El exjefe del Comité Ténico de Árbitros Victoriano Sánchez Arminio y el exsecretario Raúl Massó comparecerán como investigación en la Audiencia Nacional el próximo 3 de abril. El juez que investiga el caso Soule les ha citado para esta fecha después de que la Sala de lo Penal ordenara este martes su imputación para que se pronuncien sobre un presunto desvío de 8 millones de euros de la partida de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para gastos arbitrales.
Así consta en una providencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli y en la que el magistrado Alejandro Abascal les cita a declarar a partir de las 10.00 horas. El magistrado que investiga presuntas irregularidades en la Federación bajo el mandato de Ángel María Villar acata la orden de la Sala de lo Penal y acuerda tomarles declaración como imputados. Cabe recordar que tanto Sánchez Arminio como Massó ya comparecieron como testigos en febrero del año pasado.
SIn embargo, el peritaje elaborado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y del que se tuvo conocimiento a mediados del año pasado desveló que se habrían podido desviar cerca de 8 millones de euros de la partida que la Federación dispone para gastos y honorarios arbitrales. Por ese motivo, La Liga -que litiga como acusación en el procedimiento- pidió al juez que imputara al exjefe de los árbitros y a Massó para que explicaran los hechos.
Fondos de La Liga
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 se negó en un primer momento al considerar que este caso Soule está prácticamente en su recta final tras más de cinco años de instrucción. El órgano que preside Javier Tebas recurrió su decisión al igual que hizo la Fiscalía Anticorrupción, que entiende que sí es pertinente que Sánchez Arminio y Massó deben comparecer como imputados tras lo recogido en el peritaje de la IGAE.
Al respecto La Liga expuso que el órgano que dirige Luis Rubiales debía explicar los motivos que le llevaron a que entre los años 2009 y 2017 se destinaran parte de los fondos aportados por este ente "a fines distintos a los previstos en los convenios de colaboración". Por eso no solo pidieron las imputaciones del antiguo jefe de los árbitros y de Massó, sino que también solicitaron que se imputara en esta causa de corrupción a la Federación.
La Sala de lo Penal ha admitido parcialmente su recurso ya que, aunque entiende que hay que imputar a los colegiados, descarta implicar en el caso a la RFEF. En su respuesta, conocida este mismo martes, explica que la citación como imputados no es "tardía" y que el hecho de que ambos declararan como testigos no es óbice para volverles a llamar ahora como imputados. "No es sino la existencia o no de indicios racionales y suficientes de la criminalidad lo que ha de determinar si la solicitud de incorporación de las personas citadas", añade.
El principal motivo de la Sala de lo Penal para ordenar ahora su imputación reside en los informes periciales de la IGAE los cuáles están ahora mismo pendientes de ampliación. Al respecto recuerdan que las aportaciones realizadas por La Liga correspondiente a los honorarios arbitrales excedieron de los gatos contabilizados por la Federación en la suma de 7,99 millones de euros. El peritaje concluyó, además, que la diferencia no se encontraba "justificada" y que tales fondos no habían ido a su fin.
Órdenes de Sánchez Arminio
"De lo instruido se desprenden indicios de que, en la decisión de destinar tales fondos a otro tipo de gastos, diferentes a los previstos en los convenios, habrían intervenido tanto el presidente (Sánchez Arminio) como el Secretario Técnico del CTA (Raúl Massó)", explican los jueces. Cabe recordar que el primero de ellos fue presidente entre los años 1996 y 2019 y el segundo ostentó el cargo de secretario entre 2002 y 2008.
A todo ello la Sala añade las testificales prestadas por algunos colegiados que han desfilado por el caso Soule como David Fernández, Carlos del Cerro, Antonio Miguel Mateu o Alberto Undiano quienes señalaron a los dos imputados como las personas que les remitieron un documento para aplicar el llamado "remanente" en agosto de 2010. Con el remanente se refieren a las cuantías que, según la IGAE, se habrían desviado de sus destinos originales.
Además, se amparan en la declaración que prestó el contable del Comité Técnico de Árbitros Benito Cornejo quien en su comparecencia judicial dijo que seguía las órdenes de su presidente para hacer los pagos correspondientes. La Federación, por su parte, remitió un escrito a la Audiencia Nacional en el que no solo se oponía a imputar a Sánchez Arminio y a Massó sino que apuntaba que La Liga no tiene legitimidad alguna para reivindicar estos pagos ya que no son públicos ni provienen de las quinielas sino que los aportan los clubes y, por tanto, son privados.
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