El magistrado del caso Villarejo, Manuel García Castellón, ve "conflicto de intereses" en relación al papel que juega Iberdrola en la causa por los encargos a Villarejo y ha pedido a la Fiscalía Anticorrupción que se posicione al respecto. Tras imputar en la causa al presidente Ignacio Sánchez Galán y otros tres altos cargos, ahora pone el foco en la compañía por su presunta responsabilidad penal en estos contratos. Según razona, existen "indicios" que podrían abocar a una imputación en calidad de persona jurídica por estos hechos.
En un auto de este viernes al que ha tenido acceso Vozpópuli, el instructor razona que hay " indicios que podrían situar a esta mercantil en el círculo de responsables penales de esta pieza separada". Y ello pese a que la compañía vasca acaba de solicitar al magistrado al frente del caso Tándem que le tenga por personada como perjudicada de estos hechos teniendo en cuenta que esta investigación penal también asumió una querella interpuesta contra José Antonio del Olmo.
Iberdrola se querelló contra el exdirectivo de Funciones Corporativas en un juzgado de Bilbao por el informe que presentó relativo a unas presuntas facturas falsas para costear los servicios del Grupo Cenyt. El hecho de que la Audiencia Nacional acabara asumiendo esta investigación hace ya unos meses llevó a la eléctrica a mover ficha, tal y como adelantó este diario, pidiendo entrar en el procedimiento como perjudicada de su antiguo empleado, a quien acusa de mentir.
Paralelamente, la defensa de un ciudadano rumano que habría sido objeto de los espionajes de Villarejo ha pedido al juez que cite como investigada a la propia compañía. Lo hizo incluso antes de que el juzgado, siguiendo el criterio de Anticorrupción, imputara en la causa a Sánchez Galán junto con el actual número dos, Francisco Martínez-Córcoles; el exdirector de negocio en España, Fernando Becker; y el entonces jefe del gabinete de Presidencia, Rafael Orbegozo. A todos ellos les atribuye delitos contra la intimidad, cohecho y falsedad en documento mercantil.
Querella contra Del Olmo
A falta de escucharles en sede judicial (están citados para el 6 y 7 de julio), el magistrado da un paso más y pide a la Fiscalía que se posicione sobre si la empresa es perjudicada en este caso, o bien debería ser imputada, como ya ocurriera con otros entes implicados en este procedimiento como el BBVA. Además, le pregunta a los fiscales si consideran que se debe seguir adelante con la querella interpuesta contra Del Olmo o bien convendría archivar las actuaciones.
Iberdrola siempre se ha posicionado en contra de que las pesquisas que se seguían en el juzgado de instrucción de Bilbao número 3 acabaran en la Audiencia Nacional. Pero la instructora de esta querella interpuesta contra Del Olmo por falsedad acabó derivando el asunto a esta macrocausa de espionaje al considerar que los hechos investigados son conexos. Ante la insistencia de la eléctrica para que el magistrado resolviera sobre la querella contra el exdirectivo, ahora el instructor pregunta a los fiscales si hay posibilidad de archivarla.
En tercer lugar apunta a la existencia de un "posible conflicto de intereses" ante la voluntad de la multinacional vasca de actuar "frente a quien podría ser uno de los testigos clave para sostener la acusación, en relación a Del Olmo. La aparición de su informe en relación a la existencia de operaciones triangulares para pagar al comisario y sus posteriores declaraciones en la Audiencia Nacional le convirtieron en testigo estrella de esta pieza, si bien luego terminó siendo imputado por su papel de 'controller' de las facturas.
El foco en la continuidad de los encargos
De este modo, la causa avanza con la vista puesta en la compañía que preside Sánchez Galán por su posible citación en la causa. Cabe recordar que la reforma que permitió imputar la responsabilidad penal a personas jurídicas es del año 2010. Los hechos que se investigan en esta pieza decimoséptima del caso se enmarcan en los años que Iberdrola contrató con el entramado del comisario, esto es, entre 2004 y 2017. Con todo, los últimos encargos se cerraron a nombre de Iberdrola Renovables, de ahí que el hecho de si hubo continuidad en los contratos o no será clave para el futuro procesal de la matriz.
Al respecto, el magistrado Manuel García Castellón hizo hincapié en el auto en el que imputaba a Sánchez Galán que las relaciones comerciales (que costaron a la firma 1,1 millones de euros) "no fueron esporádicas o puntuales “ sino que tuvieron continuidad en el tiempo. Tanto Iberdrola como su exdirector de Seguridad Antonio Asenjo niegan ese extremo y apuntan que los encargos no fueron regulares y se produjeron en su mayoría entre 2004 y 2009. A partir de entonces Iberdrola solo cerró un trabajo más con Villarejo y fue el relativo al proyecto Wind. El mismo arrancó en 2012 y pero se retomó en 2016.
Pese a que la compañía acusa a Del Olmo de mentir, los investigadores sostiene que es una fuente de prueba de que las facturas para costear sus trabajos (especialmente el primero de ellos) se emitieron al margen del circuito legal y con conceptos que no correspondían con la realidad. El entonces jefe de seguridad dijo que se hacía así por motivos de confidencialidad pero Del Olmo dejó por escrito aquel 2004 que estas actividades eran "anómalas" implicando en las mismas a Sánchez Galán, Martínez Córcoles, Becker y el propio Asenjo.
