Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra Luis Medina y Alberto Luceño por el pelotazo con la venta de mascarillas. El Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid dirigirá esta causa abierta por delitos de estafa agravada, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales en relación con el contrato de 11 millones de dólares para suministrar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.
Fuentes jurídicas precisan que el próximo paso será llamar a declarar a Medina y Luceño en el marco de estas diligencias en las que se investiga el cobro presuntamente irregular de 6 millones de dólares en comisiones. El magistrado al frente de la causa, Adolfo Carretero, prevé citarles a partir del 25 de abril, pasada ya la Semana Santa. Tras ellos también llamará a testigos, según indican las fuentes que precisan que ya ha ofrecido al consistorio madrileño para que se persone en calidad de perjudicado.
El juzgado admite la querella del Ministerio Público menos de 24 horas después de conocerse que se había interpuesto en los juzgados de Madrid para que se investigasen estos hechos. El magistrado que asume las pesquisas (y que ha estado al frente de otros asuntos como la causa contra Dani Mateo o más recientemente la denuncia por la votación en el Congreso de la reforma laboral) dará impulso a estas diligencias que no ha declarado secretas.
Anticorrupción pide que se investigue a estos dos empresarios por su intermediación en la compra de grandes remesas de mascarillas, test rápidos y guantes para el Ayuntamiento de Madrid en plena pandemia. Según sostiene en su querella, tanto Medina como Luceño actuaron "con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico" en un momento en que las administraciones tenían serios problemas para acceder a este material.
El negocio de las mascarillas
Como resultado, los empresarios se repartieron seis millones de dólares en comisiones, de los cuáles cinco fueron a parar a los bolsillos de Luceño y uno para el hijo de Naty Abascal. La Fiscalía advierte que este monto lo incluyeron dentro de las partidas pactadas con el consistorio de José Luis Martínez-Almeida, de manera que abultaron el precio del material adquirido en China sin que lo supiera el comprador (que en este caso fue la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid).
Como resultado de las gestiones de mediación (que impulsó Luis Medina gracias a su amistad con un primo de Almeida) el Ayuntamiento de Madrid compró un millón de mascarillas por 6,7 millones de dólares; 2,5 millones de guantes de nitrilo por 5 millones de dólares y 250.000 test rápidos por 4,25 millones de dólares. En ejecución de los contratos la empresa pública madrileña abonó los precios pactados entre el 24 de marzo y 6 de abril de 2020, en plena crisis sanitaria.
Anticorrupción constató que, de todo ese monto pagado, 3 millones de dólares fueron transferidos a una cuenta abierta por Luceño en Maybank (el mayor banco de Malasia) y 1 millón a la cuenta de Medina. Del rastreo de estos pagos el Ministerio Público concluyó que el precio real de las mascarillas era de 2,69 millones de dólares, si bien los dos comisionistas lo inflaron para llevarse como beneficio de la operación 4 millones de dólares (tres para Luceño y uno para Medina). Esto implica que se alteró en un 148% el precio real de las mascarillas.
La treta de Luceño
Respecto a los guantes que se recibieron en Madrid a comienzos de abril de ese año el Ayuntamiento pagó cerca de dos euros por par cuando el realidad se ofrecían al público por poco más de 0,08 euros (el resto eran comisiones para ellos). La "ínfima calidad" del producto hizo que la Coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos en Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado, reclamara que se solucionase de inmediato el problema. Luceño le trasladó que había conseguido rebajar el precio inicial de los guantes fijándolo en 0,39 dólares y que, gracias a ello, devolvería al Ayuntamiento 4 millones de dólares.
En efecto este dinero retornó a las arcas públicas del consistorio de la capital poco después pero Anticorrupción advierte de que en este caso se había pactado una comisión igual para ambos querellados y otra para Luceño que solo conocía él. En total 4 millones de dólares en comisiones (lo que supone el 426 % del precio real del producto).
Lo mismo ocurrió en el caso de los test rápidos. En este caso Luceño y Medina acordaron una comisión idéntica de 915.000 euros con la venta de 250.000 test de coronavirus. Sin embargo este primero se arrogó otra comisión adicional de 1,2 millones de euros cuya existencia desconocía Luis Medina. En total, Luceño percibió 3 millones de dólares con la venta de este producto cuyo precio se infló en un 244%.
La Fiscalía remitió la querella al juzgado para que se investigase la posible comisión de delito de los comisionistas, en tanto se infló el precio de unos materiales que, a la postre, eran defectuosos. Así, por ejemplo, la empleada municipal advirtió de que los guantes, lejos de ser de la calidad ofertada, solo llegaban hasta la muñeca. Los test, por su parte, eran su gran mayoría defectuosos. De hecho, 60.000 de la partida total no se pudieron utilizar.
Anticorrupción pone el foco en Luceño, de quien dice que no es el gestor experto en importación de productos que dijo ser. Este empresario hizo hincapié en que era agente exclusivo de la empresa china que iba a suministrar las mascarillas pero ni tenía experiencia en este mercado ni tampoco actuó movido por el deseo altruista al que apeló.
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