Un juez ha citado como investigados al director general de la Policía, Francisco Pardo, y al comisario principal, José Ángel González, a raíz de una querella del sindicato policial Jupol por un delito contra la seguridad de los agentes en los disturbios tras la condena a la cúpula del 'procés'.
Según han informado fuentes judiciales, el titular del juzgado de instrucción número 19 de Barcelona ha citado como investigados el próximo 9 de marzo al director general de la Policía y al responsable de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional, después de que la Audiencia de Barcelona le ordenó admitir a trámite la querella de Jupol, que inicialmente había rechazado.
En su querella, Jupol denunciaba supuestas deficiencias organizativas, de asignación de relevos o de refuerzos policiales y la falta de dotación de material antidisturbios durante los disturbios en octubre de 2019 en Barcelona, tras la condena a la cúpula del 'procés', en que casi 300 agentes resultaron heridos.
Según el sindicato, esta situación, con tantos agentes heridos, se podría haber evitado si desde la Dirección General de la Policía y el DAO se hubiesen puesto a disposición del operativo de la Policía Nacional los medios humanos y materiales necesarios para afrontar con seguridad los disturbios que ocurrieron aquellos días.
El sindicato policial sostiene que "los altos mandos no ajustaron su actuación a las normas de prevención que amparan a todo funcionario policial"
En concreto, el sindicato policial sostiene que "los altos mandos no ajustaron su actuación a las normas de prevención que amparan a todo funcionario policial y, de ahí, que se tradujese en casi 300 agentes heridos".
"Graves deficiencias"
Según el sindicato, en el dispositivo policial se detectaron "graves deficiencias" atribuidas al marco de actuación de los querellados, como la no asignación de relevos o refuerzos de personal, la falta de dotación de material antidisturbios o la ausencia de vehículos aptos para repeler los ataques llevados a cabo por los manifestantes, como camiones de agua o vehículos blindados.
Por este motivo, la querella acusa al director general de la Policía y al DAO de la Policía Nacional de un delito contra la seguridad de los trabajadores, por incumplimiento del artículo 316 del Código Penal.
El juez de instrucción rechazó en un primer momento admitir a trámite la querella, pero la sección octava de la Audiencia de Barcelona estimó el recurso y ordenó que se abrieran diligencias
Este artículo castiga a los que "con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física".
El juez de instrucción rechazó en un primer momento admitir a trámite la querella presentada por Jupol, si bien la sección octava de la Audiencia de Barcelona, mediante un auto de noviembre pasado, estimó el recurso del sindicato policial y ordenó que se abrieran diligencias.
"Enorme violencia"
En su auto, la Audiencia resaltó la "enorme violencia" desplegada contra las dotaciones policiales durante los disturbios de octubre de 2019, impulsadas por un "desbocado 'animus hostilis' perfectamente descriptible".
Ante esta situación, el juez de instrucción ha citado el próximo 9 de marzo como investigados a los dos querellados.
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