La magistrada de la Sala Penal del Tribunal Supremo Susana Polo debe decidir en los próximos días si es aplicable o no la ley de amnistía al delito de terrorismo que investiga, y en el que mantiene como imputado a Carles Puigdemont pese a que permanece huido de la Justicia y sin previsible regreso a España por el momento. De hecho, desde las últimas horas continúa vigente la orden de detención contra el que fuera presidente de la Generalitat decretada por otro magistrado, Pablo Llarena, instructor del ‘procés’.
De momento, el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto en dos de las tres causas que siguen vivas contra el independentismo. Por un lado, la Sala que juzgó el ‘procés’ que concluyó en una declaración unilateral de independencia, ha descartado que sea aplicable la amnistía al delito de malversación de caudales públicos porque ni la configuración legal de ese delito, ni las previsiones legislativas de la Unión Europea sobre él, son compatibles con la redacción que el Gobierno dio a la ley de amnistía.
Por otro lado, el juez Llarena mantiene abierta la causa contra Puigdemont por idéntico motivo, aunque sí ha dado un plazo de diez días a las partes del proceso para que aleguen respecto a la aplicación de la medida de perdón total a otro delito, el de desobediencia. En este contexto, de momento, Llarena se ha visto obligado a levantar la orden de detención que pesaba sobre la dirigente de ERC Marta Rovira, huida en Suiza. En su caso concreto, y al haber sido derogado el delito de sedición por el que venía siendo acusada originalmente, sólo puede acusársele penalmente de desobediencia, y ese delito no justifica una medida cautelar de prisión. Ocurrió algo similar ya en el pasado en el caso de la dirigente independentista Clara Ponsatí.
Pero queda una tercera causa, por terrorismo, devenida de la exposición razonada que en noviembre de 2023 elevó al Supremo el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. En este caso, al entender que Puigdemont, Rovira y otras diez personas pudieron incurrir en un delito de terrorismo como responsables de la organización llamada ‘Tsunami Democràtic’. Esta causa es instruida por la magistrada del Supremo Susana Polo, que tiene ante sí la resolución de la ‘tercera pata’ de la ejecución de la amnistía en el alto Tribunal. Fuentes judiciales consultadas por Vozpópuli confirman que Polo está ultimando su decisión, y tiene que decidir si aplica la ley de amnistía al terrorismo siguiendo el criterio expresado por la Fiscalía, o si plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo, con sede en Luxemburgo.
La alternativa de acudir al TC
Incluso, y como tercera vía, habrá de aclarar si alternativamente presenta una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que preside Cándido Conde-Pumpido. De momento nadie ha presentado cuestión alguna alusiva a la amnistía ante el TC, aunque algunos de los líderes separatistas ya han expresado su intención de acudir a ese tribunal en amparo porque creen vulnerados sus derechos fundamentales al no habérseles aplicado la ley de amnistía todavía.
En ese supuesto de recurrir ante el TC, difícilmente podrá ser antes de otoño, toda vez que antes tendrían que recurrir ante distintas instancias del propio Supremo en apelación, después en súplica y finalmente, incluso, planteando un incidente de nulidad para que se les aplique la amnistía. Tampoco el PP, o los Parlamentos autonómicos en los que tiene mayoría, o los Gobiernos regionales gobernados por el partido de Núñez Feijóo han planteado de momento recurso alguno de inconstitucionalidad. El riesgo de poner en manos de un Tribunal a priori con mayoría favorable a la amnistía les hace ser cautos y esperar antes a la ‘guerra de togas’ que se intuye entre el Supremo y el TC en los próximos meses aclare el alcance real de la amnistía. Por eso, Núñez Feijóo expresó ayer en Onda Cero sus reservas y dudas para terminar presentando o no un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía porque el TC, dijo, está «trufado con dos cargos del Gobierno», en alusión a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia, y Laura Díez, que fue directora general de Asuntos Constitucionales en el gabinete de la presidencia del Gobierno.
"No oculto que tenemos dificultades para aceptar la imparcialidad de nuestro Tribunal Constitucional", dijo Feijóo tildando de "inmoral" que ambos estén ejerciendo como magistrados del TC por su nula imparcialidad. "Si queremos realmente garantizar la independencia, la primera decisión es pedir a estos dos miembros del TC que presenten su dimisión", concluyó.
Tampoco ningún juez se ha dirigido de momento al Tribunal de Justicia Europeo. Si Polo acordase esa decisión respecto al terrorismo, fuentes del Supremo recuerdan que automáticamente quedaría paralizada la ejecución de la amnistía para los incursos en ese presunto delito. No obstante, a priori parece la opción más plausible: acudir a Europa para que aclare qué compatibilidad jurídica hay entre la regulación sobre terrorismo que hizo el Gobierno en la ley de amnistía y la normativa europea al respecto, y establecer el alcance interpretativo real de la vulneración grave de los derechos humanos en la conducta cometida por los responsables de Tsunami Democràtic.
En la causa por terrorismo consta, según García Castellón, que Carles Puigdemont se situaría en el vértice más alto de la organización de Tsunami Democràtic y que su posición como expresidente y líder desde Bruselas del independentismo le confiere "una posición de autoridad incuestionable". Existen indicios, sostenía la investigación ahora en manos de Susana Polo, que permiten inferir su participación en el "nacimiento y planificación" de las acciones de Tsunami. Entre ellos, figuran los mensajes enviados y mantenidos a través de teléfono móvil entre los investigados Josep Lluís Alay y Jesús Rodríguez, las anotaciones de la agenda personal del primero, o el impulso de Puigdemont del lanzamiento de la plataforma de Tsunami a través de las redes sociales. Incluso, una conversación mantenida por Puigdemont con el investigado Campmajó, en la que discuten sobre la actitud que están teniendo los dirigentes políticos catalanes con relación a la sentencia del ‘procés’, figura como indicio de que no sólo estaba al tanto de Tsunami, sino que lo impulsaba.
Tsunami Democrátic
Tsunami Democrátic fue la organización creada para dar una respuesta violenta a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el ‘procés’ en actos como la huelga general del 18 de octubre de 2019, el intento de afectación de las elecciones generales de noviembre, o el bloqueo de Infraestructuras críticas del Estado o de Europea. Entre ellas, la invasión llevada a cabo por cientos de personas del aeropuerto de Barcelona-El Prat y de la torre de control ENAIRE de Barcelona-Gavà.
Cuando García Castellón elevó sus indicios al Supremo por ser Puigdemont aforado, hacía hincapié en la "importancia estratégica de este objetivo y las graves consecuencias que pudiera haber tenido para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional el éxito de la acción pretendida". "Si Tsunami hubiera logrado su objetivo de impedir el cambio de turno de los controladores aéreos de la instalación, esto no solo habría provocado daños económicos, sino que podría haber tenido un resultado catastrófico de consecuencias imprevisibles para las personas que en ese momento se encontraban en vuelo a bordo de las aeronaves en el área objeto de control, con el evidente riesgo y peligro para sus vidas".
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