En calidad de sustituto por estar de vacaciones la magistrada instructora del caso, el juez Jaime Serret sorprendió el lunes con su decisión de desbloquear los 34 millones de euros del rescate a Plus Ultra que habían sido paralizados apenas 18 días antes por la titular del juzgado número 15 de Madrid, Esperanza Collados, que investiga el polémico rescate a la aerolínea destapado por Vozpópuli.
Alejado de los focos mediáticos, este magistrado, que aprobó las pruebas de ingreso en la escuela judicial en 1998, ocupa desde 2018 el juzgado de instrucción número 28 de Madrid. Allí llegó después de siete años al frente del juzgado número 5 de lo penal de Getafe, donde vivió una de las pocas polémicas que salpican a nivel mediático su carrera, al absolver de un presunto delito de prevaricación al exalcalde socialista de Leganés José Luis Pérez Ráez y a otros siete exediles del PSOE en el llamado 'caso Cuadrifolio' en 2014.
Un caso que fue destacado en la prensa local de este municipio madrileño por la inusitada rapidez con la que se dictó la sentencia: solo unos días después de celebrarse el juicio oral y tras siete años de investigación. Antes de Getafe, Serret tuvo su primer destino en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Éibar (Guipúzcoa), de 1999 a 2001. De ahí pasó al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Laredo (2001-2003), después al número 1 de Badalona (2003-2005), el Juzgado de Instrucción número 2 de Estepona (2005-2007) y más tarde al Juzgado de Instrucción número 4 de Marbella (2007-2011).
En Marbella coincidió con su esposa, la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid y la juez que instruyó la causa relativa a los máster del actual líder del PP, Pablo Casado, y de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. En agosto de 2018, poco después de que Casado fuese elegido para presidir el PP, Rodríguez-Medel envió al Tribunal Supremo una exposición razonada en la que solicitaba que se investigara al líder de los populares por presuntos delitos de prevaricación administrativa y cohecho impropio.
'Caso Máster'
El Supremo no vio delito en la convalidación del máster de Casado en la Universidad Rey Juan Carlos, pero sí dio un tirón de orejas al líder de la oposición aludiendo que podía haber recibido un posible trato de favor. Pese al rechazo del Alto Tribunal, la juez acordó llevar a juicio a Cristina Cifuentes, quien finalmente fue absuelta del delito de falsedad documental por la Audiencia Provincial de Madrid el pasado mes de febrero.
El 'caso máster' provocó quejas por parte de ciertos sectores de la derecha, que no entendían que esta juez, hija y nieta de guardias civiles, exasesora del ministro de Justicia Rafael Catalá y asociada a la conservadora Asociación Profesional para la Magistratura (APM), investigara al líder del PP y a la expresidenta madrileña. No obstante, en el marco de la misma causa, también abrió diligencias contra la exministra de Sanidad del PSOE Carmen Montón, asunto que también terminó archivado.
El 8-M y su enfrentamiento con Marlaska
A pesar de que estuvo en las quinielas para ser nombrada directora de la Guardia Civil por el Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, Rodríguez-Medel también es la magistrada que el pasado año investigó y luego archivó, al no ver indicios de prevaricación, la causa contra el exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, por autorizar las manifestaciones feministas del 8-M en 2020.
En el curso de aquella investigación, que le granjeó numerosas críticas desde la izquierda, vivió un enfrentamiento con la cúpula de Interior por encargar a la Guardia Civil informes relativos a la celebración del 8-M. Una actuación que desencadenó posteriormente el polémico cese del coronel Diego Pérez de los Cobos por parte del ministerio del Interior.
A diferencia del perfil bajo que ha marcado la carrera de su marido, Rodríguez Medel -experta en investigar corrupción- ya estuvo en el primer plano mediático desde su etapa en Marbella, donde se hizo cargo de una causa contra el actor Sean Connery y su esposa. Al final solo fueron condenados los abogados del ahora fallecido intérprete escocés. También instruyó la causa contra el expresidente del Sevilla F.C. José María del Nido, sentenciado a siete años de prisión.
La SEPI abona los 34 millones a Plus Ultra
Para "evitar un riesgo de insolvencia definitiva que la hubiera obligado a dejar de operar generando un evidente perjuicio a sus clientes y acreedores" de Plus Ultra, el juez sustituto Jaime Serret revocó el lunes la decisión adoptada el pasado 22 de julio por la juez Esperanza Collados, que dirige la investigación del polémico rescate a la aerolínea, de paralizar el pago de los 34 millones de euros que el Gobierno, a través de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) había acordado pagar a Plus Ultra antes del 31 de julio.
Mediante el Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas, la SEPI procedió este martes al pago de ese segundo tramo de 34 millones (de un total de 53) del préstamo participativo a Plus Ultra tras recibir la autorización del juez sustituto.
Fuentes del PP y de Ciudadanos consultadas por este diario han preferido no valorar la decisión del juez de guardia "por respeto a la independencia judicial". "No vamos a entrar en ninguna confrontación con el poder judicial", señalan desde Génova.
"En el auto del juez queda muy claro que los delitos penales que podrían haberse cometido siguen siendo investigados. Por eso, desde Cs respetamos esta decisión –como no puede ser de otra manera– y exigiremos explicaciones si la aerolínea no logra devolver este préstamo a las arcas públicas. Los españoles no vamos a pagar las negligencias del Gobierno de España por haber rescatado a una aerolínea sin ningún tipo de informe que lo avalase o informes posteriores de dudosa credibilidad", señalan desde el partido naranja.
