El magistrado Manuel García Castellón ha acordado una nueva batería de diligencias en la causa de Tsunami Democràtic que se sigue por presunto delito de terrorismo en la Audiencia Nacional. El instructor ha oficiado a la Guardia Civil que investigue los mensajes que uno de los imputados se intercambió con un mosso infiltrado en la plataforma y de los que se desprende que se pudo haber preparado alguna actuación contra el Rey Felipe VI durante una visita a Barcelona en julio de 2020.
Así se desprende de un nuevo auto, al que ha tenido acceso Vozpópuli, y en el que el instructor abre la puerta a investigar la conversación que Josep Campmajó (empresario amigo de Puigdemont) mantuvo con el usuario 'Xuxu Rondinaire'. De él se advierte que existen sospechas serias de que podría pertenecer a los Mossos; en parte debido a que este usuario les filtró información confidencial como, por ejemplo, los movimientos del magistrado del procés, Pablo Llarena.
En una de esas conversaciones, el usuario explica "pormenorizadamente" aspectos relativos a "preparativos de seguridad de una comitiva". Por las referencias que traslada al cerebro de Tsunami Democràtic se entiende que pudiera tratarse de una comitiva real; máxime por la información que maneja sobre el despliegue de seguridad con las visitas del monarca. "La conversación permite inferir que Tsunami Democràtic podría tener en mente realizar alguna actuación en relación con la visita de Su Majestad el Rey a Barcelona", reza el auto.
Reproche a la Guardia Urbana
Cabe recordar que en dicha conversación el usuario que filtra información a la plataforma explica detalles del recorrido que la comitiva iba a efectuar durante una visita del Rey a Cataluña en aquel momento. "Explícame qué queréis hacer y os diré si vale la pena o es perder el tiempo como en el Camp Nou. Un par de horas antes, dos veces hacen el recorrido con toda la comitiva. Y la comitiva es larga", le dice.
"Esta conversación permite deducir, no solo que TD mantenía su intención de actuar en el mes de julio de 2020, sino algo todavía más grave, que entre sus objetivos podría estar actuar al paso de la comitiva del Rey", valora ahora el magistrado Manuel García Castellón. Por ello ordena a la Guardia Civil investigar los pormenores de esta conversación.
Del mismo modo, encarga también a los Mossos que pongan el foco en las protestas que tuvieron lugar en Barcelona en la víspera de las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019. El instructor quiere que se indague más a fondo lo ocurrido esta jornada después de que la Guardia Urbana indicara en un oficio desvelado por este medio que no se elaboraron denuncias ni atestados.
Existen indicios que permiten inferir que hubo una intención manifiesta de afectar a un proceso transversal como son las eleccionesEl magistrado sobre las protestas del 9-N de 2019
Al instructor le "llama la atención" que no se informara acerca de si hubo incidentes o daños. Por contra, adjuntaron recortes de publicaciones que, según el magistrado, documentan que fue "algo más que una concentración".
"A juicio de este instructor, resulta sorprendente, pues, si es esta la regla general en Barcelona, es de imaginar que cualquiera puede levantar un escenario en una de las vías más importantes del núcleo urbano con la indiferencia de aquel cuerpo policial. Pero si para este caso en concreto se hizo una excepción todavía resulta más preocupante, pues no se ha explicado qué razón justifica que no se documente absolutamente nada sobre este hecho", alega.
Nuevo frente contra Tsunami por el 9-N
Por ello, encarga a la Guardia Civil que se informe de si Tsunami Democràtic comunicó la concentración y también ordena a los Mossos que remitan todos los registros que conserven sobre las actuaciones llevadas a cabo el 9 de noviembre de aquel 2019.
Para el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 esas protestas son especialmente relevantes porque se trató de la jornada de reflexión previa a las generales de ese año. Al respecto avisa que "una de las formas más palmarias de desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas del Estado consiste en tratar de interferir en el proceso electoral".
Además de todo ello mantiene el foco en el episodio de ocupación del Prat, el 14 de octubre de 2019, que a juicio del magistrado podría ser constitutivo de terrorismo. Sobre ello el instructor explica que la última información recibida por AENA "exige" que se aclare qué sucedió respecto a la asistencia del turista francés que falleció mientras se ocupaba el aeropuerto.
Por ello ordena recabar más documental del Servicio de Emergencias Médicos para esclarecer si se puso en contacto con el Centro de Coordinación de Operaciones del aeropuerto para solicitar ayuda y poder trasladar un equipo que estaba llegando al Prat en un helicóptero medicalizado.
En relación a este episodio encarga al Centro de Coordinación de Operaciones del Aeropuerto que informe de lo que ocurrió aquella jornada, así como las circunstancias en las que se desplazó un helicóptero desde el hospital de Bellvitge al aeropuerto. A AENA se le reclama el parte "completo e íntegro" del servicio de Gestión Aeroportuaria y el informe de seguridad privada de aquel día y a la Policía que remita todos los atestados relativos a aquellas protestas.
El pronunciamiento del magistrado se produce una semana después de apuntar que los indicios de terrorismo contra toda la estructura de Tsunami se han consolidado y tan solo un día después de avisar que los hechos imputables a todos los investigados (entre ellos Carles Puigdemont) podrían vulnerar el artículo segundo del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
De mantenerse esta línea de investigación se pondría en jaque el paraguas de la amnistía ya que el texto, tras incluir las enmiendas de Junts, exonera todo el terrorismo relacionado con el procés a excepción de aquellos hechos recogidos en el mismo artículo al que ahora apunta el magistrado García Castellón.
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