El cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos avalado por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, fue "ilegal" . De esta forma tan contundente se ha pronunciado el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid, que no solo ha anulado la destitución del mando, sino que ordenado que le restituya en el cargo como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. La Justicia establece que fue apartado de su cargo por negarse a informar del desarrollo de una investigación judicial que afectaba al PSOE. Fuentes de Interior señalan que recurrirán el fallo a través de la Abogacía del Estado.
“No constando -añade- en modo alguno qué información se consideraba que debería haber comunicado el recurrente en su condición de Jefe de la Comandancia de Madrid, no podemos concluir más que el motivo de la decisión discrecional de cese era ilegal, en tanto que el cese estuvo motivado por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban tanto a la UOPJ como a sus superiores, no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones en curso; lo que, entre otras cosas, podría haber sido constitutivo de un ilícito penal", señala la sentencia, que supone un varapalo para toda la cúpula de Interior. La directora de la Guardia Civil, María Gámez, adoptó la decisión del cese que fue firmada en última instancia por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Martínez, y el ministro la defendió en público en diversas ocasiones.
El fallo insiste en que el coronel cumplió con su deber al no informar de la investigación en curso sobre el 8-M. “Es cierto que la decisión de cesar al Coronel Pérez de los Cobos queda desvelada en la propuesta de la Directora General del Cuerpo, dirigida al Secretario de Estado de Seguridad, por -repetimos una vez más-no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento; unas investigaciones que por la legislación aplicable y por las expresas órdenes impartidas por la Magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, estaban sujetos al deber de reserva tanto la UOPJ como sus superiores, en este caso el Sr. Pérez de los Cobos”.
“El actuar discrecional no puede ser un medio para atentar contra la legalidad o menoscabar la legalidad a la que todos, en definitiva, estamos sujetos. Es por ello que el ejercicio de las potestades discrecionales está sujeto al control jurisdiccional en los términos expuestos”, concluye la sentencia.
Además, el fallo, que es recurrible, impone al Ministerio del Interior las costas del proceso. El pasado 25 de mayo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cesó al máximo responsable de la Guardia Civil en Madrid, después de que este se negara a facilitarle información sobre la investigación que su unidad estaba realizando sobre las manifestaciones del 8-M en Madrid y el papel que desempeñó el delegado del Gobierno.
Veto a su ascenso a coronel
Interior vetó hace unas semanas el ascenso a general del coronel Pérez de los Cobos, a pesar de haber obtenido la calificación más alta en la evaluación que elabora el Consejo Superior de la Guardia Civil.
Pérez de los Cobos obtuvo la puntuación más alta en la evaluación del Consejo Superior del Instituto Armado, compuesto por todos los generales en activo. Además, el coronel también obtuvo el primer puesto en la cuesta interna que realizan los propios candidatos al ascenso. Sin embargo, Pérez de los Cobos finalmente no fue ascendido al grado de general.
Efecto dominó en la Guardia Civil
El cese de Pérez de los Cobos provocó un efecto dominó en la cúpula de la Guardia Civil y a los pocos días presentó su dimisión el teniente general Laurentino Ceña, Director Adjunto Operativo al que le quedaban unos días para pasar a la reserva. Interior apartó a otro teniente general llamado a sustituir al anterior, el jefe del Mando de Operaciones Fernando Santafé, y ascendió a dos generales de brigada para ocupar los puestos de los dos anteriores.
Mientras, la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC) pidió a la Fiscalía que interviniera de oficio para determinar las circunstancias del cese de Pérez de los Cobos, al considerar que el coronel recibió una "orden ilegal"
