El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Villarejo, Manuel García Castellón, ha decidido considerar "secretos oficiales" los tres informes sobre políticos y personalidades catalanas que fueron requisados en la oficina particular y en la vivienda del excomisario José Manuel Villarejo, según se desprende de un auto de 24 de abril, al que ha tenido acceso Vozpópuli.
En la mencionada resolución se alude a estos documentos con números, que según consta en un informe de la Policía, se refieren en concreto a dosieres que Villarejo tenía en su poder sobre el expresidente de la Generalitat Artur Mas; sobre la financiación de Unió Democrática de Catalunya; y sobre Xavier Vinyals Capdepon, excónsul honorario de Letonia en Barcelona y presidente de la Plataforma Pro Selecciones Catalanas.
El contenido de estos informes, que estaban incluidos en las diez cajas de documentación que la Policía requisó a Villarejo de su oficina en la Torre Picasso de Madrid y en su casa de Boadilla del Monte (Madrid), se conoce gracias a que los agentes de Asuntos Internos remitieron al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional un listado con todos los dosieres, en el que incluían un título y el número de páginas.
Financiación de Unió
Y este listado de la Policía especifica que el informe rotulado con la referencia R07.1.20-MP32 es "relativo a diversas personas, entre ellas Artur Mas Gabarró" y consta de 34 páginas. El segundo dosier, el R7.10.20-MP126 se refiere a la "Financiación de Unió Democrática de Catalunya", y tiene siete folios. Precisamente, este partido se vio obligado a reconocer que se financió de forma ilegal a través de unas subvenciones para la formación de parados procedentes de la Unión Europea, según consta en la sentencia del caso Pallerols.
El tercer informe vinculado a Cataluña que el juez considera que podría afectar a la seguridad del Estado, denominado R04.02.31-Indicio 61, consta de tres páginas y se refiere al excónsul honorario de Letonia en Barcelona. En 2016, según informa La Vanguardia, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, le retiró la acreditación que le permitía actuar como cónsul honorario de Letonia en Barcelona, después de que colgara una bandera estelada independentista en la fachada del Consulado.
Al considerarlo secreto de Estado, el instructor del caso Tándem establece que el acceso a estos documentos sobre políticos catalanes estará sometido a las previsiones contenidas en la legislación de secretos oficiales, por lo que las partes personadas en el caso Villarejo no podrán tener acceso a los mismos.
"Información clasificada"
El juez ha tomado esta decisión después de recibir un informe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía en el que se pone de manifiesto "una serie de documentos que podrían contener información legalmente clasificada".
Al excomisario Villarejo se le atribuye desde hace varios años haber participado en la denominada policía patriótica. De hecho, en el sumario del caso Pujol constan diferentes notas informativas elaboradas por el propio Villarejo, en las que el ex mando policial plasmaba sus investigaciones sobre la fortuna oculta de la familia del expresidente catalán. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz las desechó.
El exdecano de los jueces de Madrid entre los años 2002 y 2014, José Luis González Armengol, reconoció a Vozpópuli haber mantenido una reunión con el excomisario, en la que este le dijo que actuaba como agente encubierto. En la reunión se interesó en la juez de Madrid Coro Cillán, que entonces investigaba una denuncia contra los Pujol. Al final la causa volvió a la Audiencia Nacional y ahora la instruye el juez José de la Mata.
Referéndum de 2017
Entre la documentación que la Policía encontró a Villarejo en su vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), que no ha sido clasificada como secreta, destaca otro informe del 26 de octubre de 2017 sobre el referéndum de independencia de Cataluña del 1 de octubre. Pocos días después, el 3 de noviembre del mismo año, Villarejo fue arrestado por la Policía.
Tal y como adelantó este periódico, BBVA había encargado al clan del comisario jubilado José Manuel Villarejo que elaborara informes diarios de "situación" sobre el referéndum separatista del 1-O en Cataluña. Esta conclusión se desprende de un correo electrónico enviado el 25 de septiembre de 2017 por el exjefe de Seguridad del banco Julio Corrochano a Rafael Redondo, uno de los integrantes del clan del exmando policial.
El pasado 21 de febrero Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor del expresidente catalán Jordi Pujol Soley, registró un escrito en el Juzgado Central de instrucción número 6 en el que reclamaba al juez García Castellón que le considerara perjudicado de las actuaciones ilegales de Villarejo.
Jordi Pujol
Según el escrito del abogado del expresidente catalán, Jordi Pujol Ferrusola habría sido uno de los objetivos de Villarejo: "En particular, [...], sobre él se practicaron multitud de seguimientos personales, se confeccionó documentación falsa luego aportada por particulares a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y se dio cobertura con cargo a recursos públicos a distintos denunciantes espontáneos".
Todavía el juez que instruye el caso Villarejo no ha tomado ninguna decisión sobre la inclusión en la causa de Jordi Pujol Ferrusola como perjudicado por las actividades de Villarejo.
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