El juez del caso Villarejo ha ofrecido a Dolores Delgado, fiscal general del Estado, que litigue como perjudicada en la macrocausa contra el comisario jubilado. El instructor le ofrece personarse en la pieza cuarta, bautizada como Pit, en la que se investiga el encargo al policía de los navieros Ángel y Álvaro Pérez-Maura para que frenase la entrega del primero de ellos a Guatemala.
El instructor, que prorroga esta línea de investigación seis meses más, le ofrece la personación a petición de la Fiscalía Anticorrupción por unas referencias explícitas sobre ella que aparecen en algunos de los audios que figuran en las actuaciones y que, según considera el magistrado, podrían ser constitutiva de un delito contra el honor.
"Este magistrado entiende que de los audios transcritos en el oficio de la Unidad 420/2019 aparecen referencias
explícitas por parte del investigado Sr. Villarejo Pérez a una posible participación en los hechos de Dolores Delgado, quien hoy ostenta el cargo de Fiscal General del Estado, y que en aquel momento era Fiscal de la Audiencia Nacional y que podrían ser constitutivos de delito contra el honor al tratarse de manifestaciones vinculadas al ejercicio de su cargo", reza el auto.
Se ha podido constatar que no se realizó el oportuno ofrecimiento de acciones, por lo que debe procederse a la citación de Dolores Delgado en tal condición
En esta pieza cuarta del caso Tándem Villarejo y sus socios 'vendieron' a los hermanos Pérez-Maura que lograrían frenar la extradición a Guatemala gracias a los contactos que tenían en el Gobierno guatemalteco y también en la Audiencia Nacional. Según se constata de los audios que obran en el sumario, implicaron a Delgado, entonces fiscal de este órgano y a su pareja, el exmagistrado Baltasar Garzón en este encargo concreto por el que el comisario cobró más de siete millones de euros.
Medio año más de causa
El instructor explica que las diligencias deben prorrogarse medio año más porque la causa está pendiente de incorporar un informe de la Agencia Tributaria sobre el presunto delito contra la Hacienda Pública que se atribuye a algunos de los imputados y no se descartan que ello derive en la práctica de mas diligencias. Del mismo modo la Fiscalía Anticorrupción expuso en su informe favorable a la prórroga que también siguen a la espera de recibir el resultado de la comisión rogatoria a Guatemala.
En esta pieza se indagan las actuaciones de Villarejo y otros implicados en la causa -como el exembajador guatemalteco en Estados Unidos Julio Ligorría- para frenar las pesquisas abiertas allí contra los hermanos navieros por presuntos sobornos al entonces presidente del país, Otto Pérez-Molina. Villarejo quería hacer presidente a Ligorría con ayuda de Paul Manafort (asesor de campaña de Donald Trump) para frenar la investigación por la supuesta adjudicación irregular para operar en Puerto Quetzal (Guatemala).
Sin archivo para De la Joya
Por ello la Audiencia Nacional ha solicitado importante información al país centroamericano en relación a este asunto que sigue pendiente de recabar. "Resultará esencial e indispensable la práctica de diligencias derivadas e las anteriores a efectos de concluir la fase de instrucción de un delito de cohecho internacional con cuantía aproximada de 30 millones de dólares en el que se han utilizados estructuras financieras instrumentales complejas con distintos Estados intervinientes con la finalidad de materializar los pagos ilícitos", expone el magistrado.
Además, también tienen pendiente tomar declaración a Pérez y Cía (mercantil imputada hace cerca de dos años y cuyo representante legal no ha podido declarar en la causa) y al empresario Anthony Schwank, a quien se le acusa de haber mediado en la operación de Puerto Quetzal para que la firma de los empresarios navieros se hiciera con la adjudicación del contrato.
Por su parte, rechazar archivar las diligencias para el empresario Adrián de la Joya alegando que "insisten indicios de su participación" en la causa y también declina la solicitud de Ángel Pérez-Maura de que se cite a declarar al magistrado y los fiscales de la Audiencia Nacional que llevaron a cabo su proceso de extradición. "El conocimiento de los hechos que pudieran tener está documentado en el acto procesal correspondiente, o en las resoluciones que obran en las actuaciones, por lo que no se requiere de más intervención en esta causa", responde el juez.
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