El juez del caso Koldo amplía el foco sobre los contratos de mascarillas a la empresa de la trama y solicita ahora los correos corporativos de altos cargos de los gobiernos de Baleares y Canarias que contrataron con Soluciones de Gestión. Además, el instructor acuerda una batería de citaciones, entre las que se encuentra la del comisario José Antonio Rodríguez González, alias 'Lenin', y del que fuera secretario general de Correos, Julio González.
Según consta en una serie de autos, a los que ha tenido acceso Vozpópuli, el juez tomará declaración al comisario de confianza de Fernando Grande-Marlaska el próximo 14 de octubre a las 9.30 horas y también, ese mismo día, escuchará a dos altos cargos del Ministerio de Transportes de Óscar Puente que han elaborado el informe de auditoría contrario a José Luis Ábalos.
En el caso de 'Lenin', el magistrado del caso Koldo le cita por su condición de director general de Coordinador y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad. Cabe recordar que este ente adquirió mascarillas a la empresa de la trama después de que hicieran lo propio Puertos del Estado y de Adif.
Auxilio a Hacienda
Tras él, declararán -también como testigos- Sara Anguita y Ana Balbás, inspectoras de Servicios del Ministerio de Transportes que participaron en la auditoría incorporada a la causa. Como informó este medio, el juez se abrió a analizar la repercusión de dicho documento, pese a que Ábalos contraatacó al mismo aportando una pericial de parte en la que lo tildaba de imparcial y subjetivo.
Según explica el instructor, se trata de declaraciones "pertinentes y necesarias" para esclarecer lo relativo a la contratación de esta empresa zaragozana que se adjudicó 54 millones de euros con contratos covid en plena pandemia. Además, en su mismo auto, el juez requiere a la Agencia Tributaria para que designe funcionarios de auxilio judicial para que designen las cuotas que tanto Soluciones de Gestión, como el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, dejaron de ingresar al fisco.
En otro auto separado, el magistrado Ismael Moreno accede parcialmente a lo solicitado por Liberum (asociación que ejerce la acusación popular) y acuerda citar al presidente de Raminatrans S.L, Rafael Mirra Navarro; al jefe de área de Presupuestos y Contratación del Ministerio de Transportes, Jorge Meana; y al exsecretario general de Correos. Todos ellos están citados para el próximo 21 de octubre.
El juez justifica dichas citaciones en la necesidad de esclarecer "la falta de justificación" en la recepción de las mascarillas que el Gobierno compró a la empresa del caso Koldo y también a tenor de lo dispuesto en la auditoría de Puente. La misma alertó de que se duplicó la compra inicial de mascarillas de 4 a 8 millones y que no constan albaranes de la recepción de dicho material sanitario.
Los correos de Canarias y Baleares
Del mismo modo, la Audiencia Nacional da el primer paso para investigar los contratos de compra de mascarillas de Baleares y Canarias con la empresa de la trama. El juez actúa después de que el Tribunal Supremo resolviera que la competencia para investigar estas adjudicaciones es de dicho órgano en detrimento de la Fiscalía Europea, que mantiene la competencia "en lo relativo exclusivamente" a la determinación de posibles delitos que atenten contra los intereses financieros de la Unión Europea.
El juez descarta pedir las actas de los Consejos de Ministros en pandemia porque convertiría el caso Koldo "en una causa general" sobre las adjudicaciones de suministro de material sanitario
De hecho, el juez explica que corresponde a su juzgado "conocer las eventuales irregularidades que se pudieran haber cometido" en la tramitación de los cuatro contratos que firmó el Servicio Canario de Salud con Soluciones de Gestión y del que adjudicó Balares, ambos bajo las presidencias de Ángel Víctor Torres y de Francina Armengol, respectivamente.
En ese sentido, el juez encarga a la UCO que se incaute de los correos electrónicos de los altos cargos de ambos gobiernos autonómicos que gestionaron la compra de las mascarillas desde el 1 de enero de 2020 hasta el 1 de julio de dicho año.
En concreto, ordena requisar los 'mails' corporativos de Antonio Mascaró (exsubdirector de Compras y Logística en el Servicio de Salud de Baleares) y de Julio Miguel Fuster (quien fuera director general del Servicio de Salud).
Reclamación de Armengol a la empresa del caso Koldo
Del mismo modo solicita los expedientes del contrato que Baleares firmó con la mercantil del caso Koldo por 3,7 millones de euros. El juez reclama una copia de las reclamaciones que el entonces gobierno de Francina Armengol envió a Soluciones de Gestión y copia de todos los buzones del correo electrónico corporativo, desde el 1 de septiembre de 2023 hasta la actualidad.
Cabe recordar que el Gobierno balear abrió un expediente de reclamación contra esta firma zaragozana por importe de 2,6 millones de euros al tratarse de material sanitario defectuoso. De las escuchas practicadas se infiere que Koldo García recurrió a su antiguo jefe, José Luis Ábalos, para que mediara y esta reclamación cayera en saco roto.
En segundo lugar, la UCO también ha recibido el aval del juez para inspeccionar todos los correos de la directora general de recursos económicos del gobierno canario, Ana María Pérez, del 1 de enero de 2020 a 1 de julio de dicho ejercicio. El gobierno canario de Torres firmó cuatro contratos con la empresa de la trama Koldo por más de cinco millones de euros.
No pide las actas de los Consejos de Ministros
El juez explica que esta injerencia en las comunicaciones privadas está avalada por el TEDH y por el Tribunal Constitucional cuando la diligencia es legal, necesaria y su finalidad es legítima. Al respecto, Moreno concluye que la medida es proporcional toda vez que se trata de una causa de corrupción que se sigue por delitos especialmente graves, como son pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y delitos contra la Hacienda Pública.
Por contra, el juez descarta la petición de Vox de reclamar a Presidencia del Gobierno para que aporte las actas de los consejos de ministros que tuvieron lugar entre el 2 de enero de aquel 2020 y el 31 de agosto relativas a las contrataciones de emergencia por la pandemia.
El juez alega al respecto que no procede acceder a dicha solicitud porque convertiría el procedimiento Koldo "en una causa general sobre las adjudicaciones de suministro de material sanitario realizadas durante la pandemia".
