Golpe de efecto en la causa del tito Berni. La magistrada que investiga la red liderada por el exdiputado del PSOE acaba de acordar una batería de diligencias entre las que se encuentra citar para el próximo 29 de junio al político canario, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, y a su sobrino y exdirector general de Ganadería, Taishet Fuentes. Además, imputa a otras seis personas más, entre las que destacan varios cargos políticos.
Así consta en una providencia de la magistrada María de los Ángeles Lorenzo-Cáceres, que avanza Vozpópuli y en la que indica que las comparecencias tendrán lugar entre los días 28 y 29 de junio. En lo que respecta a 'tito Berni' y a Taishet Fuentes, la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Tenerife hace hincapié en que es una "declaración ampliatoria" ya que ambos comparecieron en el juzgado tras el estallido de esta causa el pasado mes de febrero.
Además, también ordena realizar una pericial caligráfica de estos dos imputados en aras a contrastar su escritura, aunque no ofrece más detalles al respecto. En relación a los seis nuevos investigados destaca Celedonio Castro Marrero, exconcejal de Coalición Canaria, cuyo papel en esta causa habría sido el de ocultar las comisiones que facilitaron las empresas implicadas en la red del 'tito Berni' para asegurarse a cambio tratos de favor ante la Administración canaria.
Más políticos salpicados en la red
El exedil, que ejerce como taxista en Tenerife, declara el 28 de junio junto con Rubén Fuentes Pérez y las también investigadas Marta Isabel Suarez Cueva y Aranxa Suarez Cueva. Se trata de las hijas de José Suárez Estévez, 'el Drones'; uno de los empresarios de la red acusado de amañar contratos gestionados por la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) para el suministro de drones.
Un día después de la comparecencia de las hijas del empresario valenciano lo harán otras cuatro personas más: dos imputados y dos testigos. En condición de investigados desfilarán por el juzgado el viceconsejero del sector primario de Canarias Álvaro de la Barcena Argany y Estefanía Margarita González Núñez.
La juez, que les imputa un delito de revelación de secretos y prevaricación, abre la puerta a más imputaciones al avisar que se citarán a aquellos que participaron en la trama del tito Berni. Finalmente, y como testigos, comparecen María Elena Rial y Bienvenida Reyes Ojeda. Esta última es la actual secretaria general Técnica de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno canario.
La juez encarga una pericial caligráfica de Tito Berni y su sobrino y también recaba de la IGAE un informe del expediente que se le abrió a uno de los ganaderos de la trama
Se da la circunstancia de que Reyes Ojeda también figura en unas diligencias abiertas en la Fiscalía Europea por presunto fraude de subvenciones de fondos europeos. Tal y como informó este medio, el ente abrió diligencias a tenor de una denuncia de un funcionario técnico del área de Agricultura que avisó que se adjudicaron subvenciones de la línea destinada para jóvenes agricultores a muchos peticionarios que no cumplían los requisitos. Al respecto advirtió que Reyes Ojeda habría ignorado sus valoraciones e incluso corregido a lápiz sus conclusiones para facilitar la concesión de estas ayudas.
El mediador pide sus móviles
Al margen de estas nuevas citaciones, el mediador de la trama también mueve ficha. Marco Antonio Navarro Tacoronte, considerado como el nexo entre la parte política de la red y la empresarial, ha informado al juzgado que revoca su consentimiento prestado para el acceso y volcado de sus teléfonos móviles y sus dispositivos de almacenamiento. El mediador facilitó el contenido de sus teléfonos a los investigadores a raíz de una denuncia interpuesta por Ángel Luis Pérez Peña.
El exdirector de deporte del Cabildo Insular propició sin él saberlo esta causa de corrupción al denunciar falsariamente cargos fraudulentos en su cuenta bancaria. El rastreo de sus tarjetas llevó a la Policía hasta Navarro Tacoronte, el cual ofreció voluntariamente sus dispositivos a los agentes. De su estudio se desprendió la existencia de una presunta trama de amaños de subvenciones que lideraba el entonces diputado del PSOE en el Congreso, tito Berni, y que cobró mordidas de empresarios a cambio de ayudarles con sus negocios.
Estos móviles evidenciaron los nexos de la trama, así como las fiestas de los imputados en hoteles, con prostitutas y consumiendo droga. Ahora, tras la petición del mediador de recuperar los teléfonos que prestó hace más de un año, la magistrada da traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre el reclamo.
Los expedientes de la trama
Del mismo modo, la juez mantiene el foco en los pagos de los empresarios (en su mayoría ganaderos), que abonaron mordidas al 'tito Berni' a cambio de que les ayudaran con subvenciones o les cerraran expedientes abiertos. Es el caso de Alberto Montesdeoca. Ahora la magistrada recaba de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) un informe en relación al expediente que se le incoó a este ganadero por el Servicio de reintegro de subvenciones de fondos europeos.
Del sumario se desprende que Montesdeoca fue de los empresarios que más abonos efectuó a la trama. El ganadero -además de pagar los 'obligatorios' 5.000 euros a una sociedad del exdiputado del PSOE como paso previo a la colaboración- también desembolsó importantes cuantías en metálico.
Su objetivo era evitar retornar unos fondos europeos que recibió de la Administración y que no había justificado. Pese a las presuntas mordidas a la trama, se quejó de que no le habían ayudado. "Me has engañado. Tengo que devolverlo todo", terminó reprochando al mediador en julio de 2021.
Los registros a tito Berni y el general
Además de este documento, la juez ordena recabar el expediente original en relación a Julián Santa Bárbara Pérez. Se trata del administrador de la ganadería Rosa de la Madera, de quien se requirió más información después de que prestara declaración como imputado en abril. Ahora la juez ordena a la Policía que realice "las gestiones oportunas" para que verifiquen en qué administración se han tramitado sus expedientes.
Los principales imputados siguen solicitando a la titular del Juzgado de Instrucción de Tenerife que les devuelva todo el material incautado por la Policía en los registros del pasado mes de febrero. Si el primero en solicitarlo fue el exdiputado del PSOE, a su reclamo se han ido adhiriendo otros imputados, como el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas.
Tal y como informó este medio, el mando reclamó al juzgado que, transcurridos estos meses y una vez obtenida la libertad condicional, le devolvieran la quincena de dispositivos y discos duros incautados en dos domicilios suyos. La juez da traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que informe de la petición del general antes de resolver sobre la misma.
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