El magistrado Juan José Escalonilla ha requerido nueva documental a Podemos por la investigación abierta en el bautizado como caso Neurona. En esta ocasión, solicita a la formación morada que aporte toda la documentación que acredite el dinero recaudado de cargos públicos y de donaciones que fue derivado en 2016, bajo la presidencia de Pablo Iglesias, al proyecto Impulsa. Lo hace tras cuestionar que el destino de estos fondos tuviera "finalidad altruista!".
Así consta en un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli y en el que explica que de la documentación aportada por la exsenadora Celia Cánovas (que figura como perjudicada en el procedimiento) se puede acreditar que ésta realizó diversas donaciones al Proyecto Impulsa que fue creado por Podemos. Según dijo aportó una cuantía total de 5.500 euros entre 2016 y 2017 de los fondos que iban con cargo al sueldo que cobraba como senadora.
La exmilitante del partido pidió al instructor que investigara el uso de la Caja de Solidaridad y apuntó a posibles delitos de administración desleal y apropiación indebida porque, según alegó, en el presupuesto de ese ejercicio no se destinó ninguna partida al Proyecto Impulsa. "Por todo ello y ante la existencia de indicios racionales expositivos de que las donaciones efectuadas no parece que fueran finalmente utilizadas para la finalidad altruista a las que iban destinadas, procede ampliar el objeto de la presente causa", razona el magistrado.
Por ello, da un plazo de diez días al partido para que aporte la documental solicitada además de lo relativo a la creación de dicho proyecto, identificando a la persona o persona encargadas de gestionar sus fondos en el año 2016. El magistrado al frente del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid declina, no obstante, acordar las diligencias solicitadas por Cánovas en relación con la Caja de Solidaridad y la Asociación #404 Comunicación Popular.
Esta misma semana la Fiscalía -que insiste en que solo ve delito en relación con la contratación de Neurona para los comicios de abril de 2019- pidió prorrogar medio años más esta causa que arrancó en julio del año pasado precisamente para indagar sobre las cuentas del colectivo 404 integrado por algunos militantes de la formación. "Entendemos pues que es precisa la prórroga por otros seis meses más por cuanto de las anteriores diligencias pueden resultar otras imprescindibles", alegó la fiscal.
Reapertura de la investigación
Igualmente interesaron que declaren como testigos los responsables de esta asociación a fin de acreditar a qué se dedican y el destino de los 30.000 euros que consta acreditado que recibieron de Podemos. Con todo, se trata de un cambio de rumbo en la investigación penal ya que, en octubre del año pasado, el magistrado cerró esta línea de investigación del mismo modo que ha hecho con otras como la relativa al pago de sobresueldos o de la reforma de la nueva sede del partido.
Según razonó entonces, constaba acreditado que esta asociación recibió 3 transferencias por importe de 10.000 euros cada una entre septiembre de 2019 y junio de 2020. Entonces recalcó que no existía ningún indicio de que esta asociación no desarrollara la actividad de consultoría para la que fue constituida. También agregó que no resultaba "anómalo" que el numerario de la Caja de Solidaridad de Podemos fuera destinado a movimientos cercanos al partido político.
No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid estimó los recursos presentados por las acusaciones y obligó a Escalonilla a reabrir esta parte de las pesquisas. En su auto del 16 de febrero, los magistrados de la Sección número 30 expusieron que había indicios de la comisión de delito denunciado. "Es razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa asociación y Podemos que se pudiera haber utilizado para obviar las limitaciones de la Disposición Adicional Cuarta de la Ley Orgánica de Partidos Político", plasmó su auto.
