El juez que investiga a Podemos por presunta financiación irregular pone en duda que el partido pagase los impuestos de los que le correspondían por las obras de su sede al Ayuntamiento de Madrid. El magistrado incluye esta sospecha en el auto en el que archiva esta parte de la investigación, pero remite información al consistorio madrileño de José Luis Martínez-Almeida “por si procediera realizar una liquidación final del ICO (Impuesto sobre Construcciones y Obras) conforme al valor real” de la reforma.
Esta era una parte del caso que surgió a partir de la denuncia presentada por dos ex abogados de Podemos, que fueron cesados del partido. Entre las irregularidades internas que denunciaban, se encontraban las obras de rehabilitación de la sede del partido en 2019. Según dijeron, el precio inicial se estableció en cerca de 650.000 euros y a acabaron costando más del doble.
El juez considera “insólito” este desfase de precios y dice que “resulta totalmente contrario al procedimiento propio de una licitación pública”. Por eso inició una investigación ante la sospecha de que el partido estuviera encubriendo pagos ajenos a las obras. Tras las pesquisas realizadas, el magistrado descarta el posible delito, pero explica que el valor de las obras recogido en el Proyecto de Ejecución no se correspondía con la realidad de los precios de mercado.
La explicación del arquitecto
El auto se basa en la declaración que prestó como testigo el arquitecto de la obra. Declaró que el precio final, incluida una desviación por mejoras del 21,19%, fueron 1.498.680,51 euros. Declaró ante el juez y después mandó un escrito ampliando sus explicaciones: fue en octubre de 2018 cuando, a petición de Podemos, hizo el Proyecto Básico de Reforma que sirvió para solicitar la Licencia Urbanística en el Ayuntamiento de Madrid. El consistorio le otorgó los permisos el 25 de marzo de 2019.
El arquitecto relató que su valoración inicial respondía a unos precios mínimos de referencia comprendidos en una aplicación informática publicada por la Comunidad Autónoma de Madrid en el año 2015 y que no fue actualizada hasta 2020. Esos precios mínimos le sirvieron para el cálculo del ICO que hay que adelantar al Ayuntamiento y para el posterior visado del Proyecto de Ejecución en el Colegio de Arquitectos.
Según el auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, el Proyecto Básico se valoró en 630.710 euros, el Proyecto de Ejecución se incrementó a 649.936,68 euros por unas mínimas variaciones. Pero una vez se acudió al mercado real, la adjudicación se disparó hasta los 1,2 millones y terminó en casi 1,5 tras una desviación de la obra. Según dijo el arquitecto, una vez finalizada la obra, se tiene que proceder a la regularización del pago del impuesto conforme al precio real. Esta es la parte sobre la que el juez tiene dudas.
Pagar menos impuestos
Analizados todos estos datos, el juez llega a la conclusión de que Podemos hizo todo esto para pagar menos impuestos: “Cabe concluir racionalmente que el hecho de que tanto en el Proyecto Básico como posteriormente en el Proyecto de Ejecución, se consignaran unos precios mínimos, obtenidos de la aplicación informática anteriormente expuesta publicada por la Comunidad Autónoma de Madrid, obedeció a la finalidad de pagar una cantidad inferior a la procedente al Ayuntamiento de Madrid por el Impuesto de Construcciones”.
“De hecho -advierte el juez- se ha requerido en dos ocasiones al partido político Podemos a los efectos de que presentara la documentación acreditativa de la regularización del pago de dicho impuesto – por error material se hizo referencia al pago de la licencia de obras – sin que hasta la presente fecha se haya presentado el documento acreditativo de la liquidación final del importe del ICO conforme al valor real de las obras”.
Para despejar esa duda sobre si Podemos pagó o no el impuesto que le correspondía, el juez da traslado al Ayuntamiento de Madrid del escrito presentado por el arquitecto de la obra “por si procediera realizar por parte del Ayuntamiento una liquidación final del ICO conforme al valor real de la obra de rehabilitación”.
El juez Escalonilla mantiene a Podemos como investigado por su su vinculación con la consultora Neurona a la que le pagó 363.000 euros para trabajos electorales que el juez sospecha que no se prestaron. A lo largo de los meses que ha durado la investigación ha ido archivando otras irregularidades incluidas en la denuncia inicial como el presunto uso fraudulento de la caja de solidaridad del partido alimentada por las aportaciones de sus miembros, el contrato con otra consultora llamada ABD o el acceso al disco duro de una de sus abogadas.
