El juez Santiago Pedraz, al frente del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional, ha suspendido las declaraciones a los jefes de ETA citados para la próxima semana por su presunta implicación en el asesinato del magistrado José Francisco Querol. Según consta en una diligencia a la que ha tenido acceso Vozpópuli, fechada el pasado 14 de noviembre, la decisión se basa en el retraso en la entrega de los informes policiales que el juez debía consultar antes de escuchar a los dirigentes de la banda terrorista; no obstante, según ha podido saber este diario, los informes se habrían entregado al juez en los últimos días.
En concreto, el titular de la sala había citado a declarar como investigados a once dirigentes de ETA por su presunta responsabilidad como integrantes de la cúpula de la banda. Los líderes terroristas que debían presentarse en la Audiencia Nacional los días 29 y 30 de noviembre son María Soledad Iparraguirre, alias Anboto; Francisco Javier García Gaztelu, Txapote; Gorka Palacios; Juan Carlos Iglesias Chouza, Gadafi; Juan Antonio Olarra, Jokin; Ainhoa Mugica, Olga; Asier Oyarzabal, Baltza; Mikel Albisu, Mikel Antza; Vicente Goicoechea, Willy; Ramón Sagarzazu, Ramontxo; y Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería.
En base a las mencionadas citaciones, el juez pidió informes a la Policía Nacional y a la Guardia Civil sobre todos ellos, accediendo así a las peticiones de Dignidad y Justicia y con el respaldo de la Fiscalía. El magistrado requería información sobre la "composición, nombre a nombre", de toda la estructura de mando de ETA.
El procedimiento para juzgar a todos ellos por el asesinato del juez Querol es similar al que la acusación siguió en el atentado de la casa cuartel de Santa Pola, al entender que había órdenes expresas de la dirección de la banda para la comisión de los atentados, por lo que se requiere su investigación.
El juez José Francisco Querol, del Tribunal Supremo, fue asesinado en la mañana del 30 de octubre del año 2000 junto a su chófer Armando Medina Sánchez, y su escolta, Jesús Escudero García, mediante una explosión al paso de su vehículo. También moriría al cabo de varios días el conductor de un autobús, Jesús Sánchez Martínez, por culpa de las heridas. La explosión provocó heridas a otras 64 personas y daños en 700 viviendas en el madrileño barrio de La Concepción. El crimen figura en la lista de los atentados sin esclarecer de ETA.
Acumulación de investigaciones
Con su planteamiento, la acusación pretendía que, ante la falta de sentencia contra los autores materiales de los hechos, fueran condenados los jefes de la banda. Los informes entregados por la Policía Nacional y la Guardia Civil no han llegado a tiempo, tal y como consta en la diligencia firmada el 14 de noviembre por el juez Pedraz, lo que obliga a suspender la toma de declaración sin una nueva fecha en el horizonte. Se prevé que el procedimiento se reanude a la mayor brevedad, después de que los investigadores ya hayan entregado la documentación.
Según fuentes de la lucha antiterrorista consultada por este diario, los servicios de Información de ambos cuerpos trabajan "a destajo" para la redacción de varios informes relacionados con atentados perpetrados por ETA que ahora se investigan en la Audiencia Nacional. En los últimos meses se han reabierto algunos casos de envergadura, como el asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, el atentado contra un cuartel de la Ertzaintza en Ondarroa en 2008, o el ya citado contra la casa cuartel de Santa Pola en agosto de 2002, en el que fueron asesinados Silvia Martínez, una niña de seis años, y Cecilio Gallego Alaminos, un jubilado de 57. También se investiga el asesinato del parlamentario vasco y concejal de San Sebastián, Gregorio Ordóñez.
Cada una de estas reaperturas están basadas en las peticiones de la acusación y el respaldo de la Fiscalía, pero los jueces requieren informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil para conocer la composición de las sucesivas cúpulas de ETA y su posible implicación en la comisión de los atentados. Los agentes especializados deben indagar en la documentación que tienen a su disposición relacionada con décadas de lucha antiterrorista y cruzar todos los datos de forma adecuada para elaborar los preceptivos informes que requieren los magistrados.
La acumulación de las causas que investigan los diferentes jueces de la Audiencia Nacional -además de Santiago Pedraz, están los titulares de otros juzgados, como Manuel García Castellón o Alejandro Abascal- ha provocado la saturación de los agentes especializados y el consecuente retraso en la presentación del informe del asesinato del magistrado José Francisco Querol, su chófer y su escolta.
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