Un general y un coronel de la Guardia Civil se encuentran en el foco de una nueva investigación en Barbate. Estos dos mandos fueron los que enviaron con medios insuficientes a los agentes que después fueron asesinados por los narcos. El Juzgado de Instrucción de Barbate ha iniciado diligencias y solicitará diferentes pruebas, entre ellas las conversaciones de las emisoras que hubo esa noche, según la denuncia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) a la que ha tenido acceso Vozpópuli.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Barbate ha abierto diligencias a la vista de una denuncia presentada por AUGC contra los mandos de la Guardia Civil responsables de dar la orden en el operativo de Barbate, según informó la propia entidad. Se trata de un general, responsable de Andalucía a nivel de Zona, y del coronel de la Comandancia en Cádiz.
Los guardias civiles decidieron dar este paso porque el suceso debe tener responsables "tanto para los narcotraficantes como a nivel interno". "La Guardia Civil es un cuerpo policial jerarquizado, y la toma de decisiones debe ser acorde a la cadena mando", han explicado.
Fuentes de AUGC explican a Vozpópuli que, a su juicio, se ha "incumplido las normas de prevención de riesgos laborales donde no se han facilitado los medios necesarios para que los guardias civiles como trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad adecuadas".
Las comunicaciones del asesinato de Barbate
La denuncia, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, advierte que las actuaciones sobre Barbate deben practicarse "de forma urgente e inmediata para evitar la desaparición de elementos probatorios y para que la investigación no pueda verse perjudicada". El abogado de AUGC solicita que se tome declaración a estos dos mandos y se incorpore a la causa la evaluación de riesgos de las unidades del personal que se encontraba en la embarcación (GEAS y GAR). "No basta con evaluar y guardar en un armario o en el PC, es necesario notificar a los trabajadores los riesgos detectados y las medidas preventivas", apuntan.
Esta diligencia de investigación permitiría comprobar si el riesgo de ser embestidos estaba evaluado y de ser así, las medidas preventivas acordadas. También solicitan que se incorporen las grabaciones de conversaciones por las emisoras o teléfonos oficiales (tanto las recibidas por COS, como entre la cadena de mando y el personal que embarcó a bordo de la zodiac).
AUGC también pidió incorporar al procedimiento el plan de riesgos laborales aprobado por la Guardia Civil en 2010. "Existe una cámara corporal que grabó los hechos, sería necesario poder incorporar las imágenes a estas diligencias", expone la defensa de la entidad.
Los abogados piden que puedan declarar en calidad de testigos los cuatro agentes supervivientes de esa noche en Barbate y que se añadan al procedimiento las normas que regulan el uso y fines de las embarcaciones tipo zodiac como la de los hechos.
"Si en las lesiones del guardia civil herido pudieron ser causadas por la hélice de la embarcación zodiac", exigen. Esta solicitud va seguida de los informes elaborados por los distintos escalones de la Dirección general de la Guardia Civil en relación con la propuesta al Consejo de la Guardia Civil, 3138/22 (en la que se pedía protectores para las hélices).
Se enfrentan hasta a tres años de cárcel
Desde AUGC se insiste en que la denuncia es porque se podría haber incurrido en una infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales que resultaba de aplicación a ese tipo de servicios, un delito previsto en el artículo 316 del Código Penal. Los mandos de Barbate podrían ser castigados con las penas de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.
Este procedimiento discurre de forma distinta al de la investigación del asesinato de David y Miguel Ángel el pasado mes de febrero en Barbate. El equipo conjunto formado por la UCO y por la PJ de Cádiz busca a los ocupantes de la narcolancha que embistió a la Guardia Civil. Los autores, se sospecha que se han podido fugar a Marruecos.
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