José Luis Martínez-Almeida no cometió delito con su gestión sobre el pelotazo de las mascarillas. La magistrada Josefa Bustos ha archivado una denuncia contra el alcalde de Madrid en la que se pedía que se le investigase por no denunciar la supuesta estafa con este contrato de 11 millones de dólares para el suministro de material sanitario. La titular del Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid explica que no se le puede exigir que detectase la presunta irregularidad antes que la Fiscalía.
En su auto indica que no concurren los elementos exigidos por la Ley para abrir causa contra el edil del consistorio madrileño y que no se le puede exigir que conociera la presunta estafa con este contrato de emergencia que se firmó en marzo de 2020. "No le es exigible conocer minuciosamente los precios de mercado de material adquirido por el ente público que dirige, máxime en una situación excepcional de emergencia y necesidad que motivó tal adquisición como consecuencia de la pandemia sufrida", reza el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli.
Del mismo modo, la instructora explica que tampoco concurre la circunstancia de que esta omisión de la denuncia fuera "maliciosa". Al respecto indica que, de la lectura de la querella que interpuso en los juzgados de Plaza Castilla la Fiscalía Anticorrupción contra los comisionistas Alberto Luceño y Luis Medina, consta que el consistorio reclamó al primero de ellos (que ejerció de intermediario) que le rebajaran el precio del material adquirido tras detectar que estaba defectuoso.
La finalidad de Almeida
"Con ello se evidencia la finalidad del Ayuntamiento de no abonar un sobreprecio sobre los productos adquiridos", reza el escrito adelantado por El Periódico de España. Así pues, la juez no ve indicios para abrir causa contra Martínez-Almeida por estos hechos y archiva la denuncia interpuesta por el abogado Fernando Pamos de la Hoz. El letrado alegó en su escrito que, el hecho de que existieran unas diligencias abiertas en Anticorrupción para esclarecer si hubo o no estafa con este contrato, no exime al Ayuntamiento de denunciar los hechos.
Al respecto la juez responde que si la Fiscalía necesitó la incoación de diligencias de investigación para comprobar la existencia de indicios de criminalidad, "no resulta procedente" exigir al consistorio de Almeida que inicie acciones penales con carácter previo a la incoación de diligencias. Estas acciones, termina, hubieran sido precipitadas y carentes de sustento indiciario.
De esta forma, el asunto del pelotazo de las mascarillas queda reducido, únicamente, a las diligencias que se siguen en el Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Su titular, Adolfo Carretero, investiga si Luceño y Medina cometieron delito de estafa agravada, falsedad en documento, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes (en el caso del hijo de Naty Abascal) por haberse llevado seis millones de euros en comisiones que incluyeron en el precio total del contrato.
En su querella, la Fiscalía apuntó que las mascarillas vendidas estaban en buen estado si bien la partida de los guantes y los test eran defectuosos. Hasta la fecha, el magistrado ha interrogado a los dos comisionistas y ha tomado declaración, entre otros, a Carlos Martínez-Almeida, el abogado primo del alcalde que medió para que Medina contactara con el consistorio. La próxima cita es el 27 de mayo, día en que está citada la coordinadora general de la Alcaldía de Madrid, Matilde García.
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