declarar como testigo al empresario Juan Carlos Barrabés, así como a cuatro cargos de la Red.es, el ente público que otorgó dos contratos millonarios al patrocinador de Begoña Gómez.
En paralelo, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil continúa con sus pesquisas, después de que esta semana los investigadores entregaran un primer informe preliminar al juzgado. Con él sobre la mesa, el juez ha librado oficio a la Policía Nacional para que remita a la mayor brevedad al juzgado copia del DNI de Begoña Gómez.
Además, en una providencia el instructor confirma su intención de continuar con el secreto de las actuaciones, pero dando traslado a las partes de cierta información esencial para evitar indefensiones. El magistrado levanta de manera excepcional el secreto de sumario para dar traslado a la acusación popular ejercida, en el momento de la emisión del escrito, por únicamente por la representación legal de Vox. Ahora, se une bajo esta condición Aitor Guisasola, en representación de Movimiento de Regeneración Política de España.
El objeto de la decisión acordada por el juez Peinado no es otra que trabajar en igualdad de condiciones para todas las partes involucradas en la causa. Y es que, según informó este medio el viernes pasado el abogado de Begoña Gómez, el socialista Antonio Camacho, sí pudo estar presente durante la declaración de los dos periodistas que comparecieron ante el juez.
El magistrado actúa a tenor de la denuncia presentada por Manos Limpias en la que se recogen varias informaciones periodística sobre las relaciones personales de Begoña Gómez y varios empresarios. En la diana, Carlos Barrabés y Javier Hidalgo, cuyas empresas recibieron cantidades millonarias del Ejecutivo liderado por su marido.
El nombre de Barrabés saltó a la palestra después de que se hicieran públicas dos cartas de recomendación firmadas por la mujer de Pedro Sánchez a favor de Innova Next, operación que podría haber ayudado al empresario a conseguir la adjudicación por parte del organismo público. A fin de aclarar cómo se concedieron los contratos denunciados por Manos Limpias, el juez ha llado a declarar a Carlos Barrabés, promotor del máster de Begoña Gómez y Luis Antonio Martín Bernardos, quien fuera administrador de la empresa.
El resto de citados son: el director general de Red.es en el momento de las adjudicaciones, David Cierco Jiménez de Parga; su sucesor en la cúpula del ente; Alberto Martínez Lacamba; el director adjunto de la Asesoría Jurídica, Ignacio Espejo-Saavedra; y el director de Economía Digital en Red.es desde 2018, Luis Prieto Cuerdo.
Asimismo, la investigación que rodea a la mujer del presidente también pone el foco en las reuniones secretas que esta tuvo con el comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama y Javier Hidalgo, CEO de Globalia. Según apuntan diversas informaciones, recogidas en la denuncia de Manos Limpias, dichos encuentros se habrían producido en los meses de junio y julio de 2020. Poco después, el Gobierno de Pedro Sánchez concedió a la compañía un rescate millonario por 475 millones de euros.
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