El magistrado Juan José Escalonilla ha archivado el caso Neurona que seguía desde hacía tres años contra Podemos y altos dirigentes del partido. El instructor toma esta decisión a tenor de lo concluido en el informe pericial sobre los trabajos de esta consultora, de manera que se descarta que la formación morada se apropiara indebidamente de fondos electorales.
En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid acuerda el archivo provisional de la causa que se seguía contra el que fuera responsable de comunicación de Podemos, Juan Manuel del Olmo; el extesorero Daniel Martínez de Frutos; el exadministrador del partido Carlos García Ramos y el que fuera administrador de la filial de Neurona en España, Elías Castejón.
De esta manera el magistrado pone fin a un procedimiento que nació hace tres años y por el que se imputó también a la formación en su condición de persona jurídica y al fundador de la misma, Juan Carlos Monedero.
La denuncia que dio inicio a este procedimiento apuntó a la posible simulación de un contrato que suscribió en febrero de 2019 el partido que entonces lideraba Pablo Iglesias y Neurona, mercantil con sede en México dedicada a elaborar servicios de índole electoral.
La contratación de Neurona
La Policía Judicial investigó si el contrato suscrito para las generales de ese año por 363.000 euros simuló transferencias realizadas para a una sociedad mexicana con la finalidad de contribuir al pago de campañas electorales en otros países o bien en pago de créditos obtenidos por Podemos.
El juez Escalonilla explica en su auto de archivo que de las diligencias practicadas estos tres años ha quedado constatado que sí se prestaron los servicios objeto de dicho contrato por parte de Neurona Consulting. Del mismo modo y a tenor de la información aportada por Podemos, se ha acreditado que estos trabajadores se desplazaron a España durante la campaña electoral y que realizaron los trabajos contratados por el partido.
Así lo constataron por ejemplo los dos testigos clave del procedimiento que declararon por orden de la Audiencia Provincial de Madrid. Todas las partes que integran la causa -imputados y acusaciones- solicitaron que Waldemar Aguado y Germán Cobos, ambos empleados de la matriz de Neurona en México, comparecieran en la causa. Los dos confirmaron que los trabajos se realizaron.
No obstante, el juez ordenó que se realizara una pericial independiente al constatar que algunos de los encargos a Neurona los realizaron los propios empleados de Podemos. En concreto, detectó que no se realizó la cobertura gráfica ni audiovisual de la campaña electoral, salvo en siete actos y a instancia de los trabajadores de Podemos.
El magistrado encargó una valoración independiente tras constatar que en el informe de los gastos de campaña que Podemos remitió al Tribunal de Cuentas presentó una partida de 110.000 euros de gastos por "la cobertura gráfica y audiovisual de la campaña". No obstante, la pericial independiente que se acabó aportando hace unas semanas al juzgado no ha evidenciado irregularidad alguna con la actuación de Podemos.
El juez corrige la pericial
Por ello, la Fiscalía respaldó recientemente el criterio del juez de archivar las diligencias tanto para Podemos como para Juan Carlos Monedero. En su escrito, la fiscal del caso aprovechó para descartar cualquier ilícito penal con estos hechos. "Desde el principio hemos mantenido que no había indicio alguno de financiación irregular, lo que ha sido confirmado de las diligencias practicadas a lo largo del procedimiento. Y lo hemos reiterado en sucesivos informes", expuso.
Ahora el magistrado va más allá y archiva las diligencias en su conjunto, aunque corrige el criterio del perito Aleix Sanmartín. El experto valoró los trabajos de Neurona en 358.500 euros, si bien dice que de ahí habría que restar los 50.000 euros que atribuye al equipo de seguimiento de campaña electoral; tarea que entiende que no realizó la consultora. Por todo ello determina que el valor real sería de poco más de 300.000 euros.
"Cabe concluir en base a lo anterior que no consta indiciariamente acreditado que el numerario de la cuenta electoral desde la que se abonó el importe de dicho contrato fuera distraído para fines distintos a los contemplados en la LOREG, razón por la cual no cabe apreciar la presunta comisión de un delito de apropiación indebida de fondos electorales", sentencia el magistrado.
Con este archivo se pone punto y final a un procedimiento que llegó a tener múltiples líneas de investigación abiertas y que, como ocurre ahora, se fueron archivando por falta de pruebas. Tal es el caso de la pieza sobre la 'niñera de Irene Montero, la investigación por las donaciones del 'Proyecto Impulsa' o las pesquisas abiertas por la reforma de la sede de Podemos.
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