El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a seis personas, en su mayoría antiguos miembros de ETA, como autoras de un delito continuado de humillación a las víctimas y enaltecimiento del terrorismo por la organización de 120 actos de homenaje a presos de ETA entre 2016 y 2020.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, acordado a instancia de la Fiscalía, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 propone juzgar a los miembros de la Comisión de Presos de Sortu José Antonio López Ruiz, Kubati, y Oihana Garmendia Marín, junto a los investigados Haymar Altuna, Oihana San Vicente Saez de Cerain, Carlos Saez de Egilaz Murgiondo y Felipe San Epifanio San Pedro.
Según el juez, en su condición de miembros de la Comisión de Presos de SORTU, Kubati y Garmendia Marín, junto al resto de investigados, “han desarrollado una actividad tendente a organizar de forma sistemática y sistematizada los actos de homenaje a los presos, valiéndose en ocasiones de la dinámica KALERA KALERA y en otras ocasiones de otros movimientos sociales o asociaciones, en función de las necesidades del momento concreto”.
La organización de los 'ongi etorris'
Este desarrollo de la organización de los 'ongi etorris' y demás actos de homenaje a los presos de la banda terrorista se realizó, asegura el auto, a través de normas estrictas, tanto en lo referente a qué presos se rendía tributo como en lo concerniente a cómo se debía desarrollar el homenaje. De este modo, explica, "solo fueron tributarios de homenaje aquellos presos que se habían mantenido durante su cautiverio dentro de la disciplina del colectivo de presos". Según el auto, de 60 folios, este hecho se demuestra por los siguientes datos objetivos.
En primer lugar, porque ninguno de los presos de ETA que se acogieron a la denominada vía Nanclares fueron objeto de 'ongi etorri' ni de homenaje de cualquier tipo en el momento de su excarcelación. Por otro lado, tampoco los que se desvincularon del denominado EPPK (el colectivo que engloba a los presos de ETA) por ser contrarios al abandono de la lucha armada fueron recibidos en sus localidades de origen con los actos tradicionales.
Esta exclusión del 'ongi etorri' a los que han abandonado la disciplina del EPPK, indica el auto, queda plasmada en el Documento titulado “BEASAIN ASAMBLEA POPULAR (Gestión de la decisión del preso Iban Apaolaza) 15-01-2020”, extraída del ordenador portátil de Haymar Altuna. Se trata del acta de una reunión a la que asistieron Altuna, "Kubati", y Sáez de Egilaz para tratar de la decisión del preso terrorista Iban Apaolaza de abandonar el EPPK por decisión propia. A lo largo del auto, en el que se da a las acusaciones un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación, el magistrado hace constarlos 120 concretos actos de homenaje a expresos de la banda.
El pasado mes de marzo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional corrigió la decisión de García Castellón de prorrogar la instrucción de esta causa para investigar quién estaba detrás de dos chats de Sortu y de uno de la red ciudadana Sare en los que se habrían impartido "directrices e instrucciones sobre diversas cuestiones y ámbitos relacionados con los presos y fugados". Lo hizo al estimar un recurso de la Fiscalía contra un auto del pasado 29 de enero en el que el magistrado adoptó esta decisión tras acceder a una petición de las acusaciones que ejercen Dignidad y Justicia y el PP en esta causa, y que la Sala calificó de "extemporánea".
De este modo, la Audiencia Nacional dejó sin efecto esa prórroga de la investigación y la diligencia en la que el juez solicitaba a Telegram que informara de la titularidad de los canales administrados por Sortu y por Sare. Esta causa se abrió en febrero de 2018, con la detención del histórico expreso de ETA Kubati, y las dirigentes de Sortu Ohiana Garmendia y Miren Zabaleta en la Operación Aurresku-Carmen.
El fiscal Carlos García-Berro se opuso a la prorroga de la instrucción al no ver, en contra de las acusaciones populares, delitos de prevaricación o de revelación de secretos en las comunicaciones entre el exconsejero vasco Joseba Azkarraga y abogados de presos etarras, en las que mencionaban gestiones ante el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. "No es delito ser vasco, no es delito ser preso, no es delito conversar, no es delito actuar políticamente en la dirección que a cada cual le plazca. Y, por supuesto, no es delito que los abogados realicen cuantas gestiones consideren oportunas para tratar de favorecer la situación penitenciaria de sus clientes", expuso en su recurso.
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