El 16 de octubre pasado, cuando la magistrada Carmen Lamela, que investiga en la Audiencia Nacional un posible delito de sedición en Cataluña decidió enviar a la cárcel de forma provisional a los presidentes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, respectivamente, justificó en el auto su decisión, entre otras cosas, por la relevancia de la pena que el Código Penal atribuye al mencionado delito, que para ellos es de hasta 10 años de cárcel.
Y por eso si Carles Puigdemont fuera objeto este lunes de una querella de la Fiscalía por un delito de rebelión, que la legislación española considera mucho más grave que el de sedición, pues lleva aparejado hasta 30 años de cárcel, un juez podría determinar, si el ministerio público lo reclama, el ingreso en prisión del expresident catalán, que el pasado viernes fue uno de los diputados que promovió la declaración unilateral de independencia de la república catalana.
En el mencionado auto de Carmen Lamela sobre los 'Jordis', la instructora también destacó la existencia de un posible riesgo de fuga de los activistas, que según su opinión está muy ligado a la gravedad de la pena: "A mayor gravedad de los hechos y de la pena, más intensa cabe presumir la tentación de la huida", asegura la juez en su auto.
El delito de rebelión aparece en el artículo 472 y siguientes del Código Penal y se dirige a los que "se alzaren violenta y públicamente" para “declarar la independencia de una parte del territorio nacional".
Y establece penas de entre 15 y 25 años de cárcel para los responsables de impulsar la independencia, como es el caso de Puigdemont y el resto de integrantes de su Govern, como por ejemplo el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y, en el caso de que los hechos sean más graves, de 25 a 30 años.
Los "meros participantes"
Pero no sólo las autoridades están concernidas en el delito de rebelión, sino que la legislación española establece que "los meros participantes" podrían ser castigados con entre cinco y diez años de cárcel, y en el caso de funcionarios, con hasta diez años de inhabilitación.
El propio fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no descartó durante la inauguración del Programa de Innovación en Ciberseguridad 2017-2018, antes incluso de que se votara en el Parlament la declaración unilateral de independencia, solicitar prisión para Puigdemont si cumplía su amenaza secesionista.
De hecho, anunció su intención de interponer una querella, aunque no especificó si esta se presentaría en la Audiencia Nacional, donde ya se investiga la sedición, o en cualquier otro órgano judicial, como por ejemplo el Tribunal Supremo.
La Fiscalía llevaba semanas preparando una querella por un delito de rebelión contra Puigdemont, ante la hipótesis de que proclamara la independencia, pero ahora, una vez que la medida ha sido aprobada por el Parlament, ha anunciado su intención de ampliar esa acción penal a "todos" los que han permitido la comisión del presunto delito, en referencia a los diputados que firmaron la resolución independentista e incluso los que la votaron.
Ante la jueza
Maza, que aseguró que "este hecho suponía un acto de gravedad importante que tiene su relevancia”, también declaró en el programa Espejo Público de Antena 3 que ya tenía un procedimiento planeado contra Puigdemont y aludió a la posibilidad de que la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela le interrogara.
"Cuando se produzca esa declaración", tomarán las medidas correspondientes "respecto a los delitos" que se puedan imputar al expresident de la Generalitat, contestó Maza al ser preguntado en el programa de Antena 3. El fiscal general llegó incluso a especular que deberían ser los Mossos d'Esquadra los que procedieran a su detención, y si ellos se negaran "tendrían que ser suplidos por otras fuerzas de ámbito nacional", en referencia a la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Precisamente, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha dirigido este domingo por carta a todos los agentes de los Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil de Cataluña para recordarles su obligación "de acatar órdenes, garantizar los derechos y libertades de todos, y cumplir con los mandatos recogidos en la Constitución y el Estatut".
"Sois una policía integral que merece de la plena confianza de jueces y fiscales para que podáis continuar trabajando con la misma intensidad en la lucha contra las diferentes modalidades de criminalidad como lo venías haciendo hasta hace unos días", dice el ministro a los mossos.
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